El caso Kilmar Abrego García: cuando la política migratoria choca con el Estado de Derecho

La historia de Kilmar Abrego García es el nuevo epicentro del debate migratorio en Estados Unidos, y más específicamente, de la creciente tensión entre los poderes del Estado durante la nueva administración de Donald Trump. Este ciudadano salvadoreño, que vivía en Maryland, fue deportado erróneamente por el gobierno durante el primer mandato de Trump. Ahora, desde una celda del infame Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, su caso se ha convertido en un símbolo de las fracturas institucionales del país y del giro radical en la política migratoria estadounidense.

¿Quién es Kilmar Abrego García y qué ocurrió?

Kilmar Abrego García no era un desconocido para las autoridades estadounidenses, pero tampoco contaba con antecedentes criminales ni vínculos con pandillas —tal como confirman sus abogados—. Sin embargo, fue deportado durante la administración Trump bajo la acusación, sin pruebas, de pertenecer a la MS-13, una narrativa muy utilizada por el entonces presidente para justificar medidas drásticas en materia migratoria.

La deportación se realizó tras lo que el propio Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha calificado como un "error administrativo". No obstante, el gobierno de Trump no sólo no ha corregido el error, sino que ha redoblado sus esfuerzos por mantenerlo fuera del país, a pesar de los múltiples fallos judiciales en su contra.

La reacción judicial y política: un país dividido

El Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones fue contundente: calificó de "asombroso" que el gobierno de Trump afirmara no poder hacer nada para traer de regreso a Abrego García. En un fallo unánime, tres jueces —incluso uno nominado por Ronald Reagan— resaltaron que la negativa del Ejecutivo a cumplir las decisiones judiciales afecta gravemente la legitimidad del Estado de Derecho. “Cling to the hope that it is not naïve”, escribió el juez Wilkinson III, en una frase que resume la desesperanza institucional.

Mientras tanto, desde el Congreso, el senador demócrata Chris Van Hollen no ha dejado de insistir en la liberación de Abrego García. De hecho, se trasladó hasta El Salvador para visitarlo, gesto que fue despreciado públicamente por Trump, quien lo llamó “un payaso que fue a pedir atención”.

El Salvador como escenario geopolítico

El presidente salvadoreño Nayib Bukele no ha dudado en capitalizar políticamente la situación. Publicó imágenes del encuentro entre Van Hollen y Abrego García, y declaró con ironía que este último “tiene el honor de permanecer en custodia salvadoreña”. Además, El Salvador ha recibido recientemente a más de 200 inmigrantes venezolanos deportados por EE. UU., muchos de ellos sospechosos de pertenecer a bandas delictivas como Tren de Aragua, otra narrativa utilizada por Trump para justificar acciones contundentes sin el debido proceso.

Bukele ha convertido el CECOT en un símbolo de su lucha contra el crimen organizado, pero también en una herramienta propagandística. Las condiciones del penal, acusado de violar sistemáticamente los derechos humanos, no han impedido que Trump lo utilice como su "cárcel tercerizada" para contener lo que él llama “elementos indeseables”.

La Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act): el retorno de una reliquia legal

En un giro inquietante, el gobierno de Trump ha recurrido a una legislación de hace más de dos siglos: la Alien Enemies Act de 1798. Esta norma, invocada solo tres veces en la historia estadounidense (la última durante la Segunda Guerra Mundial), permite la detención o deportación de extranjeros considerados enemigos en tiempos de guerra.

El uso de esta ley ha permitido arrestar y deportar rápidamente a inmigrantes, especialmente venezolanos, acusados de pertenecer a organizaciones criminales sin proporcionar pruebas ni permitir audiencias. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado esta práctica y ha llevado el caso a las cortes.

Una de las mayores preocupaciones ha sido la documentación que se está entregando a los detenidos: muchos reciben formularios solo en inglés, pese a que su idioma nativo es el español. En algunos casos, como el citado por la abogada Karene Brown, se les obliga a firmar bajo falsas premisas, como que la orden proviene directamente “del Presidente”.

La transformación de los canales oficiales de información pública

La transformación del sitio web covid.gov simboliza otro aspecto del actual enfoque del gobierno de Trump: el uso propagandístico de plataformas gubernamentales. Esta página, que antes contenía información sobre vacunas, pruebas y tratamientos contra el COVID-19, ahora promueve la teoría del origen en laboratorio del virus.

Frases como “lab leak” y acusaciones contra el Dr. Anthony Fauci dominan la narrativa del nuevo sitio. ¿El dato más preocupante? Toda la información sobre salud pública y diversidad ha sido eliminada, consolidando un discurso excluyente y centrado en el miedo al “otro”.

Según los CDC, actualmente mueren en EE. UU. unos 325 ciudadanos por semana a causa del COVID-19, y menos de un 25% de los adultos ha recibido la vacuna actualizada. Estas cifras refuerzan la necesidad de acceso a información confiable, un servicio que ahora ha sido reemplazado por propaganda.

Los peligros de ignorar la justicia

El caso de Abrego García no es un caso migratorio aislado. Es un ejemplo claro del desprecio de la actual administración por el poder judicial y sus decisiones. La negativa a repatriar a una persona cuya deportación ya ha sido juzgada como ilegal, desacredita la estructura institucional del país.

¿Qué se pone en juego? Más allá de los derechos de un solo hombre, está la credibilidad democrática del país. Si el gobierno decide a quién obedecer, si a los jueces o a sus propias narrativas, el sistema se resquebraja. Como advierten los jueces, “la percepción pública de ilegalidad erosionará la confianza en el Ejecutivo”.

Los siguientes pasos y la presión internacional

Abrego García continúa en prisión. Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ha expresado su mezcla de esperanzas y temores. No ha tenido respuestas oficiales. Mientras tanto, más congresistas demócratas anuncian planes para viajar a El Salvador y presionar por su liberación. Sin embargo, la respuesta de Trump ha sido clara: “nunca volverá a vivir en Estados Unidos”.

La falta de consenso bipartidista complica la repatriación. Los republicanos liderados por figuras como John Cornyn mantienen que se prioriza “la política sobre la seguridad”. Pero hasta ahora, no se han presentado pruebas que respalden las acusaciones vertidas contra Abrego García.

Una democracia a prueba

Este caso representa mucho más que una disputa migratoria. Es un termómetro institucional que mide hasta qué punto los contrapesos democráticos pueden resistir el embate de un gobierno que desafía abiertamente las cortes, reinterpreta las leyes a su conveniencia y manipula la información pública.

En palabras de Van Hollen: “Estamos luchando por traer a casa a un hombre que ELLOS ADMITEN nunca debieron haber secuestrado". Quizás para algunos esta lucha sea simbólica o política, pero para otros representa el umbral que separa a una democracia funcional del autoritarismo disfrazado.