La batalla por una silla clave: ¿Un nuevo precedente de guerra electoral en Carolina del Norte?

Una disputa que trasciende las fronteras estatales

Cuando la jueza Allison Riggs, demócrata, lideraba ligeramente por 734 votos la contienda por un asiento en la Corte Suprema de Carolina del Norte, probablemente no imaginó que su competencia terminaría convertida en un símbolo nacional de la fragilidad democrática en Estados Unidos.

Lo que en principio debía ser una elección rutinaria se transformó rápidamente en una tormenta legal que ha puesto a prueba no solo al sistema electoral local, sino también a la independencia judicial, el uso estratégico de litigios electorales, e incluso la percepción ciudadana sobre el valor de su voto.

¿Legitimidad o táctica partidista?

El contrincante de Riggs, Jefferson Griffin, juez republicano del Tribunal de Apelaciones, decidió impugnar más de 65,000 boletas poco después de los comicios del 5 de noviembre de 2024. Aunque instancias estatales redujeron el número de votos impugnados a un rango entre 1,675 y 7,000, el impacto potencial sigue siendo significativo dada la estrechísima diferencia en los resultados.

Griffin y el Partido Republicano estatal argumentan estar “defendiendo la integridad electoral” al asegurarse de que solo se cuenten los votos legales. Pero para muchos ciudadanos, defensores de derechos civiles y observadores políticos, este proceso no solo resulta sospechoso, sino que podría marcar el inicio de una estrategia para revertir resultados adversos bajo una apariencia legal.

Una intervención federal con impacto nacional

La polémica alcanzó tal nivel que la Corte de Apelaciones del 4.º Circuito, con sede en Richmond, Virginia, intervino con una decisión dividida (2-1) para frenar, por el momento, la notificación a votantes cuyos sufragios podrían ser eliminados.

En la práctica, esto evita que se ponga en marcha el proceso judicial ordenado por tribunales estatales, que requeriría que electores militares o expatriados entreguen documentación adicional para mantener la validez de sus votos.

El juez federal Richard Myers aún deberá determinar si anular esos votos sería inconstitucional. Mientras tanto, la orden del circuito suspende cualquier posible acción de la Junta Electoral estatal:

“Prohibimos a la Junta Electoral de Carolina del Norte que envíe notificaciones a cualquier votante potencialmente afectado hasta que se resuelva la moción de orden preliminar”.

Las boletas cuestionadas: ¿una grieta legal en la democracia?

Las dos categorías de boletas en disputa son especialmente sensibles:

• Votos de ciudadanos nacidos en el extranjero cuyos padres eran residentes en Carolina del Norte, aunque ellos nunca hayan vivido en EE. UU.
• Votos de militares y expatriados que no incluyeron una copia de su identificación o la correspondiente forma de excepción.

Esta última categoría genera especial controversia. La legislación federal, como la Ley de Asistencia para Votar para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero (UOCAVA), garantiza el derecho al voto de miembros de las fuerzas armadas y votantes en el extranjero.

En su defensa, el equipo de Riggs ha afirmado que el intento de Griffin de excluir estas boletas “no solo es legalmente insostenible, sino que bordea la supresión del voto”. Dory MacMillan, portavoz de la campaña de Riggs, declaró:

“Se trata de un proceso de corrección profundamente confuso y gravoso para boletas que no tienen error alguno. Confiamos plenamente en que las leyes federales prohíben que se eliminen estos votos.”

¿Un ensayo general para 2026 y 2028?

Los observadores no tardaron en vincular esta disputa con un fenómeno más amplio. Desde 2020, diversas contiendas electorales han sido objeto de dudas por parte del Partido Republicano, incluso sin evidencia de fraude.

Grupos como Voting Rights Lab y Brennan Center for Justice advierten que estas maniobras jurídicas forman parte de una estrategia más grande para erosionar la confianza ciudadana y facilitar la reversión de resultados disfavorable en futuros procesos.

¿Podría utilizarse lo sucedido en Carolina del Norte como precedente en otras elecciones estatales críticas?

La estratega demócrata Janai Nelson lo resume así:

“Estamos viendo cómo los mecanismos democráticos son puestos a prueba de formas inéditas. La batalla por una sola boleta puede definir el curso de una elección y, en última instancia, de todo el poder judicial estatal.”

Una Corte Dividida, una nación polarizada

La decisión del 4.º Circuito refleja también la tensión política dentro del sistema judicial. Los jueces que avalaron la suspensión —Paul Niemeyer, nombrado por George H. W. Bush, y Toby Heytens, nombrado por Joe Biden— votaron a favor de frenar el proceso. Su colega disidente, Marvin Quattlebaum Jr., designado por Donald Trump, respaldó la intervención del tribunal estatal.

Este patrón refuerza una tendencia preocupante: el sistema judicial ha sido cada vez más objeto de partidización, en especial cuando se trata del control del sufragio y los mecanismos electorales.

La dimensión humana del litigio

Detrás de las cifras, de los jueces y de las estrategias partidarias, hay personas reales: soldados, ciudadanos estadounidenses viviendo en el extranjero, cuyos votos están siendo cuestionados.

La recuperación de una boleta puede parecer trivial en un conjunto de más de 5.5 millones de sufragios, pero es precisamente esta minuciosidad la que garantiza que el sistema funcione con transparencia. Anularlas por tecnicismos despierta el fantasma de la suppressive precision voting: supresión quirúrgica de votos basada en reglas ambiguas, aplicada con precisión política.

El caso Griffin vs. Riggs: ¿una llamada de atención nacional?

El peligro del caso no reside solo en el posible descarte de votos ni en la investidura de un magistrado. Está en lo que representa: una táctica replicable, ajustada con precisión legal, aplicable en otros estados como Georgia, Wisconsin o Pensilvania, donde márgenes estrechos pueden definir elecciones presidenciales o el control del Senado.

De hecho, los demócratas ya han alertado sobre la existencia de “think tanks” conservadores que analizan rendijas legales para reducir el voto por correo o implementar verificaciones difíciles de cumplir. En ese sentido, Griffin sería solo la punta de lanza.

¿Reacción o resurgimiento democrático?

La paradoja es que este tipo de disputas —aunque peligrosas en esencia— podrían provocar que la sociedad civil reaccione fortaleciendo mecanismos de protección al sufragio. Más vigilancia electoral, mayor educación cívica, y reformas legales para blindar los derechos de quienes votan desde el extranjero o en condiciones particulares.

Carolina del Norte, en este sentido, funciona como laboratorio democrático: allí están en juego el voto militar, el uso de tribunales para intervenir resultados, y la percepción de legitimidad institucional. El resultado del caso Griffin vs. Riggs marcará seguramente el rumbo de litigios similares en años electorales clave como 2026 y 2028.

Sea cual sea el resultado, el mensaje es claro: en la democracia moderna estadounidense, cada voto no solo cuenta, sino que puede ser impugnado, disputado e incluso eliminado.