Golpes judiciales al trumpismo: el resurgir de la resistencia legal en EE.UU.

Por todo Estados Unidos, el legado político de Donald Trump está siendo desafiado con fuerza desde los pasillos judiciales. Desde su retorno a la Casa Blanca, su administración ha impulsado políticas que han generado un enjambre de demandas federales en áreas tan disímiles como inmigración, derechos civiles, diversidad educativa y procesos electorales. Esta es una historia que combina decisiones judiciales históricas, reacciones viscerales del gobierno y una demostración de que el sistema de contrapesos aún tiene pulmones para respirar.

Una ofensiva judicial dispersa pero potente

Más de 170 demandas han sido presentadas contra las órdenes ejecutivas de Trump en apenas unos meses de administración. La intensidad judicial alcanzó su punto máximo esta semana, con decisiones que bloquean algunas de las acciones más controvertidas de la Casa Blanca.

Desde la defensa de los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) hasta el intento de modificar el proceso electoral federal, jueces en al menos cinco estados han emitido fallos que frenan —temporal o definitivamente— directrices impulsadas por el actual gobierno.

Diversidad bajo ataque: las escuelas como campo de batalla

Uno de los frentes más activos se encuentra en el ámbito educativo. La administración Trump tanteó el terreno con una ofensiva contra los programas DEI en escuelas y universidades, emitiendo memorándums que pedían a los estados firmar documentos certificando que no usarían prácticas “ilegales” de diversidad.

Un juez federal de New Hampshire bloqueó esta semana dichas directrices, señalando que pretenden establecer una narrativa de “neutralidad racial” que es, en realidad, una forma de censura institucional. Similares fallos se dictaron en Maryland y Washington D.C., consolidando una jurisprudencia emergente que protege la diversidad en las aulas contra impulsos centralistas.

Elecciones federales: ¿Quién tiene realmente el poder?

En otro fallo de peso, la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly en Washington D.C. frenó parcialmente la implementación de una orden ejecutiva que requería pruebas de ciudadanía para registrarse como votante federal. Aunque otros apartados de la orden —como reducir los plazos para el voto por correo— aún siguen vigentes, la jueza fue clara: el poder para regular elecciones federales no pertenece al presidente, sino al Congreso y a los estados.

Este fallo se convierte en un importante precedente en la eterna lucha por el acceso al voto en Estados Unidos.

La resurrección de una ley de 1798: El caso de la Alien Enemies Act

Uno de los episodios más dramáticos se relaciona con el uso de la Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra firmada en 1798 que muy rara vez se ha utilizado —siendo activada solo tres veces en más de dos siglos. La administración Trump, invocando esta ley, inició la deportación de ciudadanos venezolanos acusados de vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.

No obstante, la implementación ha sido severamente cuestionada. Documentos judiciales en Texas revelaron que a los migrantes se les da solo 12 horas para decidir si desean impugnar su deportación, con formularios disponibles únicamente en inglés. La American Civil Liberties Union (ACLU) acusó al gobierno de violar una orden de la Corte Suprema que exige otorgar un “tiempo razonable” para apelar decisiones migratorias.

“Esto es una burla del debido proceso”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU. En Colorado, una jueza ordenó al gobierno dar al menos 21 días de plazo a los inmigrantes para decidir si desean impugnar su expulsión. El Departamento de Justicia, por su parte, apeló rápidamente tal resolución.

Ciudades santuario vs. recortes federales

San Francisco y otras decenas de municipios también celebraron una victoria en los tribunales. El juez federal William Orrick suspendió una orden que prohibía entregar fondos federales a ciudades santuario que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias. Orrick remarcó que una medida similar de 2017 fue declarada inconstitucional, indicando que el patrón de la administración Trump repite errores pasados: “Es una muestra clara de que el Poder Ejecutivo intenta socavar la jurisdicción local”.

Identidad de género en la mira militar

En paralelo, continúa la lucha legal sobre la presencia de personas transgénero en el ejército. Trump renovó su polémica medida de prohibir su alistamiento, argumentando que esto afecta la “honorabilidad y disciplina del soldado”. Sin embargo, tribunales federales han mantenido bloqueada la ejecución de esta política mientras continúa el litigio.

El fallo más reciente proviene del juez Benjamin Settle en el estado de Washington, quien desestimó los argumentos del Pentágono y respaldó a militares trans que han servido con distinción durante años.

ActBlue en el ojo del huracán

En un movimiento con fuertes tintes políticos, Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al Departamento de Justicia a investigar a ActBlue, la principal plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata. Según el gobierno, existe sospecha de donaciones falsas o extranjeras.

El fondo de esta orden ha sido interpretado como un acto de retorsión política. Líderes demócratas como Suzan DelBene y Kirsten Gillibrand denunciaron el hecho como una “maniobra para intimidar a millones de votantes que donan pequeñas cantidades” y como otra táctica para debilitar el sistema democrático estadounidense.

ActBlue no ha permanecido en silencio: anunció que defenderá sus derechos “por todas las vías legales posibles”, agregando que continuará su misión “sin interrupción ni miedo”.

¿Reconfiguración ideológica o autoritarismo encubierto?

Lo que está en juego no es simplemente una disputa de políticas públicas, sino una lucha frontal por el alma constitucional de Estados Unidos.

La avalancha tanto de órdenes ejecutivas como de litigios demuestra dos cosas de este momento político: primero, que Trump sigue dispuesto a utilizar los poderes presidenciales como una espada que corta estructuras, normas y precedentes; y segundo, que el sistema judicial aún tiene el potencial de actuar como escudo, reafirmando derechos fundamentales, el federalismo y el principio de legalidad.

Aunque las batallas legales están lejos de concluir, cada sentencia desfavorable al gobierno actual no solo frena una política, también reivindica la vigencia de un orden republicano que se resiste a ser socavado.

La historia nos recuerda que la Alien Enemies Act fue usada durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos alemanes, italianos y japoneses. En esos tiempos oscuros, la Corte Suprema no quiso intervenir. Hoy, el panorama es distinto: los jueces están hablando, están marcando la cancha e incluso están vacunando al sistema contra posibles autoritarismos futuros.

¿Serán suficientes estos contrapesos frente a los ímpetus presidenciales? ¿Resistirá la democracia estadounidense este vendaval institucional? Sólo el tiempo —y los jueces— lo dirán.