¿Libertad religiosa o favoritismo político? La polémica cruzada cristiana en el gobierno de Trump

En los últimos meses, la agenda del expresidente Donald Trump ha reenfocado parte de su energía política hacia uno de los temas más polémicos y debatidos en la historia moderna de Estados Unidos: la religión en las instituciones públicas. Desde el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) hasta la Comisión de Asistencia Electoral (EAC), varias iniciativas impulsadas por su administración han generado un nuevo debate nacional que enfrenta conceptos fundamentales como la libertad de culto, la neutralidad del Estado y la igualdad religiosa.

Un correo que encendió la alarma

Doug Collins, secretario del VA, disparó las alarmas cuando envió un inusual correo masivo a toda la fuerza laboral del departamento pidiendo que reportaran cualquier caso de "discriminación anti-cristiana". El mensaje, filtrado primero por The Guardian, pedía detalles como nombres, fechas y ubicaciones sobre dichos actos y fue recibido como una señal de alarma por defensores de los derechos civiles.

“Todos, incluyendo a los cristianos, deberían poder vivir y creer como deseen, siempre que no dañen a los demás”, señaló Rachel Laser, presidenta de Americans United for Separation of Church and State. “Pero esta fuerza de trabajo usará la libertad religiosa para justificar la discriminación, el prejuicio y subvertir las leyes civiles”.

¿Nueva cruzada pro cristiana?

Este movimiento se enmarca dentro de un eje mayor: la orden ejecutiva firmada por Trump que creó una fuerza de trabajo interinstitucional para erradicar la supuesta discriminación contra los cristianos. Presidida por la fiscal general Pam Bondi e integrada por múltiples representantes del gabinete, la iniciativa busca revisar políticas federales, identificar acciones “anti-cristianas” y recomendar cambios para corregir posibles errores del pasado.

Críticos de la medida afirman que representa una desviación alarmante del principio constitucional de separación Iglesia-Estado, mientras sus defensores alegan que, por años, las creencias cristianas han estado bajo ataque en nombre del progreso y la inclusión. Los ejemplos sugeridos por el correo del VA incluyen desde sanciones por negarse a participar en abortos u ofrecer terapias hormonales a personas transgénero, hasta reprimendas por mostrar símbolos cristianos en el lugar de trabajo.

Veteranos divididos

La medida tiene lugar mientras el VA enfrenta una posible reestructuración que podría eliminar hasta 80,000 puestos de trabajo, lo que genera preocupación e incertidumbre en la institución encargada de atender la salud y el bienestar de millones de veteranos estadounidenses.

El senador demócrata Richard Blumenthal fue directo al señalar el riesgo: “Estas acciones amenazan con dividir a la comunidad veterana favoreciendo una religión por encima de otras... Desde el nacimiento de nuestra nación, los veteranos han luchado para defender la libertad, incluyendo la libertad de vivir sin interferencia religiosa del gobierno”.

Una comisión electoral en la mira

Pero el VA no está solo. La Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. (EAC), formada tras el polémico recuento de votos de Florida en el año 2000, ha vuelto al centro del debate político luego de recibir órdenes de Trump para modificar el formulario nacional de registro de votantes y exigir prueba de ciudadanía.

La EAC fue creada por el Congreso en 2002 como una respuesta a la “crisis del chad colgante”, la cual generó una disputa legal que definió la presidencia de George W. Bush. Su misión era clara: modernizar el sistema de votación, ofrecer guías sobre el equipamiento electoral y garantizar un sistema justo y transparente para todos los ciudadanos. Sin embargo, Trump ha querido darle un giro ideológico.

Un mandato ejecutivo sin dientes legales

El mandato de Trump exige dos cosas principalmente: actualizar el formulario nacional de votantes para añadir una prueba documental de ciudadanía y cortar financiamiento federal a los estados que se nieguen a implementarlo. Sin embargo, decenas de expertos legales, funcionarios electorales y líderes estatales han señalado que estas directrices probablemente no resistirán el escrutinio judicial.

“Es prácticamente imposible exigir a la EAC que cree nuevas directrices electorales bajo criterios dudosos en solo 180 días”, afirmó David Becker, abogado del Departamento de Justicia e integrante del Center for Election Innovation & Research. Becker sugiere que estas medidas están hechas para generar caos más que resultados concretos.

De hecho, múltiples demandas ya han sido presentadas por grupos pro derechos del voto y fiscales demócratas de 21 estados, alegando que el presidente excedió su autoridad ejecutiva al intentar imponer su agenda sobre una agencia creada como independiente del poder presidencial.

Religión, identidad nacional y voto: una mezcla peligrosa

Estas medidas salpican además una doctrina fundamental estadounidense: la igualdad de todas las creencias religiosas ante el Estado. Al alimentar una narrativa de “persecución cristiana”, la administración Trump busca empoderar a su base religiosa y conservadora bajo el estandarte de la libertad religiosa, pero a menudo en detrimento de principios fundacionales.

La aplicación selectiva de estas políticas también ha desatado preocupación entre minorías religiosas y laicas. ¿Qué ocurre con musulmanes, judíos, ateos o incluso cristianos que no se alinean políticamente con la gestión actual? ¿Tiene el Estado derecho a involucrarse en cuestiones de fe bajo el pretexto de proteger una creencia específica?

“Este tipo de iniciativas son una espada de doble filo”, argumenta Justin Levitt, exfuncionario del Departamento de Justicia y experto en leyes constitucionales. “Pueden parecer defensa religiosa, pero fácilmente se convierten en herramientas para promover valores ideológicos por encima del interés público”.

¿Qué sigue para la Comisión Electoral?

La EAC celebrará su reunión anual en Carolina del Norte, donde los representantes estatales probablemente plantearán dudas sobre la viabilidad y legalidad del mandato presidencial. Hasta ahora, la agencia ha declarado que seguirá el proceso normal, incluyendo consultas públicas, como lo exige la ley federal.

Mientras tanto, los litigios seguirán su curso y el papel de la EAC como bastión institucional independiente será puesto a prueba. Su presidente, Donald Palmer, ha afirmado que “están dentro del poder ejecutivo, pero como agencia independiente”, lo cual será crucial para determinar cuánto peso real tiene una orden presidencial directa sobre el organismo.

La tensión entre fe y política aumenta

Las nuevas cruzadas de la administración Trump exponen con crudeza la lucha política que se libra dentro de las instituciones americanas, entre la neutralidad constitucional y la instrumentalización de la fe como herramienta de poder. Para unos, es una necesaria defensa de valores tradicionales; para otros, una peligrosa erosión de la democracia pluralista.

En tiempos donde la polarización ideológica y religiosa alcanza niveles históricos, el equilibrio entre libertad de culto, derechos civiles y pluralismo se convierte en una tarea compleja, pero esencial para el futuro institucional de EEUU.