Invasión, asilo y terrorismo: El giro radical de Trump en política migratoria

Un escenario legal sin precedentes en la frontera

El expresidente Donald Trump ha llevado la política migratoria estadounidense a un terreno legal sin precedentes, provocando un intenso debate sobre el alcance del poder presidencial y el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos. Durante una audiencia reciente en Washington, el juez federal Randolph Moss expresó escepticismo ante las afirmaciones del gobierno de que la declaración de "invasión" en la frontera sur y el bloqueo del derecho a solicitar asilo se encontraban fuera del alcance del control judicial.

"¿Es que simplemente nunca se puede revisar judicialmente?", preguntó Moss, un juez nominado por Barack Obama. Esa interrogante capturó el tono de una audiencia marcada por los vacíos legales supuestamente aprovechados por el exmandatario republicano para eludir las obligaciones internacionales y humanitarias de Estados Unidos.

El asilo como institución jurídica en jaque

El derecho de solicitar asilo está consagrado en leyes estadounidenses e internacionales. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), ratificada por EE.UU., toda persona tiene el derecho de solicitar asilo si teme persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o sus opiniones políticas.

Sin embargo, el argumento del equipo legal de Trump se basa en una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que otorga al presidente la potestad de “suspender la entrada de cualquier grupo de personas cuya presencia considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos”. Con base en eso, el expresidente emitió una orden ejecutiva el 20 de enero que calificó la situación en la frontera como una invasión justificada por seguridad nacional.

No obstante, los detractores alegan que las cifras de cruces fronterizos no justifican ni remotamente esa narrativa. Según datos oficiales, el número de migrantes que entraron entre puertos de entrada había disminuido a mínimos históricos no registrados desde agosto de 2020.

Criminalización de la migración y nuevas etiquetas: Terrorismo extranjero

En una maniobra política y legal audaz, la administración Trump también notificó al Congreso su intención de designar a las pandillas haitianas Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas extranjeras. Esto no sólo permite aplicar sanciones, congelar activos o perseguir a quienes colaboren con dichas pandillas, sino que también reconfigura radicalmente la definición estadounidense de terrorismo internacional.

Viv Ansanm —que en criollo haitiano significa “Viviendo juntos”— surgió en septiembre de 2023 como una alianza de más de una docena de bandas. A partir de febrero de 2024, condujo ataques que paralizaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, permitió fugas masivas en dos cárceles y forzó la dimisión del primer ministro Ariel Henry.

Gran Grif, también conocido como la banda de Savien, está liderada por Luckson Elan apodado “General Luckson” y opera en la región central de Artibonite. Se le atribuyen masacres como la de octubre de 2024 en Pont-Sondé, donde murieron más de 70 personas. Según un informe de Naciones Unidas, se formó gracias al suministro de armas promovido por el exparlamentario Prophane Victor.

El uso de leyes del siglo XVIII: El Acta de Enemigos Extranjeros

En un giro jurídico insólito, el expresidente utilizó la Alien Enemies Act —una ley de 1798— para justificar la deportación de migrantes venezolanos vinculados (o supuestamente cercanos) al grupo Tren de Aragua. Esta ley, promulgada antes de la guerra de 1812, permite al presidente expulsar o detener ciudadanos de naciones enemigas durante conflictos declarados o potenciales.

Utilizar esa legislación para migrantes no armados y sin relación probada con terrorismo implica una reinterpretación que ha sido comparada por académicos legales con el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Seguridad nacional o estrategia electoral?

Para muchos observadores, las declaraciones de Trump en mítines —como el de Michigan donde celebró la designación de MS-13 y Tren de Aragua como “terroristas de nivel más alto”— revelan una estrategia electoral destinada a movilizar votos a base de miedo. “Eso nos permite hacer muchas cosas que, de otro modo, no podríamos hacer”, declaró con entusiasmo.

Pero desde organizaciones como Human Rights First, el argumento de que la inmigración descontrolada equivale a una invasión carece de fundamento. El propio Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido en informes internos que gran parte de los solicitantes de asilo son personas con legítimos temores de persecución, incluso si no todos califican legalmente bajo las categorías establecidas.

El costo humano: Hambre, desplazamiento y muerte en Haití

Haití es una nación en crisis interna severa. De acuerdo con la ONU, más de 5,600 personas fueron asesinadas en Haití en 2023 por la violencia pandillera, lo que ha dejado a más de 1 millón de personas desplazadas. Casi el 85% de Puerto Príncipe está bajo control de bandas, y se esperan niveles récord de hambre este año. Lugares sagrados como Saut d’Eau también han sido atacados, minando incluso la espiritualidad de la población.

La expansión del terror desde zonas urbanas hasta áreas rurales como Mirebalais y Petite Rivière ha sido imparable. En estas zonas, más de 500 presos fueron recientemente liberados y la respuesta de las fuerzas armadas tardó más de cinco horas, según el United Nations Integrated Office in Haiti.

Entrelazando migración, terrorismo y políticas nacionales

Designar organizaciones domésticas extranjeras como terroristas puede conllevar beneficios inmediatos propagandísticos, pero los críticos temen que se difuminen peligrosamente las líneas entre seguridad nacional y persecución ideológica.

“Este tipo de designaciones puede criminalizar incluso a migrantes inocentes o a quienes los ayudan —como defensores legales o periodistas— bajo la vaga figura de ‘cooperación material’”, advirtió Sarah Pierce, analista del Migration Policy Institute.

Entre resoluciones judiciales pendientes, litigios abiertos y una sociedad polarizada, lo que está claro es que la política migratoria ya no se trata solamente de números, muros o recursos: se ha convertido en una pugna jurídica por el alma constitucional del país.