¿Antisemitismo o cacería de brujas? El gobierno de EE.UU., las universidades y la polémica por las encuestas religiosas

“¿Es usted judío o israelí?” Esta fue una de las preguntas que alarmó a docenas de empleados de Barnard College, una universidad de élite en Nueva York, cuando recibieron un mensaje de texto inusual en sus teléfonos personales. El mensaje, con el logotipo de la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), los invitaba a responder un cuestionario que también preguntaba si habían experimentado acoso como resultado de su identidad judía o israelí.

Lo insólito no solo fue el contenido, sino la forma: por mensaje de texto, sin previo aviso institucional, en un clima universitario ya tenso por las crecientes protestas pro-palestinas en el campus. Al principio fue tomado como spam. Pero pronto se confirmó: era real. La EEOC estaba detrás.

Una pesquisa federal en medio del conflicto Israel-Palestina

La oficina legal de Barnard confirmó en un correo electrónico que la EEOC había lanzado una investigación federal para determinar si existía discriminación contra empleados judíos dentro de la institución. La comisión había solicitado los contactos del personal para que pudieran optar, de manera voluntaria, por participar en la recolección de información.

Este tipo de escrutinio llega en un contexto de alta conflictividad dentro de los campus universitarios estadounidenses. Barnard, hermana académica de la Universidad de Columbia, ha sido epicentro de protestas estudiantiles contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Algunas manifestaciones han sido descritas como “frecuentes y disruptivas”.

El gobierno, bajo influencia de la administración de Donald Trump, ha denunciado reiteradamente que las universidades están permitiendo expresiones de antisemitismo al no frenar manifestaciones críticas hacia Israel. Diversas instituciones académicas han visto recortes de fondos federales por supuesta pasividad ante el antisemitismo.

Contexto histórico que causa alarma

El carácter del cuestionario y su énfasis en identificar judíos provocó una reacción que va más allá de lo administrativo. Para muchos académicos, esto recuerda épocas oscuras de la historia.

Nara Milanich, profesora de historia en Barnard y de ascendencia judía, expresó con alarma: “Que el gobierno arme listas de judíos, aunque diga que es para combatir el antisemitismo, resulta perturbador. Como historiadora, esto me resulta incómodo.”

En efecto, los judíos han sido históricamente blanco de censos, registros y persecuciones desde la Edad Media hasta el siglo XX, como ocurrió en la Alemania nazi. Incluso en Estados Unidos, episodios de antisemitismo institucional han existido, como las cuotas universitarias en las décadas de 1920 y 1930 que limitaban la admisión de judíos.

¿Protección real o uso político del antisemitismo?

Debbie Becher, profesora de Sociología en Barnard y también de ascendencia judía, no ve estas encuestas como un intento genuino de protección.

“No les preocupa el antisemitismo, lo están inflamando. Están interesados en desmantelar las instituciones de educación superior y silenciar cualquier voz pro-palestina o crítica hacia Israel.”

Becher sugiere que el cuestionario es parte de una investigación con motivación política, más que ética. Proyecta una intención gubernamental de castigar a universidades liberales —que suelen ser centros de crítica al status quo— aprovechando la creciente polarización entorno a Israel y Palestina.

Desde la administración Trump, este tipo de medidas no son nuevas. En 2019, el expresidente firmó una orden ejecutiva que interpretaba el Título VI de la Ley de Derechos Civiles como cobertura para nacionalidades y religiones, lo que permitía considerar el antisemitismo bajo legislación contra la discriminación racial.

El caso de Columbia y el Instituto para Estudios de Israel

Una semana antes de las encuestas en Barnard, Columbia University notificó a algunos de sus empleados, especialmente aquellos vinculados al Institute for Israel and Jewish Studies y al Task Force on Antisemitism, que muy probablemente serían contactados por la EEOC.

Este nuevo esfuerzo federal plantea preguntas importantes. ¿Está el gobierno buscando identificar focos de antisemitismo reales dentro del profesorado? ¿O únicamente busca reforzar su narrativa de que las universidades están plagadas de radicalismo anti-israelí?

Universidades bajo presión: ¿neutralidad imposible?

Las instituciones educativas se encuentran ahora entre dos fuegos. Por un lado, deberán acatar las investigaciones del gobierno federal, incluyendo compartir contactos de empleados. Por otro, enfrentan la indignación de sus comunidades académicas, que ven en estas pesquisas un riesgo de intimidación y de violación a la privacidad religiosa.

El hecho de que el cuestionario pregunte si una persona es judía, israelí, o si practica el judaísmo, sin contexto adicional, evoca mecanismos de clasificación estatal que muchos consideran incompatibles con los valores democráticos estadounidenses.

La administración Biden no ha revertido muchas de estas medidas iniciadas durante el gobierno anterior. De hecho, la presión política hacia universidades se ha intensificado aún más en medio del conflicto actual en Gaza, con miles de muertos y una comunidad internacional dividida por las acciones israelíes.

Antisemitismo y antisionismo: una línea borrosa

Muchas denuncias de antisemitismo hoy día se enfocan en eventos críticos de Israel como Estado. Pero en el debate público, persisten diferencias entre lo que es odio religioso/racial hacia los judíos y críticas legítimas a las políticas del gobierno israelí.

La definición de antisemitismo adoptada por la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch y académicos judíos progresistas por mezclar antisionismo y antisemitismo de forma peligrosa.

Uno de los ejemplos incluidos en esta definición, como “afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un esfuerzo racista”, podría usarse para silenciar posturas legítimas dentro del discurso académico.

¿A dónde vamos? El dilema de proteger sin perseguir

Al final, ninguna universidad quiere ser vista como permisiva con el antisemitismo. Es una forma real de odio y debe ser combatida. Pero también es esencial asegurarse de que en el proceso no se instale un aparato estatal de monitoreo religioso.

¿Qué protege esta medida? ¿Qué socava? El equilibrio entre seguridad, libertad académica, privacidad y libre expresión se ve más frágil que nunca.

Como señaló la congresista Rashida Tlaib al abordar otro caso de control fronterizo y detenciones a inmigrantes:

“La erosión del debido proceso es una amenaza para todos, sin importar tu nombre o estatus migratorio.”

Una frase que también puede aplicarse a este intenso escrutinio universitario. Porque cuando un gobierno empieza a hacer listas de fe o identidad nacional, incluso con buenas intenciones, la línea entre protección y persecución puede desaparecer con rapidez.