Costa Rica, una encrucijada humanitaria: El dilema migratorio en la frontera olvidada

Pocas veces América Central ha estado en el centro del debate migratorio global como ocurre actualmente con Costa Rica y su vecina Panamá. Las imágenes y denuncias recientes nos obligan a mirar hacia esta región que se ha convertido, de facto, en el contenedor de una política exterior estadounidense de deportaciones masivas, afectando a cientos de migrantes de Asia Central, Sudamérica y más allá. ¿Qué hay detrás de esta crisis cada vez más silenciada?

El éxodo asiático-africano en suelo tico

En febrero de 2025, un vuelo llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, Costa Rica. No era un vuelo comercial ni de turismo: era un transporte masivo de migrantes deportados desde Estados Unidos, la mayoría originarios de India, Afganistán, Rusia, China y Pakistán. Según datos de organizaciones de derechos humanos y fuentes gubernamentales, se estima que fueron cerca de 200 personas, incluyendo 81 menores de edad.

La mayoría fueron detenidos en un centro de detención improvisado, ubicado en una antigua fábrica cerca de la frontera con Panamá. Las condiciones eran deplorables: sin acceso a educación, atención psicológica o un debido proceso legal, según una demanda presentada por el Global Strategic Litigation Council ante la ONU.

Permisos humanitarios: ¿alivio o antídoto temporal?

La reacción del gobierno costarricense ante la indignación internacional se tradujo en una medida paliativa: permiso de permanencia temporal por tres meses para ciertos migrantes. No se especificó cuántos migrantes recibirán este beneficio, pero las autoridades indicaron que se haría por “razones humanitarias”.

“Es un paso en la dirección correcta,” afirmó Silvia Serna Román, una de las abogadas que presentó la demanda. No obstante, ella misma advirtió sobre las limitaciones prácticas de esta resolución: los migrantes no podrán trabajar mientras tengan este permiso. ¿Cómo sobrevive una familia si no se le permite trabajar?

La política de “tercer país seguro” maquillada de cooperación

Desde la administración Trump, se ha esbozado una estrategia ampliamente criticada conocida como “externalización de las fronteras”. Es decir, en lugar de lidiar con los migrantes internamente, el gobierno estadounidense negocia con países como México, Guatemala, Honduras o Costa Rica para que ellos los retengan.

Panamá, bajo presión por múltiples demandas, también liberó recientemente a migrantes deportados. Pero, lejos de garantizarles atención o albergue, los abandonó en las calles de Ciudad de Panamá, sin posibilidades de asilo ni condiciones mínimas para vivir, según lo informado por activistas locales.

Estas prácticas han llevado a algunos observadores a calificar a estos países como “agujeros negros migratorios”, donde miles de personas quedan en un limbo jurídico, social y económico.

Niños migrantes: las víctimas invisibles

Entre los migrantes, 81 eran niños, una cifra que destaca la dramatización humana del problema. Los menores fueron mantenidos en condiciones comparables a un internamiento forzado, sin posibilidad de asistir a clases, recibir apoyo psicológico o comunicarse regularmente con sus familias.

De acuerdo con la UNICEF, los niños migrantes tienen derecho a una educación continua, protección frente a las detenciones arbitrarias y acceso a asistencia médica.

Estos principios fueron incumplidos flagrantemente. Es por eso que la denuncia de abogados internacionales no solo es válida, sino imprescindible para frenar lo que podría considerarse una forma moderna de detención extralegal infantil.

¿Permitir moverse pero no trabajar?

La paradoja legal de los permisos temporales humanitarios que otorga Costa Rica es evidente: los migrantes pueden circular libremente por el país durante tres meses, mientras gestionan su estadía o logran salir, pero no pueden realizar ninguna actividad remunerada.

Muchos de ellos dejaron atrás países sumidos en conflictos, regímenes autoritarios o pobreza extrema. Algunos, como los procedentes de Afganistán o Rusia, temen por su vida si regresan. El no poder generar ingresos obstaculiza su integración, incluso a corto plazo.

“Un permiso que garantiza movilidad pero no sustento es un castigo disfrazado,” fue la tajante reacción de Serna Román en conferencia de prensa.

¿Dónde queda el derecho internacional?

Organismos como ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, establecen que las naciones deben garantizar el mínimo de derechos humanos a solicitantes de asilo. Aunque Costa Rica ha sido históricamente elogiado por su respeto a los derechos humanos, la presión internacional está evidenciando grietas en ese modelo.

Además, algunos analistas apuntan a que Costa Rica está siendo víctima de intereses geopolíticos mayores: el traslado silencioso de deportaciones masivas desde EE.UU., sin infraestructura ni protocolos apropiados en los países receptores.

¿Qué soluciones reales existen?

Algunos expertos han sugerido alternativas más sostenibles:

• Permisos de trabajo temporales para migrantes en espera de resolución.
• Creación de centros de atención dignos con servicios básicos: salud, educación, asistencia legal.
• Acuerdos de cooperación regional entre Costa Rica, Panamá, México y Estados Unidos para compartir la carga migratoria con equidad.
• Involucramiento decidido de organismos internacionales como ACNUR, OIM y UNICEF no solo como observadores sino como actores clave en la implementación de soluciones.

Silenciar el problema no hará que desaparezca. La región necesita una respuesta coordinada, urgente y, sobre todo, compasiva.

Panamá y Costa Rica, retrato de contrastes

Mientras Costa Rica permite cierto grado de movilidad a los migrantes, Panamá ha demostrado el rostro más crudo del abandono: procesos truncados, deportaciones relámpago, cero asistencia y devoluciones extrajudiciales. El contraste entre ambas naciones ha sido utilizado por académicos y organizaciones como termómetro para comprender las políticas represivas en contextos de flujos migratorios.

“No se puede hablar de cooperación internacional cuando se utiliza a países como depósitos humanos,” señalaba un informe de Human Rights Watch en 2024.

¿Un nuevo capítulo para la migración internacional?

Si bien es cierto que Estados Unidos tiene todo el derecho a controlar sus fronteras, también es cierto que sus acciones tienen impactos globales. Al desplazar sus fronteras hacia el sur —literal y políticamente— convierte a países como Costa Rica y Panamá en actores forzados de su política exterior.

La pregunta fundamental que queda en el aire: ¿quién cuida a los que ya no tienen a dónde regresar ni a quién recurrir?

En esta crisis tan compleja como invisibilizada, Costa Rica ha dado un pequeño paso hacia la dignidad. Pero hace falta mucho más para transformar un acto humanitario provisional en una política migratoria respetuosa de derechos y sostenida en el tiempo.