Riqueza, recortes y contradicciones: el debate republicano de Ricketts en Nebraska y más allá

Una gira incómoda: Pete Ricketts y la tensión en el corazón de Nebraska

En un evento público en Kearney, Nebraska, el senador republicano Pete Ricketts se enfrentó a un auditorio con opiniones divididas, donde los gritos de protesta como “¡Impuestos a los ricos!” resonaron entre silencios tensos y aplausos esporádicos. Al igual que ocurre en otros rincones de Estados Unidos, los votantes exigieron respuestas claras sobre temas como el gasto en salud, las exenciones fiscales y la protección de beneficios como el Seguro Social.

Ricketts, heredero de una fortuna construida por su padre —fundador de TD Ameritrade— volvió una y otra vez al mismo argumento: es necesario recortar el gasto para controlar un déficit federal que supera los 36 billones de dólares. Además, aprovechó la oportunidad para promover el aumento de presupuesto para la frontera con México por $175 mil millones y un refuerzo de $150 mil millones para el gasto militar, todo con el respaldo del presidente Donald Trump.

¿Un populismo fiscal selectivo?

En una escena que encarna la frustración popular con el establishment político, uno de los asistentes, John McDermott, cuestionó al senador Ricketts sobre si eliminaría el tope de aportación al Seguro Social para los ciudadanos más acaudalados. La respuesta fue evasiva. Ricketts prefirió apoyarse en las promesas de campaña de Trump: no tocar los beneficios del Seguro Social ni la edad de retiro. Sin embargo, no propuso una solución clara frente a la crisis de viabilidad a largo plazo del programa.

McDermott reaccionó con vehemencia: “Si simplemente eliminamos ese tope, podríamos mejorar los beneficios”. La audiencia irrumpió en aplausos.

Transparencia y el choque con la realidad política

En esta gira que muy pocos republicanos han querido emprender —town halls en persona—, Pete Ricketts forma parte de una pequeña minoría que ha optado por confrontar directamente a los votantes. Su intento de narrativa sobre frenar el gasto estatal se ve ensombrecido por la percepción de incongruencias fiscales, especialmente cuando se resiste a aumentar impuestos a los ricos, a pesar de promover gastos monumentales en seguridad nacional.

El caso de Nueva York: el peaje de congestión enfrenta al gobierno federal

Mientras Ricketts defendía recortes en Nebraska, en el entorno federal estallaba otro conflicto clave para entender las tensiones fiscales en EE.UU.: la pelea entre la Administración Trump y el gobierno de Nueva York por el nuevo peaje para ingresar en Manhattan. Según esta política iniciada en enero, la mayoría de los vehículos pagan $9 para entrar a la zona sur de Central Park en horarios punta. Este programa está recibiendo duras críticas desde Washington.

El Departamento de Transporte, dirigido por Sean Duffy, revocó la aprobación federal del programa y emitió varias advertencias. Sin embargo, el caso tuvo un giro inesperado: una oficina de fiscales federales en Manhattan filtró por error un memo interno que revelaba las debilidades legales de la estrategia federal para tumbar el sistema de peajes.

“Hay un riesgo considerable de litigio” — decía el documento accidentalmente presentado — y recomendaba otras estrategias burocráticas menos vulnerables a una derrota en los tribunales.

Este desliz legal evidenció descoordinación dentro del sistema federal y provocó una reacción furiosa por parte del Departamento de Transporte, que incluso cuestionó la competencia de sus propios abogados federales.

Peajes con propósito: financiación del transporte público a cambio de tráfico reducido

El programa de peajes de congestión busca reducir el tráfico y financiar el sistema de transporte público neoyorquino. Se espera que genere miles de millones de dólares para mejorar el metro, trenes y autobuses. Sin embargo, su impacto en trabajadores suburbanos ha sido un punto sensible, ya que muchos ya pagan otros peajes para ingresar a la ciudad.

Trump, cuyo rascacielos Trump Tower se encuentra dentro de la zona de cobro, ha sido un crítico frecuente de la medida y prometió eliminarla. La disputa refleja tensiones más amplias: ¿cómo financiar infraestructura sin perjudicar a las clases trabajadoras? ¿Y por qué se protegen ciertos privilegios fiscales mientras se critica el gasto en políticas públicas?

Mientras tanto, aumentos salariales silenciosos en Carolina del Sur

Mientras los líderes federales claman por austeridad, el Senado de Carolina del Sur aprobó el miércoles un aumento de $18,000 anuales para cada uno de sus legisladores estatales como parte de un programa de “compensación dentro del distrito”.

Esto se suma a un salario base congelado en $10,400 anuales desde 1990, y refleja una lucha dentro del legislativo estatal para adaptarse a la inflación. El senador Shane Martin justificó que los costos actuales para ejercer como legislador se han disparado. En total, esta medida costaría $3 millones por año.

Mientras que otros argumentaban que estos cargos deben estar abiertos a ciudadanos de todas las condiciones económicas —y no solo a empresarios poderosos o personas con fortunas heredadas—, otros líderes del Senado criticaron la manera en que se aprobó el aumento, sin el adecuado debate público.

“Debió pasar por el subcomité correspondiente. Debimos permitir que la comunidad opinara”, dijo Shane Massey, líder de la mayoría.

Es un ejemplo más de la distancia entre el discurso fiscal republicano de contención presupuestaria y la práctica política concreta cuando se trata de autofinanciarse internamente.

¿Quién paga realmente el precio de las recesiones, los recortes y las prioridades?

Los tres eventos —el town hall de Ricketts, el desliz judicial en Manhattan y la votación sobre dietas legislativas en Carolina del Sur— ilustran un desfase creciente en la narrativa política republicana. Por un lado, se exige austeridad nacional en nombre del déficit. Por otro, se evaden propuestas fiscales progresivas como gravar a los más ricos o eliminar techos caprichosos al aporte del Seguro Social.

Los votantes, aunque divididos, comienzan a exigir claridad: ¿Dónde están las prioridades reales? ¿Por qué debe recortarse el gasto en salud o educación si no se toca el presupuesto militar? ¿Por qué no se discute con transparencia cuáles son las reformas fiscales necesarias para lograr un sistema más equitativo?

El símbolo del “¡tax the rich!”

La frase coreada en Kearney no solo se refiere a una política progresista particular, sino que simboliza la frustración de una gran parte del electorado que considera que las reglas actuales del juego están diseñadas para los poderosos. Incluso si las políticas de recortes tienen una lógica macroeconómica, es imposible ignorar su dimensión política: afectan desproporcionadamente a quienes menos tienen, mientras los que más ganan siguen acumulando beneficios fiscales.

No se trata solo de números, sino de principios

Las contradicciones dentro del discurso conservador quedan expuestas cuando senadores como Pete Ricketts se niegan a responder preguntas fundamentales sobre justicia fiscal, mientras defienden el aumento de presupuestos militares y fronterizos. Y más aún cuando legislaturas como la de Carolina del Sur se otorgan aumentos considerables con mínima deliberación.

Para quienes corean “¡Tax the rich!”, la pregunta subyacente es clara: ¿por qué se les pide sacrificio a los mismos de siempre, mientras otros siguen beneficiándose sin restricciones?