Trump, universidades y la ‘batalla contra lo woke’: la ofensiva conservadora en la educación superior de EE. UU.

Donald Trump ha vuelto al centro del debate nacional con la firma de una serie de órdenes ejecutivas que pretenden reestructurar drásticamente el sistema de educación superior en Estados Unidos. En el corazón de esta ofensiva están dos objetivos claros: poner fin a lo que él llama “ideología woke” en las universidades y realizar una auditoría exhaustiva de sus vínculos financieros con entidades extranjeras.

Una escalada contra el 'woke' y la diversidad

Desde su retorno a la política nacional, Trump ha posicionado la educación como uno de los ejes centrales de su plataforma. Ahora, sus nuevas acciones ejecutivas apuntan directamente a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) implementadas en muchas instituciones académicas, a las cuales Trump acusa de ser herramientas de indoctrinación progresista.

En un agresivo discurso, acusó a las agencias acreditadoras —entidades clave que certifican si una institución puede ofrecer opciones financieras federales a sus estudiantes— de estar “dominadas por maníacos marxistas”. Trump propone reformar este sistema fomentando el ingreso de nuevos acreditadores que no impongan estándares DEI y, en su lugar, midan el rendimiento estudiantil y los resultados laborales de los egresados.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, respaldó este enfoque: “En lugar de forzar políticas divisivas, los acreditadores deberían enfocarse en la eficiencia académica, la tasa de graduación y el éxito profesional.”

Revisión del financiamiento extranjero: el regreso de la Sección 117

El segundo pilar de la ofensiva de Trump es reavivar la Sección 117 de la Ley de Educación Superior, una norma legal de la década de 1980 que exige a las universidades declarar donaciones o contratos provenientes del extranjero que superen los $250,000 USD. Aunque esta ley ha sido aplicada de forma inconsistente, la actual administración sostiene que universidades como Harvard han violado sistemáticamente estos requerimientos.

Trump ha ordenado al Departamento de Educación y al fiscal general que intensifiquen la fiscalización, advirtiendo que podrían cortar el financiamiento federal a las instituciones infractoras. Según el presidente, esto forma parte de un esfuerzo por “terminar con el secretismo de fondos extranjeros en instituciones educativas estadounidenses.”

El congresista republicano Tim Walberg, presidente del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, apoyó la medida, argumentando: “China ha utilizado estos lazos académicos para robar investigaciones y adoctrinar estudiantes.”

Las implicaciones políticas de la guerra cultural

Las recientes medidas se insertan en un contexto político mayor. Para Trump y su base, las universidades representan bastiones del progresismo que deben ser desacreditados o al menos reformados desde su raíz estructural. Esta agenda no es nueva: ya durante su primera presidencia, el expresidente intentó censurar contenidos universitarios que consideraba contrarios al patriotismo estadounidense.

Ahora, la narrativa ha evolucionado hacia una más sofisticada cruzada contra el 'wokeness', término con el que se designan aquellas políticas que promueven la justicia social, racial, de género y otras sensibilidades consideradas progresistas.

El papel de los cuerpos acreditadores

Los organismos acreditadores, aunque poco conocidos por el público general, tienen una enorme influencia en el sistema universitario estadounidense. Alrededor de 19 agencias están certificadas por el Departamento de Educación para evaluar y acreditar a más de 4,000 instituciones educativas. Esta acreditación es imprescindible para que las universidades obtengan fondos federales y puedan ofrecer ayuda financiera a sus estudiantes.

Trump desea debilitar este “monopolio burocrático” y facilitar la entrada de nuevas agencias acreditadoras que compartan sus valores. Su propuesta busca crear un sistema de acreditación “más transparente, eficiente y no indebidamente gravoso.”

Desconfianza hacia las élites académicas

En el fondo, esta estrategia responde también a una creciente desconfianza de sectores del electorado conservador hacia las instituciones tradicionales, especialmente aquellas educativas. Según una encuesta llevada a cabo por Pew Research en 2023, el 73% de los republicanos cree que las universidades tienen un efecto negativo en el país. La razón principal, citada por el 58% de los encuestados conservadores, es que las universidades “traen demasiada política a la educación.”

Trump interpreta esto como un mandato social para redirigir el enfoque educativo hacia prioridades más prácticas, como eficiencia económica, productividad laboral y orgullo nacional.

Críticas de la comunidad educativa

Universidades, académicos y grupos de derechos civiles han denunciado estos movimientos como peligrosos intentos de censura que amenazan la libertad académica. La American Council on Education (ACE) expresó en un comunicado: “Eliminar estándares que promueven la diversidad y transparencia equivale a socavar la esencia misma de una educación democrática.”

Muchos críticos sostienen que la diversidad y la inclusión no solo enriquecen el entorno académico, sino que mejoran los resultados para todos los estudiantes, incluyendo los que no forman parte de minorías.

La actitud hacia Canadá y el papel geopolítico

En un giro inesperado —pero en línea con su tendencia hacia declaraciones provocadoras— Trump también se refirió a Canadá y su dependencia económica hacia EE. UU. durante la firma de las órdenes. Según el exmandatario, “Canadá dejaría de existir si Estados Unidos dejara de comprar sus productos.”

Estas declaraciones, además de generar tensión en la campaña electoral canadiense, subrayan cómo Trump está dispuesto a utilizar políticas educativas y comerciales como herramientas de presión geopolítica.

¿El fin del DEI en la educación superior de EE. UU.?

Este cambio radical tiene el potencial de alterar drásticamente el panorama universitario. Ya existen señales de que algunas agencias acreditadoras, temiendo la intervención federal, han comenzado a eliminar requisitos DEI. Sin embargo, muchos expertos advierten que se necesitaría legislación del Congreso para que estos cambios tengan validez a largo plazo.

En estados como Florida y Texas, legislaciones similares ya han sido aprobadas a nivel estatal, prohibiendo que fondos públicos se usen en iniciativas DEI. Estos precedentes regionales están trazando un mapa del tipo de reformas que Trump quiere convertir en política nacional.

Educación y campaña electoral 2024

Las órdenes ejecutivas llegan en un momento clave de la campaña presidencial. Trump busca movilizar a su base enfatizando temas culturales, económicos y de identidad nacional. Al colocar la educación en el centro de su mensaje, se propone redefinir otra de las arenas de lucha partidista más intensas de Estados Unidos.

Además, es un intento por contrastarse con la actual administración demócrata, la cual defiende de forma activa políticas de equidad y se ha opuesto a los esfuerzos de censura en universidades.

¿Quién gana y quién pierde?

• Ganan: los sectores conservadores que buscan una educación más orientada al mercado laboral y menos influenciada por teorías sociales críticas.
• Pierden: las universidades que reciben fondos del extranjero (aunque legítimamente), los programas académicos que promueven estudios étnicos, de género y diversidad.

El impacto completo de estas medidas aún está por verse, pero ya está claro que la educación universitaria se ha convertido en un campo de batalla político y cultural tan clave como la inmigración, el comercio o el clima.

Una apuesta arriesgada pero estratégica

Trump juega una carta poderosa. Las universidades son tanto generadoras de conocimiento como símbolos de estatus social. Desafiarlas abiertamente puede ser interpretado como un ataque a la élite ––algo que su base celebra––, pero también corre el riesgo de alienar a votantes moderados e independientes que valoran el pluralismo universitario.

En cualquier caso, la pleamar política que Trump está descargando sobre las aulas ya ha comenzado a hacer olas. La pregunta no es si cambiará el modelo educativo, sino cuánto y por cuánto tiempo.