Los ataques silenciosos de Trump contra el sistema democrático y los derechos civiles en EE. UU.

El veto a los militares transgénero: una batalla vista desde los tribunales

Una de las acciones más controversiales en materia de derechos civiles bajo la administración de Donald Trump fue su intento de implantar una prohibición a que personas transgénero sirvieran en las Fuerzas Armadas. Esta medida, promovida en 2017 y reactivada recientemente, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y por jueces que consideraron que no había justificación razonable para reintroducirla.

Desde el 2016, durante la presidencia de Barack Obama, las personas transgénero podían servir abiertamente, en un avance significativo para los derechos LGBTQ+ dentro del ejército estadounidense. Sin embargo, Trump invocó el argumento de la “preparación militar” y supuestas diferencias con los estándares de “disciplina” para justificar su orden ejecutiva que prohibía su participación.

El juez federal Benjamin Settle, nombrado por George W. Bush, rechazó la argumentación del gobierno. Al dictar en contra del veto, señaló que “el gobierno no ofreció una razón válida para excluir repentinamente a miles de soldados transgénero que han servido sin generar conflictos ni alterar el orden militar”.

Estudios como el informe del RAND Corporation de 2016 estiman que entre 1,320 y 6,630 personas transgénero sirven en el ejército estadounidense, lo que representa menos del 1% del total de soldados. No obstante, su desempeño no ha sido cuestionado estadísticamente por ninguna agencia oficial.

Reformas electorales al estilo Trump: ¿Defensa de la democracia o sabotaje disfrazado?

Otro de los temas que ha causado controversia es la orden ejecutiva firmada por Trump a finales de marzo de 2025, que exige pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante a nivel nacional. Este requisito ha sido interpretado por muchos juristas y defensores del derecho al voto como una estrategia para dificultar la participación de ciertos sectores de la población, especialmente los de bajos ingresos y las minorías.

La Constitución de EE.UU. asigna a los estados la responsabilidad primaria sobre las elecciones. Aunque el Congreso puede imponer algunas reglas para elecciones federales, el presidente no tiene autoridad directa. Por ello, más de 20 estados gobernados por demócratas, junto con decenas de organizaciones de derechos civiles, han iniciado acciones legales argumentando que Trump sobrepasa su poder con dicha orden.

Una disposición particularmente polémica es la amenaza de recortar a los estados los fondos federales para organización electoral si continúan contando boletas enviadas por correo que lleguen después del Día de las Elecciones, aunque lleven matasellos de esa misma fecha. Estados como Oregón y Washington, que dependen casi por completo del voto por correspondencia, ya han señalado que esta medida desestabilizaría gravemente sus procesos electorales, organizados desde hace años con altos niveles de participación y transparencia.

¿Cuál es el verdadero objetivo detrás de estas reformas? Para críticos como Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, “la exigencia de documentos como pasaportes o certificados de nacimiento en papel solo crea barreras innecesarias para millones que ya tienen derecho al voto bajo las leyes actuales”.

Una experiencia ilustrativa ocurrió en Kansas, donde una ley similar —impuesta durante el mandato del republicano Kris Kobach— bloqueó la inscripción de más de 31,000 votantes legítimos. La ley fue posteriormente anulada por considerarse inconstitucional, pero el daño ya estaba hecho.

Medio ambiente en la mira: ¿protección o puerta abierta al extractivismo?

En el campo medioambiental, Trump ha impulsado un recorte sustancial del proceso de revisión ambiental requerido para autorizar proyectos energéticos. Bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, por sus siglas en inglés), los grandes proyectos deben pasar por evaluaciones para garantizar la salvaguarda de las comunidades cercanas. Pero el Departamento del Interior ha anunciado que ese proceso se reducirá drásticamente: de hasta dos años a solamente 28 días para estudios de impacto ambiental completo, o hasta 14 días en evaluaciones sencillas.

Si bien se argumenta que estas medidas favorecerán a la economía y a la “competitividad energética frente a China”, los tipos de energía a beneficiar no son eólicos ni solares —las verdaderas fuentes limpias— sino combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y carbón.

¿Qué significa esto en la práctica? Para organizaciones como el Sierra Club, estas reducciones transforman los controles ambientales en una mera formalidad. Athan Manuel, director del programa de protección de tierras del grupo, declaró: “Estos límites arbitrarios imposibilitan revisiones coherentes, y podría ser que los daños reales sólo se descubran cuando ya sea demasiado tarde: aire contaminado, aguas envenenadas y comunidades desplazadas”.

Randi Spivak, del Centro para la Diversidad Biológica, resumió la crítica con contundencia: “El plan de Trump no es más que un pretexto disfrazado de emergencia energética para dar luz verde al fracking y a la minería del carbón. Es una derrota para el público y un regalo para las corporaciones petroleras que financian su agenda”.

Entre retrocesos y resistencia

Aunque muchos tribunales han contenido temporalmente las medidas, el reciente giro político en la Corte Suprema —con mayoría conservadora— genera temor de que dictámenes previos puedan revertirse con facilidad. Esto es especialmente preocupante cuando las decisiones implican derechos fundamentales: la identidad de género, el derecho al voto y la protección ambiental, pilares fundamentales en cualquier democracia moderna.

Donald Trump ha construido su discurso político en base a la polémica, y sus políticas no han sido la excepción. Con una retórica que oscila entre el populismo, el conservadurismo e incluso el nacionalismo económico, muchos de sus actos ejecutivos han sido impulsados sin estudios de impacto concretos, basándose más bien en percepciones ideológicas o presiones de grupos de poder específicos.

Los próximos meses serán cruciales. La Corte Suprema debe decidir si permitirá que avance o no la política contra los militares transgénero. Mientras tanto, las elecciones están en la mira con múltiples litigios abiertos y una creciente desconfianza en el sistema electoral alimentada por teorías conspirativas desde lo más alto del liderazgo republicano.

¿Será este el regreso de una era de exclusión e intolerancia institucionalizada? O, por el contrario, ¿prevalecerán los valores democráticos y las garantías constitucionales ante los embates de una política cada vez más polarizante?