Corrupción política y leyes migratorias: el doble filo del poder en Tennessee

Nashville, Tennessee vive una tormenta política que ha ido más allá del escándalo. Mientras el ex presidente de la Cámara de Representantes del estado, Glen Casada, y su ex jefe de gabinete, Cade Cothren, enfrentan un juicio federal por una compleja red de fraude, sobornos y lavado de dinero, el estado también lidera una ola legislativa antimigrante que busca invalidar licencias de conducir emitidas a inmigrantes en situación irregular.

Ambos eventos, uno judicial y otro legislativo, parecen desconectados a simple vista. Pero si rascamos bajo la superficie, surge un patrón común: el uso del poder político para favorecer objetivos personales y reforzar una agenda ideológica que prioriza el control y la exclusión.

El escándalo Phoenix Solutions: política pagada con dinero público

Glen Casada y Cade Cothren están acusados de coordinar un esquema fraudulento en el que crearon una firma ficticia de marketing político, Phoenix Solutions, para beneficiarse con fondos públicos. La empresa, supuestamente dirigida por un tal Matthew Phoenix —una identidad falsa creada por Cothren— recibió más de $52,000 del estado bajo la apariencia de ofrecer servicios de correo directo y consultoría política a legisladores.

El engaño se profundizó al usar registros anónimos en Nuevo México para ocultar a los verdaderos dueños, y al inventar una segunda identidad, Candice, interpretada por la entonces novia de Casada. En el trasfondo, el dúo había sido forzado a renunciar a sus cargos tras varios escándalos: desde mensajes de texto con contenido sexual y racista hasta consumo de drogas en edificios legislativos.

Según los fiscales federales, Cothren además habría pagado al menos $35,000 en sobornos a Casada y a la legisladora Robin Smith, quien aceptó su culpabilidad y ahora colabora como testigo estrella para la fiscalía.

La historia detrás de los nombres: de aspirantes a reformistas a símbolos del cinismo

Casada, un republicano de Williamson County, comenzó su mandato como presidente de la Cámara en enero de 2019 prometiendo eficiencia y firmeza. Sin embargo, su liderazgo quedó marcado por maniobras oscuras como cuando mantuvo abierta la votación para aprobar un programa de vales escolares hasta que un legislador cambió su voto, situación que generó rumores de promesas ilegales a cambio de apoyo.

Robin Smith, supuesta reformadora conservadora, también terminó siendo pieza clave del fraude que pretendía hacerse pasar por contratación legítima de servicios políticos. Mensajes de texto aportados como evidencia muestran cómo Smith y Cothren discutían detalles de la identidad falsa de "Matthew Phoenix".

Cameron Sexton y su testimonio incómodo

Otro nombre importante en el juicio es el actual presidente de la Cámara en Tennessee, Cameron Sexton, quien desde 2019 ha apoyado activamente la investigación. Su testimonio podría ser relevante, dado que Cothren alega haber ayudado a Sexton políticamente incluso después de su despido abrupto en medio de los escándalos.

Para sustentar su defensa, los abogados de Cothren consiguieron que el juez autorizara citaciones judiciales para obtener los registros telefónicos de Sexton, buscando probar que su cliente aún era influyente y en contacto con líderes legislativos, pese a sus antecedentes.

Cuando el poder se ensaña: las licencias para inmigrantes bajo fuego

Mientras la justicia intenta lidiar con esta madeja de corrupción en las altas esferas legislativas, otro capítulo siniestro se desarrolla en paralelo. El mismo ambiente político que impulsó el ascenso y caída de figuras como Casada ahora enfila su energía contra los inmigrantes mediante leyes que invalidan licencias de conducir de otros estados si han sido emitidas a personas sin estatus migratorio legal.

Tennessee se suma a una lista creciente de estados republicanos —Florida, Wyoming, Alabama— que han introducido o aprobado proyectos de ley para desautorizar este tipo de licencias. En palabras del líder de la mayoría republicana en la Cámara, William Lamberth: "El letrero dice: 'Bienvenido a Tennessee, los inmigrantes ilegales no son bienvenidos'".

El símbolo por encima del sentido práctico

La legislación busca evitar que inmigrantes obtengan licencias en otros estados donde son legales —como California, Nueva York o Colorado— y las usen para conducir en Tennessee. Sin embargo, abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que su implementación es simbólica más que efectiva, y que genera un ambiente de miedo y confusión entre los inmigrantes, legales o no.

Jeannie Economos, de la Asociación de Campesinos de Florida, señaló: “Muchas personas han cruzado estados solo para obtener una licencia válida y ahora, al llegar a Tennessee o Florida, viven con miedo de ser castigadas por hacerlo”.

En Tennessee, donde vivir sin automóvil equivale a una sentencia de aislamiento económico, la negación del derecho a conducir complica aún más la vida de miles de inmigrantes, incluso si cuentan con licencias válidas emitidas legalmente en otros estados.

REAL ID y la estandarización federal

En paralelo, a partir del 7 de mayo, entrará plenamente en vigor la ley federal REAL ID, una normativa aprobada hace 20 años que establece estándares nacionales mínimos de identificación. A efectos prácticos, solo las licencias con una estrella son válidas para, por ejemplo, abordar vuelos comerciales domésticos o ingresar a edificios federales.

Aun así, los estados conservan la libertad de emitir licencias separadas para personas que no pueden presentar prueba de residencia legal, siempre que pasen otros requisitos básicos como el examen visual y de leyes viales. En estados como Connecticut y Delaware, estos documentos llevan marcas especiales para distinguirlos. Es justamente contra estas marcas que Florida y otros estados dirigen su ira legislativa.

¿Control migratorio desde los estados?

Según la abogada en inmigración Kathleen Campbell Walker, este conjunto de leyes demuestra una tendencia preocupante de los estados a inmiscuirse en temas tradicionalmente federales como la inmigración. “Es una forma de politizar problemas administrativos y proyectar fuerza sin ofrecer soluciones reales”, afirmó.

Estas leyes arriesgan legal challenges por vulnerar el principio de preeminencia federal, es decir, que el gobierno federal tiene la última palabra sobre política migratoria. La misma Departamento de Justicia ya ha impugnado leyes similares en Nueva York. También hay dudas sobre su constitucionalidad pues pueden afectar a personas legalmente residentes o ciudadanos al no distinguir entre tipos de licencias no-REAL ID.

Un mosaico de hipocresía y control

Lo irónico en este contexto es que justamente quienes lideran cruzadas legales supuestamente basadas en la garantía de “ley y orden” en Tennessee, son los mismos que están en el banquillo por corrupción: uso indebido de fondos públicos, identidades falsas, y sobornos.

¿Cómo puede una administración justificar la exclusión legal y simbólica de inmigrantes cuando sus propios líderes manipulan el sistema en beneficio propio?

El precio del poder sin ética

El juicio a Casada y Cothren aún está en desarrollo, pero independientemente del veredicto, ya ha expuesto los graves problemas éticos y estructurales en la política estatal. Al mismo tiempo, la represión contra inmigrantes a través de restricciones absurdas a licencias de conducir sugiere una política más interesada en castigar que en gobernar eficazmente.

Entre fantasmas de "Matthew Phoenix" y carteles de “no bienvenidos”, Tennessee se encuentra ante un espejo que refleja algo más profundo: gobiernos locales dispuestos a torcer la ley a su conveniencia mientras criminalizan con celo a los más vulnerables.