¿Parques o escuelas cerradas?: la batalla por el acceso público a espacios comunitarios en Hawái

El debate sobre el uso público de las instalaciones escolares en Hawái ha cobrado un nuevo impulso con el caso de Mililani Middle School, donde una promesa incumplida de acceso a un estacionamiento ha provocado frustración entre los residentes y ha ejemplificado un problema más amplio: el acceso limitado a instalaciones públicas financiadas por el Estado.

Una promesa que nunca se materializó

En 2015, cuando la ciudad y el estado aprobaron la expansión del campus de Mililani Middle School —que incluía la construcción de un nuevo parking lot—, lo hicieron con un acuerdo claro: la comunidad también tendría acceso al estacionamiento, especialmente durante los fines de semana. Sin embargo, tras la finalización de la construcción en 2022, las puertas del estacionamiento permanecen cerradas.

“El estacionamiento es un caos”, afirma Ronlynn Arce, quien llega a las 4:30 a.m. al Parque Comunitario de Mililani Mauka para asegurar lugar antes del juego de fútbol bandera de sus hijos. “Pensamos que el lote escolar resolvería eso, pero nunca ocurrió”.

Un conflicto de compromisos y responsabilidades

El Departamento de Educación de Hawái (DOE, por sus siglas en inglés) sostiene que las organizaciones comunitarias pueden hacer uso del estacionamiento —y de otras instalaciones escolares— mediante una solicitud formal.

No obstante, desde 2023, Mililani Middle solo ha aprobado una docena de solicitudes, e incluso el presidente de la junta vecinal local, Dean Hazama, se muestra escéptico: “Eso no es el acceso público que se prometió. Fue un arreglo condicionado... condicionado a nada más que palabras”.

Un problema que se extiende por la isla

El problema en Mililani no es un caso aislado. En todo el estado, organizaciones deportivas locales, juntas vecinales y comunidades enfrentan dificultades similares al intentar acceder a gimnasios escolares, campos deportivos o auditorios.

Según el vocero del DOE, Derek Inoshita, el departamento recibe un promedio de 338 solicitudes mensuales para el uso de instalaciones escolares. Pero el sistema depende de la discrecionalidad de cada director, lo que ha generado inconsistencias claras. Un ejemplo destacado: una organización cristiana logró acceso a 12 escuelas, mientras que otras rechazaron su solicitud.

Barreras burocráticas y costos prohibitivos

El proceso para acceder a estas instalaciones no es sencillo. Se requiere:

• Llenar una solicitud estandarizada.
• Firmar un documento de exoneración de responsabilidad.
• Contar con un seguro de responsabilidad civil de al menos US$1 millón.
• Pagar tarifas que oscilan de US$2 por hora por usar un estacionamiento hasta US$232 por hora por un auditorio con aire acondicionado.

Además, si el evento requiere servicios de limpieza o seguridad, la organización usuaria debe cubrir esos gastos.

“Nos quisieron cobrar US$1,600 por usar un campo para prácticas de fútbol por tres meses. Eso no es viable para nosotros”, comenta Frances Sawai, coordinadora de una liga juvenil en Kāneʻohe, que actualmente practica en parques municipales gratuitamente (aunque con espacio limitado).

El tira y afloja entre acceso público y seguridad escolar

Desde el punto de vista del DOE, abrir los campus escolares conlleva riesgos. Según Dean Uchida, exsubsuperintendente del DOE, el temor a vandalismo, accidentes y problemas de seguridad pesa más que el beneficio potencial de comunidad.

El consultor Kenneth Trump, presidente de National School Safety and Security Services, dice que incluso pequeños eventos «pueden vulnerar la seguridad si no se monitorean adecuadamente». Según Trump, algunas escuelas ya siguen buenas prácticas: piden las solicitudes por adelantado, vetan a los participantes y requieren vigilancia adicional.

¿Qué dice la ley y qué han intentado hacer los legisladores?

En 2023, el Concejo de la Ciudad de Honolulu aprobó una resolución para instar al Departamento de Parques a trabajar con el DOE en acuerdos de uso compartido. Sin embargo, más de un año después, no se han alcanzado nuevos acuerdos.

La legisladora estatal Trish La Chica propuso una resolución para abrir instalaciones escolares a pleno uso comunitario fuera del horario escolar. Su modelo: San Diego, donde un acuerdo mutuo permite acceso público a instalaciones escolares a cambio de que la ciudad aporte recursos de mantenimiento.

No obstante, la propuesta no prosperó. La Oficina del Fiscal General advirtió que exponer los campus escolares a uso irrestricto podría resultar en demandas legales e incremento de costos para el estado.

La ironía del “compartir” los espacios

Lo más irónico, según los representantes comunitarios, es que muchas escuelas ya utilizan parques públicos para actividades deportivas, evacuaciones o eventos escolares. Según datos del mismo DOE, en 2023 se realizaron 560 eventos escolares en parques públicos. Pero a la hora de corresponder el favor, la burocracia triunfa sobre el espíritu comunitario.

“Si este es un espacio compartido, ¿cuál es la kuleana compartida?”, se pregunta Evan Weber, miembro de la junta vecinal de Kailua, usando el término hawaiano para “responsabilidad”.

Mililani: una microdosis del problema más amplio

Lo que ocurre en Mililani es un reflejo del debate estatal. Más allá del problema del estacionamiento, vecinos, como Arce, padres voluntarios, y entrenadores argumentan que comunidades completas se ven afectadas por una política que cierra espacios públicos cuando más se necesitan.

“Nos dijeron que sería para todos nosotros”, recuerda Arce. “Pasaron tres años desde que lo terminaron y las puertas siguen cerradas. Nadie nos da una razón clara”.

¿Hacia dónde debe ir la política pública?

Quizás el modelo de San Diego Unified School District sea el camino intermedio ideal: acuerdos formales, mantenimiento compartido y monitoreo de participantes. Otras jurisdicciones como Nueva York y Boston tienen “programas de uso conjunto” específicos, con sistemas digitales para solicitudes fáciles y respuesta en cuestión de días.

“No pedimos que dejen la puerta abierta todo el tiempo”, dice Esther Kiaʻāina del concejo de Honolulu. “Pedimos cumplimiento con acuerdos existentes, y luego, abrir el diálogo para mejorar. No es ideal que campos, gimnasios o parking lots se queden vacíos mientras afuera están abarrotados”.

Las familias como la de Arce seguirán llegando de madrugada al parque para luchar por lugar. Y muchas seguirán preguntando: si los fondos públicos construyeron estas instalaciones, ¿por qué no podemos usarlas?