Desmantelar la Supervisión Migratoria: La Controversial Jugada del Departamento de Seguridad Nacional

Por qué este caso importa más allá de la política

La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de desmantelar tres oficinas clave dedicadas a supervisar los derechos civiles dentro de su propia estructura ha desatado una ola de críticas, acciones legales y una intensa controversia política. Lo que está en juego no es un simple ajuste burocrático: se trata de los mecanismos que garantizan la equidad, la transparencia y la supervisión en uno de los organismos federales más poderosos de Estados Unidos.

¿Qué ocurrió exactamente?

El pasado 21 de marzo, el DHS anunció que implementaría una reducción de personal significativa en tres oficinas clave:

• La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (Office for Civil Rights and Civil Liberties, OCRCL)
• La Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigración (Immigration Detention Ombudsman)
• La Oficina del Ombudsman de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS Ombudsman)

Frente a este recorte, tres organizaciones -Robert F. Kennedy Human Rights, Southern Border Communities Coalition y el Urban Justice Center- presentaron una demanda judicial contra el DHS y su actual directora, Kristi Noem. Alegan que el cierre, realizado sin intervención del Congreso, es ilegal y pone en riesgo tanto los derechos civiles como el control institucional sobre posibles abusos en materia migratoria.

Oficinas bajo ataque: ¿Por qué son tan importantes?

1. Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles

Creada en el marco del Acta de Seguridad Nacional de 2002, tras los atentados del 11-S, esta oficina tiene como propósito proteger las libertades civiles dentro del DHS, incluyendo investigaciones internas frente a abusos de poder o discriminación.

En 2022, por ejemplo, la oficina recibió e investigó más de 500 quejas ciudadanas, muchas relacionadas con la conducta en centros de detención o procedimientos de verificación en aeropuertos (TSA). Su eliminación, según expertos legales, significa tirar por la borda el escudo interno que evita violaciones sistemáticas a derechos humanos.

2. La Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigración

Una rareza dentro de la burocracia federal: esta oficina es técnica e independiente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la CBP (Patrulla Fronteriza). Su labor es inspeccionar las condiciones en centros de detención migratoria. Según la demanda, el personal visitaba más de 100 centros de detención cada mes, verificando desde el acceso médico de los detenidos hasta las condiciones de salubridad.

Eliminar este cuerpo implica dejar sin supervisión directa a instalaciones que históricamente han sido criticadas por prácticas inhumanas, desde hacinamiento hasta negligencia médica.

3. La Oficina del Ombudsman de USCIS

Tal vez la menos mediática pero igual de crítica. Esta oficina procesó en 2023 casi 24.000 solicitudes de asistencia relacionadas con retrasos administrativos, errores en formularios migratorios o rechazos sin causa evidente. Para migrantes y empleadores estadounidenses, esta entidad es un canal confiable ante la obstrucción burocrática.

Astucia política o autoritarismo camuflado: ¿Qué hay detrás?

El argumento otorgado por el DHS para justificar el desmantelamiento fue tajante: “Estas oficinas han obstruido la aplicación de la ley migratoria sumando trabas burocráticas e interfiriendo con la misión del departamento”.

En otras palabras: sus propios órganos de supervisión han sido considerados enemigos internos para el cumplimiento de una política migratoria más agresiva. Pero, ¿es este un intento velado por eliminar barreras de control a una ola de deportaciones masivas como sugieren los demócratas y organizaciones civiles?

“No hay política eficaz sin transparencia ni supervisión. Esto es echar a andar una máquina sin frenos en un terreno empinado”, comentó Ben Johnson, director ejecutivo de la American Immigration Lawyers Association.

Golpe a la institucionalidad

Más allá de su importancia por sí mismas, estas oficinas tienen en común un punto crítico: fueron creadas por el Congreso. Por tanto, su eliminación no es competencia del Poder Ejecutivo según las organizaciones demandantes.

Así lo argumenta el texto legal: “Según el principio de separación de poderes, el Ejecutivo no puede eliminar una oficina establecida por ley sin mediación legislativa expresa”.

La querella no solamente busca la reincorporación del personal removido y la restauración de las funciones de las oficinas, sino algo aún más relevante: proteger la integridad institucional del Congreso frente a injerencias del Ejecutivo.

Ciudadanía en jaque: las consecuencias sociales

El cierre de estas oficinas tiene una afectación directa en miles de personas:

• Migrantes que enfrentan rechazo de visado o green cards sin explicación
• Detenidos migratorios privados de asistencia o revisión de condiciones
• Funcionarios dentro del DHS con temor a denunciar irregularidades sin protección oficial

“Estas oficinas eran lo último que protegía a los más vulnerables del sistema migratorio. Ahora están solos frente a una maquinaria impersonal”, explicó la abogada Clara Long, de Human Rights Watch.

Un espejo de los tiempos: la política migratoria bajo Trump 2.0

El debate de fondo es ideológico. Desde la primera gestión de Donald Trump, la política migratoria se ha centrado en reforzar el control, criminalizar la llegada de migrantes y reducir las vías de ingreso humanitario.

Con el retorno de figuras como Kristi Noem al frente del DHS, la tendencia se recrudece: menos trámites, más deportaciones y menos espacio para apelar desde una óptica de derechos humanos.

Este movimiento se alinea con otros gestos previos como la reanudación de deportaciones rápidas, el nuevo impulso a políticas de separación familiar o la retórica sobre invasión migratoria en la frontera sur.

Un patrón preocupante: el recorte del contrapeso

El cierre o el debilitamiento de oficinas de supervisión no es exclusivo del DHS. En los últimos meses se ha visto un patrón creciente dentro de agencias federales donde los órganos independientes terminan marginados o reducidos cuando su trabajo incomoda al núcleo operativo o político del gobierno de turno.

Desde la Oficina de Evaluación Educativa hasta los inspectores generales del Departamento de Justicia o del Pentágono, el mensaje es el mismo: menos vigilancia, menos transparencia.

“Estados Unidos enfrenta una regresión institucional sin precedentes en una era democrática. Se están normalizando mecanismos autoritarios desde dentro del sistema legal”, advierte la politóloga estadounidense Nancy Bermeo, autora del influyente libro “Democratic Backsliding”.

¿Resurgirá la resistencia civil?

Ante el avance de estas medidas, las organizaciones de derechos humanos han intensificado sus acciones. Más de 50 ONG entregaron una carta conjunta al Congreso solicitando una audiencia emergente sobre el desmantelamiento del DHS.

Además, se están promoviendo campañas de comunicación para alertar a los migrantes y ciudadanos sobre sus derechos actuales durante los procesos migratorios ante la ausencia de una figura de defensa institucional dentro del DHS.

Desde el activismo ciudadano y jurídico se espera que esta demanda judicial sea solo el primer paso para restablecer los pesos y contrapesos en una de las áreas más delicadas y sensibles de la gestión pública estadounidense.

La lucha por la transparencia, la legalidad y los derechos humanos no se limita a una oficina o la cantidad de funcionarios despedidos: se trata de defender la columna vertebral jurídica que distingue una democracia funcional de un régimen sin frenos.