Libertad de expresión, política y justicia: la polémica exclusión del presidente de la NAACP en Texas

La cancelación de una voz por la equidad

En junio de 2024, el Colegio de Abogados del Estado de Texas se enfrentó a una controversia nacional tras rescindir una invitación a Derrick Johnson, presidente de la NAACP, para hablar en su reunión anual. Johnson, reconocido líder en derechos civiles, debía pronunciar un discurso durante las conmemoraciones de Juneteenth en San Antonio, pero fue excluido debido a una demanda que su organización había interpuesto contra la administración del expresidente Donald Trump y su orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación.

El caso ha puesto en evidencia una tensión fundamental: ¿dónde termina la neutralidad política y comienza la censura? ¿Puede una organización jurídica justificar excluir a una figura clave de los derechos civiles bajo el argumento de evitar contenido "político"?

¿Qué motivó la anulación?

El ejecutivo del Colegio de Abogados, Trey Apffel, sostuvo que la participación de Johnson violaría las políticas del colegio sobre neutralidad política. Según Apffel, la demanda contra el gobierno representaba una posición política, ya que cuestionaba una acción ejecutiva del entonces presidente Trump.

La causa de la NAACP argumenta que los recortes planeados por el gabinete afectarían funciones esenciales del Departamento de Educación, como la protección contra la discriminación o el financiamiento de programas clave. Johnson defendió la postura de la organización afirmando:

“Esto no es político. Es constitucional. Es el trabajo de los abogados cuestionar el poder ejecutivo cuando sobrepasa sus límites. Esa es la esencia del Estado de Derecho.”

La incoherencia saltó a la vista cuando se reveló que en la reunión anual de 2023, el colegio había permitido que William Barr, exfiscal general de EE. UU. y figura cercana a Trump, ofreciera una conferencia.

La grieta de la doble vara

Johnson y otros críticos han señalado lo que consideran una doble moral. Mientras a él se lo excluye por razones "políticas", figuras históricamente ligadas al mismo tipo de controversia —como Barr durante su rol en la administración Trump— fueron aceptadas e incluso defendidas por el propio Colegio de Abogados.

En defensa de Barr, la expresidenta del Colegio, Laura Gibson, dijo:

“Es fácil defender a los oradores con los que estamos de acuerdo. Pero el verdadero compromiso con el Estado de Derecho es defender también a quienes nos resultan incómodos.”

No obstante, al basarse en un fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (noviembre de 2023), que obliga a la organización a abstenerse de emitir opiniones ideológicas o políticas, el Colegio está tomando decisiones cada vez más restrictivas.

De hecho, Apffel aclaró que si Barr se postulara como orador hoy, también sería vetado debido a las nuevas reglas de contenido.

Juneteenth y la importancia simbólica

La decisión fue aún más criticada por el contexto de la intervención de Johnson: la conmemoración de Juneteenth. Este feriado, celebrado cada 19 de junio, marca el día en 1865 en que los últimos esclavos en Texas fueron informados de su liberación, dos años después de la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln.

La exclusión de Johnson, primera figura nacional invitada negra de dicho evento, añade una carga simbólica dolorosa. Finalmente, el colegio optó por sustituirlo por Wallace B. Jefferson, exmagistrado afroamericano del Tribunal Supremo de Texas, considerado más acorde con el estándar "neutral".

El peligro de silenciar el debate constitucional

Expertos constitucionales y juristas han criticado duramente la decisión. En palabras de David Cole, director legal de la ACLU:

“Excluir una voz por ejercer el derecho constitucional de impugnar una orden federal no es neutralidad institucional; es rendirse al miedo de parecer político.”

La demanda de la NAACP, lejos de ser un manifiesto político, reclama la restauración de funciones legales esenciales que afectan directamente a millones de estudiantes, especialmente aquellos de comunidades históricamente marginadas.

Hablar de derechos civiles nunca ha sido completamente "neutral" en Estados Unidos. Desde Brown v. Board of Education (1954) hasta Roe v. Wade (1973), los avances fundamentales se han construido desde la acción legal y muchas veces se han enfrentado con escepticismo o rechazo institucional.

La sombra de la censura en otros estados

Este incidente no ocurre en el vacío. En todo EE. UU., especialmente en estados liderados por gobiernos republicanos, hay una tendencia creciente a regular y limitar contenidos en espacios públicos considerados "ideológicamente cargados".

En Dakota del Norte, por ejemplo, el gobernador republicano vetó una ley que habría prohibido materiales “explícitos” en bibliotecas escolares, otra manifestación de los temas políticos disfrazados de protecciones "morales". El mismo gobernador también vetó un programa de vales escolares para escuelas privadas a pesar del apoyo bipartidista, revelando una lucha profunda entre ideología y acceso equitativo a la educación.

Otros ejemplos alarmantes

• En Florida, múltiples leyes han permitido eliminar libros con temáticas LGBTQ+ de las bibliotecas escolares.
• En Texas, más de 850 libros fueron cuestionados o prohibidos entre 2021 y 2023, según PEN America, la mayoría en distritos conservadores.
• En Missouri, bibliotecarios enfrentan cargos por permitir acceso a materiales considerados "inapropiados" bajo nuevas leyes.

Estos ejemplos reflejan cómo las valoraciones políticas están insertándose subrepticiamente bajo la máscara de neutralidad o protección del menor.

¿Qué significa ser apolítico hoy?

La controversia con el Colegio de Abogados de Texas refleja una crisis más amplia de libertad de expresión en las instituciones profesionales y académicas. Ante el temor de represalias o controversias externas, las organizaciones evitan controversias a toda costa, aunque eso implique marginar voces clave para la justicia social.

Hay una diferencia entre mantenerse apartidario y ser antidemocrático. La neutralidad no debe convertirse en un sinónimo de pasividad ante el retroceso de derechos fundamentales.

Más aún cuando se trata del derecho a hablar sobre injusticias históricas y estructurales en momentos simbólicos como el Juneteenth. O como plantea Johnson:

“Estamos en una intersección democrática. ¿Vamos a honrar el rol de la Constitución y del Estado de Derecho, o vamos a suavizar nuestras posturas por temor a ofender?”

Una oportunidad para redefinir la neutralidad

Sí, las instituciones deben ser cuidadosas al evitar convertirse en plataformas partidistas. Pero esa prudencia no debe utilizarse como excusa para mezclar silencio con equidistancia. Cuando las políticas institucionales hacen eco a estructuras de exclusión, están dejando de ser neutrales y comienzan a ser cómplices del statu quo.

El caso de la NAACP y Derrick Johnson será recordado no solo como una anécdota en un calendario profesional, sino como un símbolo del delicado equilibrio entre la justicia y la estructura. Y tal vez, como un llamado a reflexionar sobre qué tipo de democracia queremos defender.