Justicia postergada: El nuevo examen a los crímenes del apartheid sacude a Sudáfrica
Ramaphosa ordena una investigación histórica sobre la falta de acción para juzgar crímenes del apartheid, tras décadas de demandas por parte de las víctimas.
Una deuda de justicia que lleva décadas sin saldarse
En una decisión considerada histórica y largamente esperada, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha ordenado la conformación de una comisión judicial de investigación para determinar si gobiernos anteriores —también liderados por el Congreso Nacional Africano (ANC)— interfirieron deliberadamente en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes del apartheid.
La medida se produce tras una acción judicial presentada en enero por 25 supervivientes y familiares de víctimas, quienes han acusado a la administración sudafricana de ignorar durante más de dos décadas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC, por sus siglas en inglés), instaurada luego del fin del régimen del apartheid en 1994.
¿Qué fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación?
Establecida en 1996 bajo la presidencia de Nelson Mandela y liderada por el arzobispo Desmond Tutu, la TRC fue un proceso pionero y emotivo para exponer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el apartheid. Tuvo un enfoque restaurativo: aquellos que confesaban sus crímenes podían obtener amnistía. Sin embargo, miles de casos quedaron sin resolver y sin confesiones. De hecho, cerca de 23,000 declaraciones fueron recibidas, pero solo una fracción se tradujo en procesos judiciales.
Uno de los casos más emblemáticos que nunca tuvo justicia es el de los Cradock Four: Fort Calata, Matthew Goniwe, Sicelo Mhlauli y Sparrow Mkonto, activistas negros asesinados por las fuerzas de seguridad en 1985. Sus cuerpos fueron quemados tras ser torturados. A pesar de las audiencias de seis oficiales de policía en 1999, ninguno recibió amnistía ni fue procesado.
“Una traición a la nación”: malestar con los gobiernos post-apartheid
El sentimiento de traición creció entre las comunidades afectadas. Lukhanyo Calata, hijo de Fort Calata e impulsor del reciente litigio, expresó en enero que:
“Desde la presidencia de Thabo Mbeki se han ignorado deliberadamente las recomendaciones de la TRC. No se trata solo de omisión: hay evidencia de intervenciones activas por parte de ministros para frenar procesos judiciales claves”.
Esta percepción se respalda en documentos oficiales filtrados y en declaraciones de antiguos fiscales y empleados del sistema judicial.
Motivos detrás del nuevo proceso
La orden presidencial del 1 de mayo de 2025 se enmarca dentro de un acuerdo legal entre los demandantes y el Estado. Aún más, llega como un intento de Ramaphosa de distanciar su administración de las negligencias anteriores y dejar su propia huella en la justicia transicional.
En un comunicado oficial, la oficina del presidente afirmó:
“El presidente reconoce el dolor y frustración de las familias, quienes han luchado durante años por obtener justicia”.
El anuncio ha sido bien recibido por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Fundación Desmond & Leah Tutu, quienes han insistido en que los crímenes del apartheid no deben caer en el olvido.
Más allá de los crímenes del régimen
Es importante subrayar que los delitos no fueron cometidos únicamente por las fuerzas estatales del antiguo gobierno blanco. Como parte del mismo proceso legal, también se incluyeron casos como el de Neville Beling y Karl Weber, dos supervivientes de la Masacre del Hotel Highgate de 1993, donde cinco blancos fueron asesinados por militantes armados durante un tiroteo masivo en un bar.
El hecho de que también existan víctimas blancas entre los demandantes no es trivial: ofrece un argumento a favor de una revisión transparente y sin sesgos raciales de los crímenes de toda índole cometidos en los días finales del apartheid.
La impunidad en cifras
- De las más de 7,000 solicitudes de amnistía recibidas por la TRC, solo fueron concedidas alrededor de 1,200.
- Aproximadamente 20,000 casos de asesinato, tortura y desaparición fueron documentados, pero apenas un puñado fue judicializado.
- Entre 1999 y 2020, solo seis casos relacionados con crímenes del apartheid fueron llevados ante la justicia sudafricana.
La estadística más reveladora es quizás la siguiente: el 95% de las víctimas cuyos casos están documentados por la TRC todavía esperan justicia.
¿Qué se espera de la nueva comisión?
La comisión tendrá el mandato de:
- Examinar las decisiones judiciales que archivaron o postergaron casos.
- Investigar si hubo instrucciones políticas para frenar investigaciones fiscales.
- Determinar qué funcionarios intervinieron directamente contra las sugerencias de la TRC.
No se ha especificado todavía si la comisión tendrá poder judicial vinculante. Sin embargo, se anticipa que su trabajo se extenderá por al menos dos años y facultará al Ministerio de Justicia para reabrir casos antes no perseguidos.
Un paso hacia la verdad, pero ¿será suficiente?
Para muchos observadores, incluidos analistas legales como Max du Preez, este es “un movimiento valiente, pero tardío”. Según Du Preez:
“La ventana de oportunidad se está cerrando. Muchos de los perpetradores ya han muerto, y las evidencias físicas se han perdido o deteriorado. Pero aún queda algo invaluable: la memoria y la denuncia de las víctimas”.
Quizá este nuevo proceso logre algo más que justicia legal: puede conducir a una reconciliación social más profunda si restituye la confianza en el sistema democrático y judicial post-apartheid.
Un espejo incómodo para otros países
Sudáfrica no es el único país que ha atravesado (y sigue atravesando) tensiones en torno a su pasado violento. Casos similares se observan en países como Argentina con los desaparecidos del Proceso, España con la memoria histórica de la dictadura franquista, o Chile y los crímenes de la dictadura pinochetista.
La diferencia es que Sudáfrica lo institucionalizó en forma de reconciliación oficial, pero falló en ejecutar justicia penal. Un reto que ahora intenta corregir, aunque tarde.
“Sin justicia, la reconciliación es un teatro político”, concluyó Yasmin Sooka, excomisionada de la TRC.
Las víctimas y sus familias, después de tantas décadas, exigen que el telón por fin se abra sobre la verdad.
