Libertad digital vs. protección infantil: La batalla legal por el acceso de menores a las redes sociales

Una ley bajo fuego: Ohio intenta regular el acceso de menores a redes sociales

El 25 de abril de 2024, un juez federal declaró inconstitucional una ley del estado de Ohio diseñada para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales y servicios digitales sin el consentimiento parental. Esta medida, conocida como la Social Media Parental Notification Act, buscaba ser un dique de contención frente al impacto nocivo y comprobado que las plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram pueden tener en la salud mental infantojuvenil.

Sin embargo —y pese a las buenas intenciones detrás de la legislación— el juez Algenon Marbley, del distrito sur de Ohio, dictaminó en una decisión definitiva que la norma violaba derechos constitucionales fundamentales. La sentencia pone nuevamente en el centro del debate el eterno tira y afloje entre libertad de expresión y protección cibernética para menores, en un país que aún lucha por balancear derechos digitales con deberes parentales.

¿Qué proponía la ley y por qué fue invalidada?

La ley, parte del presupuesto estatal de $86,100 millones aprobado en julio de 2023 por el gobernador republicano Mike DeWine, obligaba a plataformas digitales a obtener consentimiento parental antes de permitir el acceso a redes sociales o videojuegos en línea para menores de 16 años.

Además, obligaba a ofrecer explicaciones claras sobre sus políticas de privacidad y cómo se moderan o censuran contenidos en las cuentas de los menores. El proyecto de ley tenía como objetivo proteger el bienestar mental de los jóvenes. El entonces vicegobernador Jon Husted, también republicano, justificó la iniciativa apuntando que las redes sociales eran «intencionalmente adictivas» y «dañinas» para el desarrollo infantil.

No obstante, el juez Marbley concluyó que la ley iba demasiado lejos, incluso si su propósito era noble. Según su opinión, el texto legal representaba una forma de intervención estatal injustificada en la crianza y educación de los menores, violando tanto la Primera Enmienda como los derechos de los padres.

“La ley reside en la intersección de dos derechos incuestionables: el derecho de los menores a la libertad de expresión y el derecho de los padres a criar a sus hijos sin intromisión gubernamental injustificada”, señala la sentencia de Marbley.

NetChoice: el defensor de la internet libre

La demanda fue presentada por NetChoice, un grupo comercial que representa a gigantes tecnológicos como Meta, TikTok, Snapchat y otras plataformas. La organización ha estado activamente involucrada en múltiples litigios similares en otros estados de EE. UU., como Arkansas, California y Utah, con resultados en su mayoría favorables.

Tras conocerse la decisión, Chris Marchese, director de litigios de NetChoice, celebró el fallo:

“La decisión confirma que la Primera Enmienda protege tanto el derecho de los sitios web a difundir contenido como el derecho de los estadounidenses a interactuar con discurso protegido en línea”.

NetChoice ha sido enfático en que la educación digital es tarea de las familias, no del gobierno, y que leyes como la de Ohio representan una forma de censura previa.

Una tendencia nacional que tropecea

Ohio no es el único estado que ha intentado instaurar leyes que regulen el acceso de menores a plataformas digitales. En 2023, Arkansas aprobó una normativa similar, conocida como Social Media Safety Act, también detenida temporalmente por los tribunales. California y Utah han implementado restricciones similares, todas enfrentando desafíos legales similares.

Los legisladores argumentan que se trata de proteger a los niños en un mundo cada vez más digitalizado. Los opositores, por otra parte, ven una amenaza implícita a derechos fundamentales.

El rol de la salud mental en la legislación

Estudios como el realizado en 2023 por el Surgeon General de EE. UU. advierten que el uso excesivo de redes sociales puede elevar los niveles de ansiedad, depresión, trastornos de imagen corporal y suicidio entre adolescentes. Algunos datos clave:

• El 46% de los adolescentes dice estar «casi constantemente» conectado a internet, según Pew Research Center.
• La depresión en jóvenes aumentó un 60% entre 2007 y 2017, coincidiendo con el auge de los smartphones.
• Un informe de Meta filtrado en 2021 reveló que Instagram empeoraba la imagen corporal en 1 de cada 3 adolescentes.

Ante este panorama, varios estados han adoptado medidas de urgencia para mitigar el impacto digital, respaldados por asociaciones de salud mental, escuelas y colectivos de padres.

Consentimiento parental o censura gubernamental: el dilema

Los defensores de la ley sostienen que no se trata de censura, sino de hacer cumplir la autoridad parental en un entorno digital sin precedentes históricos. Pero, como señaló el juez Marbley, imponer una capa gubernamental sobre esa autoridad no refuerza a los padres, sino que los sustituye, violando los principios fundacionales del país.

Y es que el consentimiento parental obligatorio plantea preguntas complejas: ¿Es el Estado quien debe verificar la identidad y edad de los menores? ¿Cómo evitar discriminación o vigilancia masiva? ¿Qué ocurre con jóvenes LGBTQ+ cuyos padres no aprueban su actividad en línea?

La falta de consistencia regulatoria en EE. UU.

A diferencia de la Unión Europea, donde existe el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), EE. UU. carece de una legislación nacional que regule integralmente la privacidad y seguridad digital de los menores. En efecto, solo existen leyes sectoriales como COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), que data de 1998 y solo aplica a niños menores de 13 años.

Esta dispersión legislativa ha dado lugar a un modelo de “parches estatales”, en donde cada estado intenta legislar a su manera, generando incertidumbre legal tanto para empresas como para familias.

¿Y qué dicen los jóvenes?

Mientras los adultos debaten en tribunales y oficinas gubernamentales, los adolescentes —los verdaderos protagonistas— tienen muchas veces poca voz en estas discusiones. Numerosas encuestas indican que valoran la independencia digital y el acceso a espacios donde puedan expresar su identidad, interactuar con pares y formarse políticamente.

Es por eso que afirmaciones como “las redes sociales son solo distractores” no hacen justicia a su realidad. Para muchos jóvenes, plataformas como TikTok o Reddit son espacios comunitarios, educativos y de autoexploración.

El futuro de la regulación digital juvenil

Si algo deja claro el fallo en Ohio, es que la protección de menores en línea sí es viable, pero debe hacerse respetando la Constitución. Alternativas con más viabilidad legal incluyen:

• Mejor divulgación de términos de uso y políticas de privacidad.
• Herramientas opcionales de control parental, activadas por los adultos.
• Educación digital en escuelas con enfoque en alfabetización mediática.
• Leyes federales claras y específicas como una actualización de COPPA.

También se necesitan esfuerzos del sector privado, como promesas de “desintoxicación” digital, interfaces menos adictivas y diseño ético centrado en el usuario menor de edad.

¿Quién debe criar a los nativos digitales?

El caso de Ohio marca un precedente, pero también plantea una pregunta esencial: ¿Quién debe asumir el rol de cría digital en el siglo XXI? Padres, Estado, empresas, o una alianza entre todos ellos.

Puede que las leyes restrictivas no sean el camino adecuado, pero tampoco lo es dejar a millones de menores librados al algoritmo. Lo que está claro es que la crianza en la era digital no puede hacerse con herramientas del siglo XX.