Idaho bajo el escrutinio: la tragedia de Victor Perez y el uso de la fuerza policial en casos de discapacidad

Un disparo que sacudió a Idaho

La mañana del 5 de abril de 2025, en Pocatello, Idaho, cambió radicalmente para una familia que lidiaba con los retos cotidianos de cuidar a un hijo con múltiples discapacidades. Victor Perez, un adolescente de 17 años con autismo, parálisis cerebral y que además era no verbal, fue abatido a tiros por la policía desde el otro lado de una cerca metálica. Según los reportes, el joven sostenía un cuchillo, pero no representaba una amenaza inmediata a los oficiales ni al público.

Las imágenes capturadas por cámaras corporales y de seguridad revelan la escalofriante cronología de los hechos. Los oficiales llegaron, gritaron órdenes durante solo unos segundos y luego dispararon. La conmoción ha sido inmediata: ¿por qué no se intentó desescalar la situación? ¿Por qué la respuesta fue directamente letal?

Victor Perez: un perfil que exige comprensión

Victor no era un criminal. Era un adolescente con una historia marcada por condiciones neurológicas y motrices. El informe del caso indica que era autista, no verbal y que caminaba con dificultad debido a parálisis cerebral. Estos factores usualmente requieren enfoques de intervención delicados, especialmente en contextos de crisis emocionales o familiares, como ocurrió esa mañana tras una disputa con miembros de su propia casa.

El 911 fue notificado por un vecino que describió a Victor como una amenaza, sin conocer el trasfondo del joven. El lenguaje corporal errático de Victor —producto de sus discapacidades— fue malinterpretado como peligroso por quienes estaban lejos de comprender su condición.

El operativo policial: ¿falló el protocolo?

Los videos publicados por la policía muestran que Victor estaba en el suelo cuando los agentes arribaron. Al incorporarse, armado con un cuchillo, avanzó lentamente hacia ellos. La policía, sin intentar negociar o aplicar técnicas de contención no letales más allá de un disparo de escopeta con bolsas de frijoles, abrió fuego con armas de fuego comunes.

Expertos en tácticas de intervención han señalado que, dado que había una cerca entre el adolescente y los oficiales, existía tiempo para maniobrar e incluso retroceder para crear distancia. El uso de la fuerza letal, argumentan, fue prematuro y negligente.

Protestas y clamor público

La comunidad en Pocatello no ha guardado silencio. Más de 200 personas asistieron a una vigilia en el hospital donde Victor murió tras ser desconectado del soporte vital una semana después. En paralelo, una protesta frente al Ayuntamiento reunió a ciudadanos, activistas y defensores de derechos civiles que exigen rendición de cuentas.

“Aparecieron como un pelotón de fusilamiento,” declaró Brad Andres, vecino que filmó el incidente. “Nunca preguntaron qué pasaba. Solo sacaron sus armas, lo provocaron y luego lo mataron.” El video grabado por Andres ha circulado ampliamente, aumentando el furor nacional.

¿Dónde está la empatía policial?

Este caso ha traído una vez más al primer plano la falta de entrenamiento específico de las fuerzas del orden frente a personas con discapacidades psicosociales e intelectuales. Según datos del National Center for Fatal Police Encounters, más del 30% de las personas abatidas por la policía en EE.UU. entre 2015 y 2023 presentaban alguna forma de discapacidad mental o intelectual.

“Lo que necesitamos no son solo cámaras corporales, son seres humanos que comprendan la diversidad del comportamiento humano,” afirma Karen Schwartz, directora de la Asociación Nacional en Defensa de Personas con Discapacidad. “Victor no necesitaba un escuadrón armado. Necesitaba ayuda médica y comprensión.”

El silencio oficial y la investigación pendiente

Ni el alcalde de Pocatello, Brian Blad, ni el jefe de policía Roger Schei han comentado sobre el caso, citando la investigación a cargo del East Idaho Critical Incident Task Force. Sin embargo, esa reserva ha profundizado la percepción de opacidad y falta de voluntad para asumir responsabilidades.

Los nombres de los oficiales no se han hecho públicos, lo cual según expertos legales, obstaculiza aún más la transparencia del proceso. Mientras tanto, la familia de Victor ya ha notificado la intención de demandar a la ciudad por homicidio culposo.

¿Reformar o disolver?

A raíz del incidente, activistas han revivido el debate nacional sobre la reforma policial. ¿Deberían los cuerpos de seguridad contar con unidades especializadas en salud mental y discapacidad? Ciudades como Denver o Albuquerque han implementado modelos híbridos en los que un oficial y un trabajador social responden de forma conjunta a ciertas llamadas. Los resultados han sido notoriamente positivos: reducción de encuentros violentos y menor empleo de fuerza letal.

En contraposición, estados como Idaho siguen con enfoques policiales tradicionales. “Cuando la policía es quien define en qué contexto aplicar o no de-escalación, siempre lo evitarán si consideran, erróneamente, que el sujeto los ‘desobedece’”, apunta el criminólogo y sociólogo Javier Mena de la Universidad de Washington.

La intersección entre discapacidad y derechos civiles

Además del uso de la fuerza, el caso abre una conversación urgente sobre la condición social de las personas con discapacidades. “Victor fue deshumanizado desde el momento en que alguien llamó al 911 describiéndolo como un ‘hombre borracho’ y no como lo que era: un adolescente con necesidades especiales,” indica Elena García, terapeuta ocupacional con 20 años de experiencia en casos de autismo severo.

Este tipo de prejuicio —la patologización del comportamiento diferente— tiene consecuencias letales cuando se encuentra con sistemas de seguridad sin formación adecuada.

Una historia que se repite

El caso de Victor no es aislado. En 2020, Elijah McClain, un joven afroamericano con autismo leve fue sofocado por la policía en Aurora, Colorado, después de que una llamada al 911 reportara que “parecía raro.” McClain, tras ser inyectado con ketamina por paramédicos, murió días después. El caso resultó en múltiples protestas nacionales y revisiones legales en los procedimientos policiales.

La tragedia de Victor reabre heridas aún frescas en muchas comunidades. La pregunta persiste: ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que la discapacidad sea comprendida, respetada y adecuadamente atendida?

¿Cambios legislativos en el horizonte?

A nivel estatal, varios legisladores en Idaho y otras jurisdicciones se han comprometido a presentar proyectos que requieran formación obligatoria en salud mental y discapacidad para oficiales de policía. La propuesta más avanzada hasta ahora busca crear “equipos de intervención en crisis” formados con personal civil.

Sin embargo, el avance está detenido por la polarización política. Un informe de Pew Research de 2023 reveló que solo el 38% de legisladores republicanos apoyaría minorar fondos a departamentos policiales para destinarlos al entrenamiento en salud mental.

Una vigilia encendida: justicia para Victor

Familiares, amigos y activistas insisten en que la lucha apenas comienza. En cada marcha, cada vigilia y cada testimonio, el nombre de Victor resuena como un recordatorio del peligro que implica la ignorancia institucional frente a la discapacidad.

“No estamos pidiendo caridad,” gritó una activista en Pocatello. “Estamos exigiendo humanidad.”