La batalla legal por los derechos de los estudiantes internacionales en EE.UU.

Una tormenta legal se ha desatado en torno a los derechos de los estudiantes internacionales en Estados Unidos. En una reciente demanda colectiva presentada en un tribunal federal de New Hampshire, diversas organizaciones afiliadas a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) buscan restaurar el estatus migratorio de más de 1,100 estudiantes que se vieron atrapados en políticas restrictivas implementadas durante la administración de Donald Trump.

El contexto: políticas migratorias cada vez más estrictas

Desde marzo de 2024, estudiantes de más de 170 universidades y sistemas universitarios han visto cómo, de la noche a la mañana, sus visados F-1 para estudios académicos fueron revocados, dejándolos en una situación de vulnerabilidad frente a la amenaza inminente de la deportación. Estos eventos constituyen solo el capítulo más reciente en una historia más larga de políticas migratorias restrictivas hacia los estudiantes extranjeros.

El director legal de ACLU en New Hampshire, Gilles Bissonnette, lo resume así: “Los estudiantes internacionales son una comunidad vital en nuestras universidades, y ninguna administración debería burlar la ley para despojarlos unilateralmente de su estatus, interrumpir sus estudios y exponerlos a la deportación.”

¿Qué dicen los estudiantes afectados?

Los testimonios incluidos en la demanda colectivamente pintan un panorama de confusión, miedo e incertidumbre. La mayoría de los estudiantes fueron informados sin previo aviso de la revocación de su estatus, a menudo justo antes de periodos de exámenes o semestres clave. Algunos recibieron correos electrónicos, mientras que otros se enteraron al ser detenidos en aeropuertos o al intentar renovar documentos.

En algunas universidades como MIT, Harvard, University of Vermont y la Universidad de Puerto Rico, se han confirmado casos emblemáticos. Las instituciones, en muchos casos, han expresado su apoyo público a estos alumnos, aunque chocan con la falta de claridad legal y con los mecanismos administrativos federales.

El recurso legal: ¿una solución temporal o el inicio de una reforma?

La demanda presentada busca una inmediata restitución del estatus legal de los estudiantes e impugna que el gobierno haya tomado decisiones unilateralmente, violando el debido proceso. En tres estados —New Hampshire, Wisconsin y Montana— los jueces ya han concedido órdenes de restricción temporales para proteger a los estudiantes mientras se tramita la demanda.

¿Cuál es la base legal? El argumento central de los demandantes es que el gobierno federal violó la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda, al revocar estatus sin notificación ni oportunidad de apelar. Además, alegan violaciones al Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo), que regula cómo el gobierno puede modificar políticas públicas.

La dimensión humana del conflicto

Detrás de cada cifra hay una historia personal. Estudiantes que dejaron todo en su país de origen, que invirtieron años en carreras científicas, tecnológicas, humanísticas. Muchos cuentan con becas, contribuyen a proyectos de investigación avanzados e incluso tienen vínculos laborales legítimos con compañías estadounidenses bajo el programa OPT (Optional Practical Training).

En Puerto Rico, por ejemplo, un estudiante de ingeniería civil oriundo de Nigeria relató: “Me desperté, abrí mi correo electrónico y sólo vi un mensaje que decía que ya no tenía estatus. Nunca me dijeron por qué, nunca me pidieron más documentos. Hoy temo por mi futuro.”

Impacto económico y académico de la política migratoria

Además de la dimensión humanitaria, está el impacto económico. Según el informe más reciente del Institute of International Education (IIE), los estudiantes internacionales contribuyeron con más de $40 mil millones a la economía estadounidense en 2023. Representan un eje central en programas de posgrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Universidades que pierden a estos estudiantes también pierden diversidad cultural, ingresos vitales y fuerza investigadora. No es coincidencia que muchas universidades hayan iniciado campañas de presión política, aliándose con senadores y congresistas para frenar esta tendencia.

No es el único caso: una tendencia creciente

La administración de Trump ya había intentado endurecer las normas para visados estudiantiles. En 2020, por ejemplo, propuso que los estudiantes extranjeros no pudieran cursar clases enteramente en línea sin perder su estatus, lo que habría afectado profundamente durante la pandemia de COVID-19. Aquella iniciativa fue retirada tras una lluvia de demandas y medidas cautelares.

Hoy, aunque Trump ya no está en el poder, muchas políticas siguen vigentes por inercia administrativa o falta de reforma formal. Frente a ello, los abogados de los estudiantes buscan no sólo soluciones puntuales, sino sentar precedentes legales que limiten futuros abusos del poder ejecutivo en este ámbito.

El debate político: entre inmigración y educación

Este caso se suma a un debate mayor sobre la relación entre inmigración y acceso a la educación. Para algunos sectores conservadores, la entrada de estudiantes internacionales supone una carga para el país, aunque los datos lo contradicen. Para otros, es una cuestión de tolerancia y apertura global.

En la antesala de las elecciones presidenciales de 2024, el tema migratorio vuelve a ser un eje retórico, con los demócratas pidiendo mayor inclusión, y los republicanos exigiendo orden y seguridad.

¿Qué sigue ahora para los estudiantes?

La demanda colectiva tardará meses en resolverse. Mientras tanto, los estudiantes viven una especie de limbo, atrapados entre abogados, audiencias, reglamentos oscuros y la presión de continuar con sus estudios.

Una posible solución sería que el Congreso apruebe reformas claras que blinden los derechos de esta población ante cambios de gobierno. Otra, más inmediata, sería que las agencias migratorias adopten guías permanentes, con procesos transparentes de revocación y apelación. Por ahora, la esperanza de más de mil estudiantes recae en los tribunales federales.

No se trata sólo de visados

En última instancia, este caso refleja el espíritu de la educación superior en Estados Unidos: libre, inclusiva y global. Rechazar a estas personas es socavar la reputación cultural y académica de instituciones centenarias. Universidades como Harvard o Stanford deben su excelencia precisamente a atraer talento global.

Como bien dijo el fallecido senador John McCain: “Cuando expulsas estudiantes brillantes que quieren ser estadounidenses, estás expulsando el futuro de América.”