CATEM: El limbo migratorio en Costa Rica que amenaza con convertirse en una crisis humanitaria

La detención prolongada de niños migrantes en condiciones precarias en Costa Rica ha encendido las alarmas de organizaciones internacionales y ha generado una demanda ante la ONU por violación de derechos humanos.

Una bodega como refugio improvisado

En febrero de 2025, decenas de familias migrantes, en su mayoría provenientes de Asia Central, India, Rusia y Afganistán, fueron deportadas desde EE. UU. hacia Costa Rica, como parte de una estrategia controversial para gestionar deportaciones sin retornarlos a sus países de origen. Al llegar, fueron reubicados en un centro de procesamiento migratorio conocido como CATEM, una antigua fábrica situada en una zona rural en la frontera con Panamá.

Lo que iba a ser una escala provisional se transformó en una detención indefinida. Según informan abogados que representan a los migrantes, 81 de los aproximadamente 200 detenidos son niños, algunos de apenas dos años de edad. El centro no cuenta con condiciones adecuadas de alojamiento y mucho menos con acceso a educación, atención psicológica o asistencia legal en los idiomas nativos de los menores.

Una denuncia ante la ONU

El Consejo Estratégico Global de Litigio (GSLC), junto con otras organizaciones de derechos humanos, presentó una demanda formal ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU, alegando múltiples violaciones al Convenio sobre los Derechos del Niño, del cual Costa Rica es signatario desde 1990.

Silvia Serna Román, abogada del GSLC, afirmó: “Los niños están atravesando una etapa crítica de su desarrollo, y vienen de contextos profundamente traumáticos. Ahora son detenidos por periodos extensos en condiciones inhumanas”. La ausencia de apoyo emocional y educativo añade nuevas capas de trauma a un grupo de por sí vulnerable.

La angustia de los padres

Los testimonios recolectados indican que muchos niños presentan signos de depresión, ansiedad y aislamiento. Los padres, al no contar con permisos de trabajo ni opciones de vivienda fuera del CATEM, se ven obligados a permanecer en este limbo para asegurar, por lo menos, comida y techo.

“Muchos temen salir porque afuera no hay nada. No hablan el idioma, no conocen a nadie, no tienen recursos. Al menos aquí reciben tres comidas al día”, explicó Serna Román.

Un modelo de deportación tercerizada

El caso ha detonado un debate más amplio sobre lo que algunos analistas describen como la externalización de las fronteras de Estados Unidos. Bajo esta modalidad, EE. UU. establece acuerdos informales con países como Costa Rica y Panamá para que actúen como estaciones de retención migratoria temporal.

El presidente costarricense Rodrigo Chaves incluso declaró en febrero que su país estaba “ayudando al hermano económicamente poderoso del norte”. Esta frase expone una tensión creciente entre los compromisos humanitarios y las presiones diplomáticas y económicas que enfrenta San José.

CATEM: síntomas de un sistema en crisis

Este no es el primer incidente que genera polémica en este centro. En 2023, cuando periodistas lograron acceder brevemente a sus instalaciones, documentaron niños durmiendo sobre cartón, tiendas improvisadas y filtraciones de líquidos provenientes de sanitarios portátiles cercanos. Las autoridades costarricenses han negado irregularidades, pero los informes de la Defensoría de los Habitantes apuntan a que los migrantes llegaron visiblemente alterados y sin recibir atención inmediata.

Una tendencia regional preocupante

El caso de Costa Rica no está aislado. Investigaciones periodísticas revelaron que Panamá también retenía migrantes en hoteles o campos remotos junto a la selva del Darién, donde fueron desposeídos de sus pertenencias, incluidos sus teléfonos móviles. Tras duras críticas, el gobierno panameño liberó recientemente a ese grupo en las calles de Ciudad de Panamá, lo que provocó un caos humanitario sin precedentes en la zona.

Otros casos documentados incluyen deportaciones de migrantes venezolanos y hasta ciudadanos estadounidenses a El Salvador. En dicho país fueron internados en prisión, acusados infundadamente de vínculos con pandillas, en un reflejo del aumento de desalojos arbitrarios bajo regímenes autoritarios en Centroamérica.

¿Qué busca la demanda internacional?

Los grupos que interpusieron la demanda buscan más que un pronunciamiento simbólico de la ONU. Exigen al Estado costarricense que:

• Ponga fin a la detención de niños migrantes sin una causa legal debidamente justificada.
• Provea acceso a asistencia jurídica, educativa y psicológica con enfoque multicultural.
• Ofrezca alternativas de residencia temporal fuera de CATEM mientras se resuelven las peticiones de asilo.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa para decenas de familias que huyeron de violencia, persecución o pobreza extrema, solo para quedarse atrapadas en un limbo institucional.

El rol de la comunidad internacional

Las organizaciones de derechos humanos solicitan a otros países y donantes internacionales que presionen a Costa Rica y sus aliados para que respeten los principios fundamentales del derecho humanitario. También piden que se revise el papel de EE. UU. en este proceso, ya que sin su colaboración y respaldo financiero, este tipo de centros de detención colapsarían ante la falta de recursos.

Según cifras recientes de la Oficina de Migraciones de Costa Rica, el país ha recibido más de 55,000 solicitudes de asilo en los últimos dos años, muchas de ellas pendientes de resolución. Su sistema migratorio, aunque históricamente considerado modelo regional, se encuentra hoy desbordado.

“Costa Rica siempre ha tenido la imagen de ser un país líder en derechos humanos, pero en este momento pareciera más una zona de amortiguación para los intereses estadounidenses”, comentó Carolina Jiménez, presidenta de WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

¿Hacia dónde vamos?

Si bien la Corte de la ONU no tiene un poder coercitivo inmediato, un dictamen a favor de los derechos de los niños podría representar un punto de inflexión. La presión diplomática podría motivar que se creen centros de acogida humanitarios, en vez de instalaciones de reclusión.

Mientras tanto, las familias continúan atrapadas en CATEM. Algunos niños ya cumplen más de 60 días sin acceso educacional ni perspectiva clara sobre su futuro. La pregunta que rodea a este caso es sencilla pero contundente: ¿estamos dispuesto a seguir normalizando la detención de menores en nombre de una política migratoria más eficaz?

Porque, como toda infancia robada, este no es solo un problema administrativo o diplomático. Es el reflejo más doloroso de cómo, en nombre de la seguridad fronteriza, estamos dejando atrás millones de historias humanas que solo buscaban un nuevo comienzo.