El caso Nsabumukunzi: el verdugo del genocidio de Ruanda que vivía como ciudadano modelo en EE.UU.

Por más de dos décadas, un verdugo del genocidio de Ruanda logró lo impensable: reinventarse como un inmigrante ejemplar en Estados Unidos. Pero su pasado, marcado por la sangre de miles de tutsis, terminó por alcanzarlo. En este artículo de análisis, exploramos cómo operan las redes de impunidad transnacional, la fragilidad de los procesos migratorios norteamericanos y las heridas aún abiertas de una de las peores tragedias del siglo XX.

Una historia que parecía enterrada

Cuando Faustin Nsabumukunzi fue arrestado el jueves 25 de abril de 2025 por agentes federales en Nueva York, dijo sin titubeos: “Sé que estoy acabado”. No era una exageración: el hombre de 65 años, ahora acusado de fraude migratorio y naturalización fraudulenta, había ocultado un pasado brutal para conseguir residencia permanente y posteriormente solicitar la ciudadanía estadounidense.

Detrás de su apariencia como apicultor sencillo en Bridgehampton, Long Island, se ocultaba un oscuro secreto: según la fiscalía federal, Nsabumukunzi fue un líder local en Ruanda que no solo participó activamente en el genocidio de 1994, sino que usó su posición de poder para instigar y organizar matanzas y violaciones masivas.

Ruanda, 1994: la tragedia que estremeció al mundo

El genocidio de Ruanda dejó un estimado de 800,000 muertos, en su mayoría de la minoría étnica tutsi, en un periodo de apenas tres meses entre abril y julio de 1994. Bajo la dirección del régimen hutu y con la participación de milicias, fuerzas gubernamentales y civiles comunes, Ruanda se convirtió en un infierno de machetes, violaciones sistemáticas y limpieza étnica cruel.

Durante años, la comunidad internacional falló en prevenir o detener la matanza. Mientras tanto, decenas de miles de perpetradores huyeron del país. Algunos se refugiaron en Europa o África Central, pero una cantidad significativa llegó a Estados Unidos y Canadá, muchos de ellos ocultando su participación en los crímenes.

La impunidad cruzando fronteras

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Nsabumukunzi ingresó al país tras solicitar el estatus de refugiado en 2003. En su declaración jurada y formularios, negó haber estado involucrado en actos de persecución o violencia. En 2007 se le otorgó una Green Card, y posteriormente intentó naturalizarse como ciudadano en 2009 y 2015.

Pero mientras el “ciudadano modelo” vivía tranquilamente como apicultor, en Ruanda ya había sido condenado in absentia a cadena perpetua por su rol directo en asesinatos, complicidad en violaciones grupales y montaje de barricadas para identificar a tutsis que luego eran ejecutados en sus oficinas administrativas.

Las acusaciones: promesas públicas, exterminio privado

La paradoja del caso Nsabumukunzi no reside solo en su doble vida, sino en la forma descarnada en que operaba. Según testigos citados por los fiscales federales, el entonces líder convocaba reuniones públicas con la comunidad tutsi para prometer protección y calma. Detrás de puertas cerradas, sin embargo, instaba a los hombres hutus a “deshacerse de los tutsis”.

Incluso se le acusa de promover sistemáticamente la violación de mujeres tutsis como arma de guerra, algo particularmente atroz dado el patrón documentado de violaciones masivas en el conflicto por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Uno de los aspectos más desgarradores del caso es que Nsabumukunzi no actuó desde las sombras o entre la masa enfurecida. Como líder local, tenía poder institucional. Ese poder fue usado para exterminar.

EE.UU.: ¿puerta segura para criminales de guerra?

El caso revela grietas en el ya complejo sistema migratorio estadounidense. Si bien se estudian antecedentes penales y se verifica información familiar, muchos crímenes internacionales de lesa humanidad quedan fuera del radar debido a la falta de intercambio efectivo de información entre países y tribunales internacionales.

Según datos del Departamento de Justicia, más de 150 personas con antecedentes de crímenes de guerra han sido identificadas viviendo en EE.UU. en las últimas dos décadas. Algunas lograron entrar como refugiados, otras con visados turísticos comunes. De esos casos, una minoría ha llegado a ser procesada.

“Si una persona puede ocultar haber dirigido masacres en Ruanda con un par de ‘no’ en un formulario de inmigración, estamos fallando como sistema”, declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Una justicia que tarda… pero no olvida

Sorprendentemente, no fue una denuncia migratoria lo que condujo al arresto de Nsabumukunzi, sino una investigación derivada de testimonios recientes recopilados en Ruanda y en la diáspora. Estos testimonios se cruzaron con expedientes migratorios en EE.UU., revelando inconsistencias crecientes.

El caso fue llevado ante la corte federal de Central Islip, en Long Island, donde los fiscales pidieron su detención sin fianza por considerarlo peligroso y con alto riesgo de fuga.

Al mismo tiempo, la fiscalía destacó el profundo agravio que supone que alguien como Nsabumukunzi viviera libremente en Estados Unidos, cuando miles de sus víctimas jamás tuvieron siquiera un lugar dónde llorar a sus muertos.

El reto de los crímenes sin frontera

El juicio de Nsabumukunzi generará sin duda eco internacional. El caso coincide con otros procesos abiertos en Europa y Canadá contra criminales de guerra escondidos durante décadas. La Justicia Universal, principio que faculta a cualquier país a juzgar crímenes de lesa humanidad, ha ganado relevancia, pero necesita mayor cooperación internacional para impactar más allá de los escasos casos visibles.

En 2019, un exmiliciano ruandés fue condenado en Suecia por su participación en el genocidio. En 2020, Canadá frenó la deportación de un sospechoso por falta de garantías en su país natal. La persecución internacional ha comenzado a extenderse, pero los recursos aún son insuficientes.

Mientras tanto, los supervivientes de Ruhengeri, lugar donde se presume que Nsabumukunzi operaba, celebraron la noticia de su captura en EE.UU. “Es una pequeña justicia para nuestros muertos”, declaró Félicité, una mujer que perdió a sus tres hijos en los ataques coordinados desde la alcaldía local.

¿Cómo prevenir futuros “Nsabumukunzis”?

El mayor reto para los servicios de inmigración y seguridad nacional de cualquier país es cómo evitar ser cobijo para genocidas y criminales de guerra. Aquí algunas estrategias clave que han sido propuestas por organismos internacionales:

• Cooperación activa con tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional o cortes locales como la de Gacaca en Ruanda.
• Revisión más exhaustiva de antecedentes con herramientas tecnológicas cruzadas, incluyendo bases de datos biométricas y de inteligencia.
• Inclusión obligatoria de chequeos con organismos de DD.HH. en aplicaciones migratorias que se originen en países con antecedentes de genocidio o guerra civil.

Organizaciones como el Center for Justice and Accountability han insistido hace años que los países receptores deben tratar delitos de lesa humanidad como prioridad nacional de seguridad y no solo como temas de derechos humanos o relaciones exteriores.

Un cierre para miles, una advertencia para cientos

Nsabumukunzi vivirá ahora un proceso judicial en EE.UU. por mentir en formularios —no por genocidio, ya que el sistema estadounidense no contempla delitos cometidos en el extranjero si no hay daños en territorio propio. Pero su captura sienta un precedente poderoso: ya no hay lugar donde esconderse.

Este caso también reabre el debate sobre el papel de la diáspora y las comunidades refugiadas en la reconciliación nacional. Muchos sobrevivientes viven sabiendo que parte de la comunidad internacional se negó a intervenir en 1994 —y que algunos criminales encontraron refugio, protección, incluso nuevas familias e historias que, por fin, hoy se están desarmando.