¿Máscaras criminales o vigilancia política? La peligrosa línea que camina Nueva York

Una ley que resurge con una nueva cara

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha anunciado una propuesta dentro del nuevo presupuesto estatal que busca penalizar el uso de máscaras por parte de personas que cometan delitos. Este movimiento, a primera vista, parece una simple medida de seguridad pública. Pero al mirar más fondo, se evidencian tensiones más profundas entre el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el papel del Estado en la vigilancia ciudadana.

Según la propuesta, se considerará un delito menor de tipo A el hecho de usar una máscara para ocultar la identidad al cometer un crimen de clase A o superior, o al huir de la escena inmediatamente después. Esta disposición pretende criminalizar específicamente aquellas acciones en las que el anonimato pueda facilitar ataques o amenazas, todo bajo el paraguas de la seguridad.

¿Una respuesta a crímenes reales o un pretexto político?

La idea había sido flotada por primera vez en 2023 cuando Hochul mostró preocupación por el uso de máscaras en el metro de Nueva York durante actos antisemitas. Sin embargo, cualquier intento de legislar sobre el tema se disolvió rápidamente ante la ola de críticas sobre su posible impacto negativo en los derechos civiles, especialmente con respecto a la protesta política.

“Lo que la gente busca es que alguien no pueda salirse con la suya escondiendo su rostro mientras daña a otra persona” — Kathy Hochul.

Aunque Hochul ha afirmado que “prohibición de máscaras” probablemente fue una exageración, la legislación propuesta sigue generando dudas. Especialistas como Allie Bohm, asesora de políticas de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), han destacado que esta medida podría ser usada para identificar y oprimir a manifestantes, especialmente en un contexto político donde el gobierno federal está observando más de cerca las críticas hacia Israel y las protestas propalestinas.

Cuando la identidad se convierte en un arma política

Durante la pandemia del COVID-19, el uso de máscaras fue obligatorio en el metro de Nueva York. Aunque hoy día ese mandato ya no existe, muchos ciudadanos siguen usando mascarillas para protegerse contra la mala calidad del aire en el sistema subterráneo, o simplemente por elección personal.

Ahora, con el resurgir de esta legislación, se abre un debate inquietante: ¿Puede el uso de una prenda —en este caso, una máscara— convertirse en un factor criminal, incluso si quien la usa lo hace con motivos personales, de salud o para protegerse en una manifestación?

Precedentes que enseñan lecciones

El uso de máscaras como forma de expresión o autoprotección en protestas no es nuevo. Durante el movimiento Occupy Wall Street en 2011, y más recientemente las manifestaciones de Black Lives Matter, muchas personas optaron por cubrir sus rostros para evitar represalias en su entorno laboral o personal. Prácticas similares se han visto en Hong Kong y otros países donde la represión policial ha ido en aumento.

En ese contexto, una ley como la que se propone en Nueva York podría fácilmente convertirse en una herramienta de vigilancia y represión, especialmente si su aplicación queda sujeta a la interpretación de los cuerpos de seguridad.

Policía, subjetividad y riesgo de abuso

El senador estatal James Skoufis —quien propuso una versión más limitada de esta legislación— intentó generar un punto medio entre la seguridad y los derechos civiles. Sin embargo, incluso él ha admitido que la legislación debe ser cuidadosamente redactada para evitar una aplicación policial subjetiva.

Y aquí surge otro punto crítico: la subjetividad con la que la policía puede determinar si alguien está “huyendo de un crimen” o simplemente lleva una máscara por motivos legítimos. En un país donde basta con ser parte de una minoría racial para levantar sospechas, esta subjetividad puede traducirse en criminalización directa de la protesta y la disidencia.

Además, organizaciones como la NYCLU temen que la ley pueda ser utilizada como parte de una tendencia más grande del gobierno federal —específicamente de un futuro gobierno de Trump— para perseguir a los manifestantes a través de herramientas legales a nivel estatal.

Trump y el efecto dominó legislativo

El endurecimiento de las políticas hacia los estudiantes internacionales, los académicos y los participantes en protestas pro-palestinas por parte del gobierno de Donald Trump ha tenido un efecto colateral a nivel local. En estados como Nueva York, medidas que en un momento se consideraron impopulares, ahora resurgen como parte del clima político predominante.

Skoufis fue claro al respecto:

“Donde aterrizamos no proporciona ninguna herramienta adicional a ICE o a las fuerzas de seguridad federales que no exista ya aquí en Nueva York” — James Skoufis.

Aun así, las preocupaciones persisten. Para muchos activistas y defensores de derechos civiles, la frontera entre la prevención del delito y el silenciamiento de la protesta es cada vez más difusa.

Excepciones bajo lupa

Hochul reconoció que cualquier ley de este tipo necesitaría incluir excepciones basadas en motivos de salud, culturales o religiosos. ¿Pero cuán efectivas pueden ser estas excepciones cuando su evaluación vuelve a quedar en manos de la policía o del sistema judicial que, históricamente, ha mostrado sesgos raciales y políticos?

Una ley que podría impactar mucho más que a los criminales

Pensemos en el joven que protesta contra las políticas migratorias y quiere proteger su rostro para evitar consecuencias académicas. O en la mujer musulmana cuya vestimenta incluye el niqab. O el anciano inmunocomprometido que todavía teme contagiarse en espacios públicos. Bajo la nueva legislación, todas estas personas podrían ser objeto de arresto si se interpreta erróneamente su presencia como parte de un acto criminal. Las consecuencias pueden ser devastadoras.

No se trata solo de debates legales: se trata de cómo redefinir los límites entre el estado y la ciudadanía en tiempos de alta tensión política, social y económica.

¿Hacia dónde vamos como sociedad?

El debate sobre esta ley es apenas el reflejo de una lucha más profunda sobre el uso del poder: quién lo ejerce, cómo y con qué consecuencias. Apostar por la seguridad no debería implicar una renuncia a principios fundamentales como la libertad de expresión, la presunción de inocencia o el derecho al disenso.

No se puede combatir el crimen creando una legislación que criminalice la identidad personal, las creencias o la necesidad médica. Tampoco podemos ignorar que la historia está repleta de ejemplos donde leyes bien intencionadas se convirtieron en herramientas de opresión cuando cayeron en manos equivocadas.

En palabras de Allie Bohm:

“Tenemos un gobierno federal que ha dejado claro que planea perseguir a las personas con las que no está de acuerdo, y eso incluye muy claramente a los manifestantes.”

Una encrucijada peligrosa

Nueva York se encuentra en una encrucijada peligrosa: luchar contra el crimen o proteger los derechos civiles no deberían ser objetivos en conflicto, pero la forma en que esta legislación sea implementada marcará la diferencia. ¿Será una herramienta para la justicia o para el miedo?

Como ciudadanos, debemos estar atentos. Lo que ahora parece un ajuste técnico a una ley penal podría, en el futuro, abrir la puerta al silenciamiento más rotundo de nuestra democracia: aquel ejecutado bajo el disfraz de la seguridad.