Bayer, Roundup y la nueva ley de Dakota del Norte: ¿avance agrícola o blindaje corporativo?

Una ley que podría cambiar el juego en la agroindustria

El pasado 23 de abril, el gobernador republicano de Dakota del Norte, Kelly Armstrong, firmó de manera discreta una legislación que podría tener implicaciones trascendentales para el sector agrícola —y también para los consumidores— en todo Estados Unidos. La ley, la primera de su tipo en el país, podría otorgar protección legal a Bayer frente a miles de demandas relacionadas con su popular herbicida Roundup.

¿Qué significa esto realmente? ¿Por qué una ley en uno de los estados menos poblados del país está generando tanto debate a nivel nacional? Y más todavía, ¿qué está en juego en la discusión entre protección agrícola y responsabilidad corporativa?

Roundup y la controversia del glifosato

Desde que Bayer adquirió Monsanto en 2018 —junto con su producto estrella, Roundup— la compañía alemana ha enfrentado una avalancha de demandas judiciales. Se estima que han recibido más de 181,000 reclamaciones legales que alegan que el ingrediente activo del herbicida, el glifosato, causa linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático.

Varios estudios han relacionado el glifosato con el cáncer, pero otros organismos, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU., concluyen que no es probablemente cancerígeno si se usa correctamente.

No obstante, en varios juicios, los jurados fallaron a favor de los demandantes, otorgando multas multimillonarias a víctimas que aseguraron haber desarrollado cáncer tras el uso de Roundup. Estos veredictos han encendido alarmas tanto en la industria agrícola como en los pasillos del poder político.

¿Qué dice exactamente la nueva ley?

La legislación promulgada en Dakota del Norte establece que si un pesticida o herbicida cuenta con la aprobación estatal y federal, su etiqueta es legalmente suficiente para notificar cualquier riesgo a los consumidores. Es decir, si está autorizado por la EPA, no se puede alegar que carece de advertencias, aunque los estudios posteriores sugieran lo contrario.

Este cambio legal bloquea uno de los principales argumentos utilizados por los abogados que demandan a Bayer: que el etiquetado de Roundup no advertía adecuadamente sobre sus riesgos. Similar a lo que ocurre con medicamentos y advertencias de tabaco, las etiquetas son clave en casos legales de responsabilidad por productos defectuosos.

En palabras de Elizabeth Burns-Thompson, directora ejecutiva de Modern Ag Alliance, una organización financiada en parte por Bayer: “Es una victoria rotunda para los agricultores y sienta precedentes para que otros estados adopten legislaciones similares”.

La preocupación de los defensores de los consumidores

Sin embargo, no todos ven esta ley como una victoria. Sam Wagner, organizador agrícola del Dakota Research Council, advirtió: “Establece un mal precedente. Hará casi imposible que alguien gane una demanda en Dakota del Norte contra un fabricante de pesticidas”.

Por su parte, Jay Feldman, director ejecutivo de Beyond Pesticides, fue enfático: “Las compañías químicas no deberían esconderse detrás de un sistema regulatorio débil. Los consumidores deben tener el derecho a buscar compensaciones justas si son dañados”.

La controversia se intensifica ante la evidente tendencia del gobierno federal —especialmente bajo la administración Trump— de desmantelar regulaciones ambientales y favorecer a la industria. Según expertos del ámbito legal, este tipo de leyes estatales podrían cerrar la puerta a muchas víctimas que acuden a los tribunales en busca de justicia.

¿Qué otros estados podrían seguir el camino de Dakota del Norte?

La estrategia de Bayer no se limita a Dakota del Norte. Existen propuestas similares en al menos 11 estados, incluyendo Georgia, donde un proyecto está pendiente ante el gobernador Brian Kemp. La meta: blindarse contra las demandas bajo una red de leyes que priorice la aprobación federal como eximente de responsabilidad civil.

Para Bayer, esta sería una gran victoria. Además de ahorrar miles de millones en potenciales indemnizaciones, sentaría las bases para una industria agroquímica menos vulnerable a litigios masivos.

El trasfondo económico y político

El caso de Roundup expone no solo una disputa sobre pesticidas, sino una batalla compleja entre agroindustria, derecho, salud pública, ciencia y política. En Estados Unidos, donde las corporaciones tienen fuerte influencia sobre los legisladores estatales, este tipo de legislación refleja una tendencia preocupante, según muchos activistas.

El lobby agroquímico sostiene que sin productos como Roundup, la producción de alimentos se vería severamente afectada y los costos para los consumidores se dispararían. Brian Naber, presidente de la división de cultivos de Bayer para América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, declaró: “Sin herramientas de protección de cultivos, los consumidores estadounidenses podrían enfrentar precios más altos en los alimentos”.

No obstante, opositores como el grupo Environmental Working Group señalan que estudios del International Agency for Research on Cancer (IARC) han clasificado el glifosato como “probablemente cancerígeno en humanos”. En ese contexto, múltiples organizaciones han nivelado críticas severas contra Bayer y otras empresas del sector por priorizar ganancias sobre salud y seguridad.

Futuro en juego: ¿justicia o jurisprudencia corporativa?

Desde una perspectiva jurídica, el requerimiento de que una simple aprobación federal exonere a una empresa de toda responsabilidad civil sienta un precedente riesgoso. En muchos países, las aprobaciones legislativas no bloquean de forma categórica los procesos judiciales por negligencia o daños derivados del uso masivo de un producto.

Este cambio legal también preocupa a sectores de la salud pública. ¿Qué pasaría si estudios futuros demuestran daños permanentes por exposición prolongada al glifosato en ciertas dosis? ¿Quién respondería entonces si las demandas ya no pueden prosperar a nivel estatal?

Bayer, mientras tanto, continúa negociando acuerdos individuales con demandantes y también ha solicitado a la Corte Suprema de EE. UU. que rechace las reclamaciones colectivas pendientes.

Lo que podrían enfrentar los consumidores en los próximos años

A partir del 1 de agosto de 2025, la ley de Dakota del Norte entrará en vigor. Si otros estados siguen el ejemplo, podríamos ver una transformación radical en el acceso a la justicia en EE. UU. relacionado con productos químicos agrícolas.

Para los agricultores que dependen de herramientas eficaces contra plagas y malezas, puede que esta sea una ayuda a corto plazo. Para los consumidores, activistas y millones de personas preocupadas por el impacto de estos productos en la salud pública, es una alerta que merece más que la firma silenciosa de una ley.

Todo indica que esta batalla dista mucho de terminar —y sus consecuencias resonarán en tribunales, campos y hogares durante muchos años.