La Corte Penal Internacional vs. Israel: ¿Quién tiene la última palabra en Gaza?

La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a ser el eje de un enfrentamiento diplomático y jurídico que sacude el tablero geopolítico: su aparente competencia para investigar y emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, especialmente tras las acciones militares en Gaza. En este artículo, exploramos el fondo jurídico y político detrás del caso, el rechazo de Israel a la jurisdicción de la Corte y las implicaciones para el equilibrio del derecho internacional.

¿Qué está en juego en La Haya?

El pasado jueves, jueces de apelación de la CPI en La Haya ordenaron que el panel de primera instancia reconsiderara una apelación de Israel, que cuestiona la autoridad de la Corte sobre los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Cisjordania. Esta decisión ocurre mientras persiste el litigio por la emisión de órdenes de arresto, en noviembre, contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

Los cargos contra ambos funcionarios incluyen supuestos crímenes de lesa humanidad en el contexto de la guerra de Gaza, como el uso de la hambruna como arma de guerra y el ataque deliberado a civiles. La defensa israelí niega estas acusaciones con firmeza y sostiene que el país no reconoce la autoridad del tribunal.

Jerusalén y la negativa categórica a la CPI

Desde su fundación en 1998 con el Estatuto de Roma, la CPI ha sido criticada por algunos países por lo que consideran una aplicación selectiva de la justicia. Israel nunca ha ratificado el Estatuto, y por tanto, no forma parte de los 125 Estados miembro.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, fue enfático en su comunicado en la plataforma X (antes Twitter):

“Lo dijimos desde el principio: La Corte Penal Internacional en La Haya no tiene, y nunca tuvo, jurisdicción para emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel y su exministro de Defensa. Israel no es miembro de la CPI ni parte del Estatuto de Roma.”

Sin embargo, la Corte ha aceptado a “El Estado de Palestina” como miembro pleno desde 2015, lo que permite a los fiscales actuar en su territorio, incluyendo Gaza y Cisjordania. Este reconocimiento, aunque político, ha tenido consecuencias jurídicas de gran alcance.

El camino hacia las órdenes de arresto

La solicitud inicial de jurisdicción fue presentada por la Autoridad Palestina en 2018. En 2021, los jueces dictaminaron que la Corte tenía autoridad para investigar posibles crímenes cometidos desde junio de 2014 en adelante. Esto allanó el camino para que el fiscal jefe Karim Khan emitiera en mayo de 2024 las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.

Los jueces argumentaron en ese momento que había fundamentos razonables para creer que ambos funcionarios eran responsables de:

• Imponer condiciones de vida destinadas a destruir a la población civil de Gaza.
• Negar ayuda humanitaria esencial.
• Orquestar ataques contra la infraestructura civil.

Simultáneamente, se emitieron órdenes contra líderes de Hamas, especialmente contra Mohammed Deif, jefe del ala militar, por su rol en la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde murieron más de 1.200 personas, incluyendo mujeres y niños. Deif fue acusado de asesinato, violaciones, tortura y toma de rehenes. Su orden fue retirada en febrero tras confirmarse su muerte en un bombardeo israelí.

¿Un desafío al derecho internacional?

Israel, al igual que Estados Unidos, Rusia y China, ha cuestionado durante mucho tiempo la imparcialidad y eficacia de la CPI. El argumento principal es que el tribunal ha enfocado la mayoría de sus investigaciones en países africanos y ha mostrado un sesgo contra regímenes no occidentales. Ahora, con las órdenes contra Israel —aliado clave de Occidente— se produce una sacudida en ese paradigma habitual.

Por otro lado, la decisión de la sala de apelaciones de revisar la apelación israelí implica una admisión parcial de que quizá no se agotaron todas las vías procesales garantizadas en el Estatuto de Roma. En sus propias palabras:

"El panel de primera instancia cometió un error de derecho al no abordar suficientemente el argumento de Israel sobre su derecho a impugnar la jurisdicción."

Esto no significa que la Corte haya invalidado las órdenes de arresto, sino que exige una revisión de fondo jurídica que, de resultar favorable a Israel, podría revertir las órdenes o retrasar sustancialmente su ejecución.

¿Qué pasaría si Netanyahu pisa un país firmante del Estatuto de Roma?

La pregunta que muchos se hacen es cuál sería el resultado práctico si Netanyahu viajara a algún país europeo u otro miembro de la CPI. En teoría, debería ser arrestado; en la práctica, es altamente improbable.

Existen numerosos precedentes en los que líderes buscados por la Corte han viajado sin ser arrestados. El caso más paradigmático fue el del expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien visitó Sudáfrica en 2015, país miembro de la CPI, y no fue detenido. Esta falta de cumplimiento socava la autoridad del tribunal.

Palestina, ¿Estado o no?

Uno de los temas más controversiales jurídicamente es el estatus de Palestina. Para la CPI y la Asamblea General de la ONU, es un “Estado observador no miembro”, suficiente para tener acceso a la Corte Penal Internacional. Para Israel y sus aliados, esto representa un uso político del derecho internacional.

Desde la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Palestina, la posibilidad de investigar tanto a Israel como a Hamas ha sido una herramienta empleada para justificar ambos lados del conflicto. Esto ha generado una paradoja legal: una parte (Israel) que no reconoce la autoridad de la Corte, mientras que otra (Palestina) usa dicha autoridad como única vía de presión internacional.

¿Qué dice el derecho internacional humanitario?

De acuerdo con las Convenciones de Ginebra, tanto los ataques deliberados contra civiles como la denegación de asistencia humanitaria constituyen crímenes de guerra. Pero demostrar intencionalidad y establecer responsabilidad penal individual, como lo exige la CPI, es extremadamente complejo.

Además, Israel argumenta que el conflicto contra Hamas es una respuesta a un ataque terrorista, por lo tanto bajo la legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU. Sin embargo, el uso de la fuerza, incluso en legítima defensa, debe seguir los principios de proporcionalidad y distinción, que muchos expertos creen que Israel ha sobrepasado.

Un precedente que afecta a todos

Lo que se decida en los próximos meses podría transformar el alcance y la credibilidad de la CPI. ¿Puede la Corte juzgar crímenes internacionales cometidos en un conflicto donde el país acusado no es parte de su tratado fundador? ¿O está condenada a ser ignorada por los poderes políticos?

En palabras de Fatou Bensouda, exfiscal de la CPI:

“La justicia internacional nunca debe ser rehén de intereses políticos. Pero para aplicar la ley imparcialmente, necesitamos que los Estados se comprometan seriamente con su ejecución.”

El caso contra altos funcionarios de Israel pone a la CPI en una posición delicada: aplicar sus mandatos sin favorecer a un bando, pero tampoco ceder ante las presiones geopolíticas. La legitimidad misma del tribunal está en juego.

Repercusiones locales e internacionales

Mientras tanto, sobre el terreno en Gaza, las consecuencias humanitarias continúan. Según organizaciones médicas, cientos de pacientes renales han muerto por falta de tratamiento debido a los bloqueos. Además, el ingreso limitado de ayuda ha puesto en riesgo la vida de miles.

El conflicto legal entre Israel y la CPI no se desarrolla en un vacío: tiene implicaciones tangibles sobre la población civil palestina, así como sobre la percepción global del sistema judicial internacional.

La decisión final ante esta maraña legal y política aún está por verse, pero sin dudas estamos ante uno de los litigios internacionales más relevantes desde el caso de Kosovo en 1999 o los procesos de Nüremberg. Gaza se ha convertido en el nuevo escenario donde se redefine la intersección entre justicia, política y soberanía.