La batalla legal por la identidad de género y la libre expresión en EE.UU.: ¿Derechos en peligro?

En medio de un entorno político cada vez más polarizado en Estados Unidos, dos casos recientes han encendido las alarmas sobre los derechos civiles: la lucha judicial por el derecho de las personas no binarias y transgénero a tener pasaportes que reflejen su identidad de género, y la detención de una estudiante universitaria extranjera —posiblemente en represalia por sus opiniones políticas—. Ambos sucesos exponen profundas tensiones entre política, legalidad y derechos fundamentales.

Bloqueo judicial al veto de pasaportes con marcador 'X': un respiro para la comunidad trans y no binaria

En una decisión que ha sido celebrada por organizaciones de derechos civiles, la jueza federal Julia Kobick emitió un bloqueo preliminar contra una orden ejecutiva emitida por el expresidente Donald Trump, que buscaba restringir el uso del marcador 'X' en pasaportes estadounidenses. Esta medida afectaba directamente a personas no binarias, transgénero e intersexuales, impidiéndoles elegir un marcador que correspondiera con su identidad de género.

La orden ejecutiva impugnada también introducía una definición legal limitada del sexo: únicamente masculino o femenino, determinada por los genitales al nacer. Esta postura contrasta abiertamente con los estándares médicos recomendados por asociaciones como la American Medical Association y la American Psychological Association, que reconocen la identidad de género como un aspecto multifacético y más allá de la mera biología.

La jueza Kobick argumentó que la política debía someterse a un análisis de escrutinio intermedio, dado que clasifica a las personas según su sexo. Al respecto, señaló que "el gobierno no ha demostrado que sus acciones estén sustancialmente relacionadas con un interés gubernamental importante".

La American Civil Liberties Union (ACLU), que presentó la demanda en representación de siete personas trans y no binarias, recalcó que la política de pasaportes constituía una forma sistemática de discriminación. "Todos tenemos derecho a documentos de identidad precisos. Esta política invita al acoso, la discriminación y la violencia contra personas transgénero que no pueden obtener un pasaporte que refleje quiénes son", declaró la abogada Sruti Swaminathan de la ACLU.

¿Por qué importa el marcador 'X'?

Desde 2021, el gobierno del presidente Joe Biden permitió que ciudadanos estadounidenses pudieran elegir la opción 'X' como marcador de género, sin necesidad de proporcionar documentación médica. Esta medida fue un significativo paso adelante, respaldado por las Naciones Unidas y adoptado en diversos países, incluidos Canadá, Alemania y Australia.

Eliminar esta opción tendría impactos directos: impediría que personas trans y no binarias viajen al extranjero, renueven sus pasaportes o accedan a servicios diplomáticos. Además, representaría un retroceso en términos de derechos humanos y visibilidad.

Rumeysa Ozturk: ¿una detención con motivaciones políticas?

En paralelo al caso del pasaporte, se conoció la situación de Rumeysa Ozturk, una estudiante doctoral turca de la Universidad de Tufts, quien fue detenida por autoridades migratorias estadounidenses en marzo de 2024. Lo que inicialmente parecía un procedimiento común de inmigración se tornó en un caso legalmente turbio y potencialmente con motivaciones políticas.

Ozturk fue detenida mientras caminaba por un suburbio de Boston, después trasladada por distintos estados —incluido Luisiana— sin que sus abogados pudieran contactarla durante más de 24 horas. Su defensa alega que su detención fue en represalia por haber coescrito un artículo de opinión que criticaba la política universitaria hacia Palestina.

Ese artículo exigía que Tufts reconociera el "genocidio palestino", revelara sus inversiones y se desvinculara de compañías relacionadas con Israel. Declaraciones como estas, aunque protegidas por la Primera Enmienda, han generado controversia dentro y fuera del campus universitario.

El papel del sistema judicial

El juez federal William Sessions ordenó que Ozturk fuera traída de vuelta a Vermont antes del 1 de mayo para examinar su posible liberación. Aunque un juez migratorio ya había negado su libertad bajo fianza, Sessions se pronunció a favor de evaluar el carácter constitucional de su detención.

“Creemos que la deportación o la detención prolongada de Ozturk viola derechos garantizados, como la libre expresión y el debido proceso”, indicó su equipo legal.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Ozturk estaba siendo investigada por presuntos lazos con el grupo Hamas, aunque no se proporcionaron pruebas al respecto. La detención de estudiantes internacionales por sospechas de simpatía política constituye un giro preocupante que recuerda prácticas de vigilancia ideológica vistas durante la Guerra Fría.

Represión y disuasión: una tendencia que va tomando fuerza

Ozturk no está sola. Varios estudiantes con visado han sido recientemente interrogados, detenidos o deportados por participar en protestas a favor de Palestina. Estas acciones, en apariencia, buscan establecer una atmósfera de disuasión, lo cual pone en riesgo la libertad académica y la dinámica crítica tradicionalmente defendida por las universidades estadounidenses.

En contraste, mientras defensores de la libertad de expresión claman justicia para estudiantes detenidos, otras entidades del gobierno parecen enfocarse en ajustar cuentas políticas. Un ejemplo es la reciente carta del director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, William Pulte, quien pidió criminalizar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Letitia James: ¿investigada por venganza política?

En una acción calificada por muchos como retaliatoria, Pulte —quien fue designado durante la administración Trump— solicitó al Departamento de Justicia investigar a James por presunto fraude bancario. La denuncia se basa en que James actuó como fiadora de un préstamo para ayudar a su sobrina a adquirir una casa en Virginia, declarando en un formulario notarial que la vivienda sería su residencia principal.

No obstante, documentos del banco muestran que, en realidad, James declaró no tener intención de vivir en la vivienda, aclarando su rol como co-solicitante. Según expertos legales, dicho formulario notarial no suele tener peso legal si contradice declaraciones explícitas en la solicitud hipotecaria.

Recordemos que James lidera los casos más importantes contra Trump, incluyendo una sentencia de $454 millones por fraude financiero. Su acusación ahora parece formar parte de un patrón más amplio donde el aparato federal es usado para atacar opositores políticos.

¿Qué está en juego?

Estos tres casos —el marcador 'X', la detención de Ozturk y los ataques legales a Letitia James— tienen en común una peligrosa narrativa: la instrumentalización del sistema legal y migratorio para reprimir disenso, controlar expresiones de identidad y castigar a adversarios políticos.

Mientras el espectro político de EE.UU. se prepara para una elección presidencial en 2024, el tratamiento que reciben las personas trans, los estudiantes internacionales y los funcionarios que investigan a Trump se convertirá en un verdadero termómetro del futuro de los derechos civiles en el país.

Frente a esta realidad, muchas organizaciones y defensores de derechos están redoblando sus esfuerzos para frenar medidas que acentúan las desigualdades legales y sociales. El reto está planteado: revertir una tendencia creciente de autoritarismo velado y recuperar la promesa de libertades que, hoy más que nunca, se encuentran amenazadas.