Periodismo estudiantil bajo presión: miedo, censura y deportaciones en las universidades de EE.UU.

Por primera vez en décadas, las redacciones universitarias de todo Estados Unidos están enfrentando un dilema ético que antes parecía improbable: ¿qué es más importante, proteger a sus fuentes o preservar la transparencia periodística? Ante una ola de represalias políticas, investigaciones federales y detenciones, las decisiones editoriales se han vuelto literalmente de vida o muerte para algunos estudiantes.

Un clima de miedo que transforma el periodismo estudiantil

La situación llegó a un punto crítico después de múltiples amenazas de deportación dirigidas a estudiantes internacionales. En marzo de 2025, Rümeysa Öztürk, estudiante de Tufts University, fue detenida y amenazada con la deportación tras coescribir una columna de opinión crítica con la respuesta de su universidad hacia las protestas pro-palestinas. Este caso, considerado por sus abogados como una represalia política, desató una oleada de temor entre miles de estudiantes internacionales.

Emma Wozniak, editora en jefe de The Lantern de la Universidad Estatal de Ohio, relata que la presión psicológica sobre su personal es “enorme”, sobre todo cuando consideran el impacto potencial de sus publicaciones: “Es aterrador pensar que algo que publicamos pueda devastar la vida de alguien”.

La paradoja de la transparencia en tiempos turbulentos

El rol de los medios estudiantiles siempre ha sido documentar la vida universitaria como un “primer borrador de la historia”. Sin embargo, el equilibrio entre informar y proteger se ha vuelto más delicado que nunca. Según Greta Reich, editora de The Stanford Daily, solo en las últimas semanas recibieron casi una veintena de solicitudes para eliminar nombres, citas, fotos y artículos. “Es un número que nos ha sorprendido profundamente”, afirma.

Las nuevas políticas editoriales en redacciones como las de Stanford, Columbia y Southern Illinois buscan ofrecer anonimato u ocultar firmas incluso en artículos de opinión. Y aunque esto protege a los estudiantes, también debilita la percepción de credibilidad y podría alterar irreversiblemente el archivo histórico que representa el periodismo universitario.

El efecto Trump: campañas contra la diversidad y ‘wokeness’

Desde su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump ha intensificado su cruzada contra las iniciativas consideradas por él como “woke”, especialmente los programas universitarios de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Acusando a muchas instituciones de fomentar ideologías antiamericanas, su administración ha amenazado con retirar fondos federales a toda institución que no certifique el abandono de lo que él considera “prácticas ilegales DEI”.

El 3 de abril de 2025, el Departamento de Educación anunció una directiva que exigiría a los estados y distritos escolares certificar no tener programas que ‘discriminen’ según raza u origen étnico. La falta de cumplimiento podría representar la pérdida de más de 13,800 millones de dólares en financiamiento académico, incluyendo fondos críticos para estudiantes con discapacidades.

Una rebelión legal en defensa de la inclusión educativa

En respuesta, 19 estados liderados por fiscales generales demócratas presentaron una demanda federal el 25 de abril de 2025, calificando la directiva como “ambigua e inconstitucional”. Andrea Joy Campbell, Fiscal General de Massachusetts, afirmó: “Las iniciativas DEI son legales y ayudan a los estudiantes a sentirse seguros, respaldados y respetados. Amenazar con recortes de fondos por promover la inclusión es no solo ilegal, sino también perjudicial.”

Entre los estados que presentaron la demanda se encuentran California, Nueva York, Illinois, Maryland y Washington. Los demandantes argumentan que la medida no solo pone en riesgo fondos esenciales, sino que intenta censurar la libertad académica y silenciar debates legítimos sobre equidad racial.

Periodismo silenciado: cuando los redactores tienen miedo

Una de las consecuencias más alarmantes del clima político actual es la retirada de muchos estudiantes del periodismo universitario. Según Reich de Stanford, varios editores han renunciado o se han negado a cubrir temas sensibles como el conflicto Israel-Hamas o la campaña contra la diversidad universitaria.

“Cuando tenemos una sección entera del estudiantado con miedo a contar sus historias, estamos perdiendo una parte fundamental de la vida universitaria”, advierte Reich. La consecuencia a largo plazo: universidades que aparentan calma y conformidad cuando, debajo, laten tensiones silenciadas por el miedo.

Investigaciones a universidades: la lupa sobre Berkeley y Harvard

El gobierno de Trump también ha puesto en la mira a instituciones de élite. La Universidad de California en Berkeley enfrenta una investigación federal por supuestamente no haber reportado adecuadamente cientos de millones de dólares provenientes de fuentes extranjeras, incluyendo un instituto conjunto con la Universidad Tsinghua de China.

Además, Harvard ha sido objeto de nuevas exigencias de transparencia financiera y disciplinarias frente a su manejo de protestas pro-palestinas y políticas de inclusión. Ambas universidades han negado acusaciones de irregularidades, pero el mensaje está claro: cualquier universidad que no se alinee con la agenda federal corre el riesgo de represalias.

La ética periodística entre la espada y la pared

Expertos en ética como Jane Kirtley de la Universidad de Minnesota señalan que estos desafíos ponen a prueba los principios básicos del periodismo: decir la verdad y minimizar el daño. Pero ¿cómo se equilibran estos principios cuando decir la verdad puede implicar la deportación o represalias legales contra estudiantes vulnerables?

“Ofrecer anonimato debilita la credibilidad, pero ignorar el contexto peligroso actual es insensible e irresponsable”, explica Kirtley. La clave, según ella, está en evaluar caso por caso, entendiendo que una política editorial rígida puede hacer más daño que bien.

El centro Student Press Law Center, que ha acompañado a cientos de redacciones estudiantiles, ha emitido orientaciones inéditas que recomiendan flexibilidad con solicitudes de anonimato, eliminación de contenido e incluso cambios de políticas editoriales. “Es un territorio inexplorado”, reconocen.

¿Estamos reescribiendo la historia?

Quizás la consecuencia más profunda de esta ola de autocensura sea la alteración del registro histórico. Las historias que ya no se publican, los artículos que se eliminan y los nombres que desaparecen forman un vacío narrativo que puede reconfigurar nuestra comprensión del presente universitario y político del país.

“Debemos preguntarnos qué estamos haciendo con el registro histórico,” advierte Kirtley. “Sobre todo ahora, cuando la administración actual busca reescribir cómo debe entenderse el pasado y presente en Estados Unidos.”

Una nación que castiga a sus jóvenes por contar la verdad, ¿qué futuro puede ofrecerles?