Filantropía en tiempos de tensión política: cómo las fundaciones enfrentan el desafío de la administración Trump

En un contexto político cada vez más hostil hacia las organizaciones sin fines de lucro, algunas fundaciones están adoptando una postura audaz: incrementar significativamente sus aportes financieros para garantizar la continuidad del trabajo social, periodístico y cívico en Estados Unidos. Una de las principales protagonistas de este movimiento es la Fundación Marguerite Casey, que anunció una inversión de 130 millones de dólares en 2025 para respaldar a ONGs amenazadas por políticas federales.

Una respuesta ante la represalia gubernamental

Con la administración del presidente Donald Trump redoblando esfuerzos para controlar y sancionar a las organizaciones que no se alinean con su visión, la filantropía se transforma en un campo de resistencia. Como expresó Ian Fuller, presidente de la junta de la Fundación Marguerite Casey, “Estamos haciendo esto de forma explícita para asegurarnos de que las organizaciones tengan todo el peso de nuestros recursos para servir a las comunidades que se encuentran bajo ataque del gobierno”.

La expansión del presupuesto filantrópico es radical: desde 2019, la fundación había destinado entre 23 y 57 millones anuales; ahora, ese volumen casi se triplica. Este impulso tiene como foco no solo a antiguos beneficiarios, sino también a nuevas entidades como el Consejo Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro, que incluso ha emprendido acciones legales contra el gobierno por la congelación de fondos federales.

¿Por qué son importantes estas fundaciones?

El filántropo Jim Casey, fundador de UPS, creó la Fundación Marguerite Casey en 2001 con la misión de empoderar a comunidades marginadas. La fundación destaca por ofrecer subvenciones que financian hasta el 25% del presupuesto de sus beneficiarios durante cinco años. Este enfoque de inversión a largo plazo se alinea con la idea de crear cambios sostenibles en lugar de respuestas inmediatas.

Según Carmen Rojas, actual presidenta y directora ejecutiva de la fundación, “respaldamos organizaciones lideradas por las comunidades que garantizan que el gobierno trabaje para todos, no solo para los ricos y poderosos”.

Periodismo independiente bajo protección

Uno de los enfoques que tendrá este año la Fundación Marguerite Casey es el apoyo al periodismo independiente y local. Se destinarán fondos a medios como More Perfect Union, Deep South Today y el National Trust for Local News, todos ellos conocidos por su análisis crítico del poder político y económico. Esta iniciativa busca cubrir el vacío informativo en regiones donde los grandes conglomerados mediáticos ya no operan.

La misión es clara: preservar la libertad de expresión frente a un gobierno que, según sus detractores, intenta criminalizar la disidencia organizada.

Otras fundaciones se suman al impulso

El caso de la Fundación Marguerite Casey no es aislado. Otras entidades también han anunciado aumentos en sus donaciones:

• Fundación John D. y Catherine T. MacArthur: reconocida por su enfoque en derechos humanos y justicia social.
• Freedom Together Foundation: enfoca sus fondos en la equidad racial.
• Northwest Area Foundation: duplicará sus subvenciones en apoyo a comunidades indígenas y rurales.

No obstante, estos casos son excepcionales. La mayoría de las fundaciones se mantienen cautelosas, debido a que sus fondos provienen de fideicomisos permanentes diseñados para evitar la insolvencia a largo plazo. Según la Ley del Servicio de Impuestos Internos (IRS), deben gastar al menos el 5% anual de sus fondos, pero no están obligadas a ir más allá.

Un dilema ético para la filantropía

George Suttles, director ejecutivo del Commonfund Institute, cuestiona este conservadurismo financiero en tiempos de crisis. “¿Qué se supone que debemos hacer como comunidad filantrópica? ¿Gestionar activos a largo plazo o apoyar ahora a las comunidades que más nos necesitan? Creo que la respuesta es ambas”, dijo.

La pregunta es pertinente. ¿Es ético que las fundaciones mantengan millones de dólares invertidos mientras crecen las amenazas a derechos como la libertad de expresión, asociación o manifestación pacífica?

La ofensiva del gobierno contra las ONGs

Desde su llegada, el segundo mandato de Donald Trump ha buscado debilitar la independencia del sector no gubernamental. Algunos ejemplos destacados son:

• La investigación contra la Universidad de Harvard por su impunidad fiscal y su programa académico.
• La propuesta para insertar equipos de vigilancia gubernamental dentro de ONGs como el Instituto Vera de Justicia.
• La revisión de financiamiento federal a organizaciones con programas LGBTQ+ o antirracistas.

Incluso antes de ser vicepresidente, J.D. Vance declaró públicamente: “Deberíamos eliminar todos los privilegios fiscales que existen para las fundaciones sin fines de lucro. Si están gastando dinero para enseñar racismo, ¿por qué les damos incentivos fiscales?”.

Este discurso antagónico ha prendido alarmas especialmente en fundaciones que defienden causas de justicia social. Para muchas de ellas, el simple acto de donar se ha vuelto un posicionamiento político.

Más allá del dinero: nuevas formas de apoyo

No todas las iniciativas se reducen al plano financiero. En los últimos meses, organizaciones como Trust-Based Philanthropy Project han promovido la idea del acompañamiento solidario: una relación de confianza en la que los donantes ofrecen apoyo técnico, estratégico y emocional, además del económico.

Por su parte, el Consejo de Fundaciones (Council on Foundations) ha emitido una declaración en defensa de la libertad de donar, con más de 430 firmas de fundaciones. Uno de sus fragmentos más destacados señala:

“No todos compartimos las mismas creencias o prioridades. Pero como instituciones de beneficencia, estamos unidos por nuestro derecho constitucional a donar como expresión de nuestras convicciones”.

Final abierto para las ONGs

Si bien el panorama es incierto, lo que sí puede afirmarse es que la filantropía estadounidense se encuentra atravesando un cambio estructural. Ya no se trata solo de caridad, sino de defensa activa de las libertades civiles y del rol del tercer sector en una democracia.

El compromiso de fundaciones como Marguerite Casey demuestra que es posible responder con decisión en tiempos de desmantelamiento institucional. Su apuesta no solo es económica, sino moral: confían en que apoyar a quienes organizan, informan y resisten es invertir en el futuro mismo de la república.