Trump, inmigración y elecciones: una batalla judicial que levanta polvo en EE.UU.

Un juez federal frena medidas electorales de Trump

El pasado jueves, la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly bloqueó temporalmente varias disposiciones clave de una orden ejecutiva emitida por Donald Trump en marzo. Entre ellas se destaca la exigencia de prueba de ciudadanía para utilizar el formulario federal de inscripción de votantes, medida que ha sido calificada por activistas y organizaciones civiles como inconstitucional.

La orden de Trump pretendía imponer filtros más estrictos que replican medidas de otros países, como exige el documento: “Estados Unidos falla en aplicar protecciones electorales básicas y necesarias que existen en otros lugares”. No obstante, de acuerdo con el argumento de los demandantes —entre ellos el Comité Nacional Demócrata y la Liga de Mujeres Votantes— la Constitución delega en los estados, no en el presidente, la autoridad sobre cómo se llevan a cabo las elecciones. Este punto se apoya en la llamada Cláusula Electoral.

Cambios propuestos y reacciones demócratas

Además de la prueba de ciudadanía, la orden pretendía:

• Revisar las listas de votantes junto a bases de datos de inmigración.
• Evaluar la ciudadanía de quienes solicitan asistencia pública.
• Limitar el tiempo para recibir boletas por correo.

Aunque algunos de estos puntos no fueron bloqueados por la jueza, como la revisión de listas y el endurecimiento de plazos postales, la medida ha despertado peligrosas resonancias con procesos de supresión de votos. El litigio continúa su curso mientras funcionarios electorales de estados y condados analizan cómo la orden podría afectar la logística electoral.

Trump al estilo diplomático informal: “Vladimir, STOP!”

En una polémica publicación en su red Truth Social, Donald Trump hizo un inusual llamado público a Vladimir Putin para que detenga los ataques contra Kiev: “I am not happy with the Russian strikes on KYIV. Not necessary, and very bad timing. Vladimir, STOP! 5000 soldiers a week are dying. Lets get the Peace Deal DONE!”

Esta intervención informal desde una red social —lejos del canal diplomático tradicional— ha levantado múltiples interpretaciones:

• El uso del primer nombre rompe con la diplomacia clásica, donde líderes se tratan por sus títulos oficiales.
• Estilo directo y coloquial, típico de las publicaciones de Trump, refleja una estrategia comunicacional que busca impacto inmediato.
• Diplomacia por redes sociales, fenómeno que Trump ha consolidado desde su primer mandato, genera dudas sobre su efectividad y legitimidad.

El ataque ruso que motivó el mensaje dejó al menos 12 muertos y 90 heridos, siendo el más grave en Kiev desde julio del año pasado. La publicación de Trump parece inscribirse en un intento unilateral y frustrado de posicionarse como un mediador global en medio de la tragedia humanitaria del conflicto.

El caso de deportaciones y el pacto violado por la administración

En otro frente judicial, un juez federal —nominado por el propio Trump— ha ordenado al gobierno facilitar el regreso de Cristian, un joven venezolano deportado a El Salvador a pesar de tener una solicitud de asilo pendiente. Se trata de una potencial violación del acuerdo alcanzado en 2019 para proteger los derechos de menores que ingresaron solos al país.

La jueza Stephanie Gallagher calificó la deportación como una violación a un pacto ya firmado y destacó: “Estarse quieto y no tomar ninguna acción no es facilitar el regreso”. Su declaración resonó especialmente porque el mismo patrón se observa en el caso de Kilmar Abrego García, también deportado erróneamente el mismo día que Cristian.

El Acta de Enemigos Extranjeros: ¿arma jurídica o excusa política?

El gobierno argumentó que las deportaciones eran necesarias debido a una proclamación de Trump invocando la Alien Enemies Act de 1798, usada para identificar a miembros del Tren de Aragua como parte de una “invasión” a EE.UU. Sin embargo, no presentaron evidencia de que Cristian supusiera una amenaza.

Los abogados del gobierno alegan que el tratado de 2019 no puede limitar el poder del presidente para aplicar esa ley en interés de la seguridad nacional. Sin embargo, para la jueza, la protección de los derechos adquiridos es prioritaria, reiterando: “El gobierno debe hacer una solicitud de buena fe para liberar a Cristian y traerlo de vuelta”.

Una administración que no suelta el timón

Aunque Trump ya no esté en el poder, sus órdenes ejecutivas y nombramientos judiciales siguen pesando en la balanza de la justicia. Su intento por dejar una marca ideológica perdurable en las instituciones estadounidenses continúa siendo objeto de controversia, especialmente en los terrenos de las elecciones, los derechos de inmigrantes y las relaciones internacionales.

¿Qué decir del manejo de la diplomacia en 280 caracteres? ¿O de las deportaciones sin respeto a acuerdos firmados judicialmente? En ambos frentes, la forma puede ser tan escandalosa como el fondo.

La batalla entre populismo y legalismo sigue abierta

Lo que revelan estos episodios no es solo una pugna legal entre jueces y el aparato gubernamental, sino un síntoma profundo de la fractura institucional en EE.UU. entre una visión de poder presidencial sin ataduras y un principio constitucional que exige controles.

El caso de Cristian representa no solo una batalla por derechos individuales sino una defensa del estado de derecho. Lo mismo aplica a los intentos de alterar los procesos electorales bajo supuestos de seguridad.

Y cuando el expresidente recurre a gritar por redes sociales “¡Vladimir, STOP!”, el ruido puede momentáneamente opacar las consecuencias de fondo que sus decisiones ejecutivas siguen generando dentro del territorio estadounidense.