Estados Unidos y la educación en disputa: Harvard, Rumeysa Ozturk y la polémica por los vouchers en Texas

Por qué el debate educativo en Estados Unidos ha pasado de los salones de clase a las trincheras políticas.

Una tormenta sobre Harvard: el nuevo frente entre Trump y la academia

Donald Trump ha vuelto al centro de la controversia educativa estadounidense, esta vez con su ofensiva contra la Universidad de Harvard. El expresidente y su administración han iniciado un duro enfrentamiento contra la prestigiosa institución, amenazando con revocar su estatus de exención fiscal y suspender sus permisos para albergar estudiantes internacionales, que representan el 27% del alumnado.

Esta escalada se origina en una larga serie de tensiones vinculadas a temas como las políticas de diversidad en las universidades, manifestaciones pro-palestinas en los campus y acusaciones de antisemitismo tolerado por parte de las autoridades universitarias. Trump sostiene que Harvard, junto con otras universidades de la Ivy League, ha promovido una agenda "políticamente enferma", favorable al "terrorismo" y alejada de los ‘valores americanos’.

La administración republicana no solo ha congelado más de $2.200 millones en subvenciones y contratos federales a Harvard, sino que exige también reformas profundas: desde la supervisión de clubes estudiantiles hasta revisiones de sus políticas de admisión. Alan Garber, presidente interino de Harvard, respondió con firmeza: “La universidad no cederá a las imposiciones ideológicas de ninguna administración”.

El caso de Rumeysa Ozturk: una estudiante en el centro del debate sobre derechos civiles

Paralelamente, el caso de Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de doctorado en Tufts University, arrestada en Massachusetts y detenida en Luisiana, ha encendido las alarmas sobre posibles represalias gubernamentales contra la libertad de expresión.

¿Su supuesto crimen? Co-escribir un artículo de opinión en el periódico estudiantil criticando la respuesta de Tufts a protestas estudiantiles sobre el conflicto palestino-israelí. Las autoridades revocaron su visa alegando que sus actividades podrían generar un "ambiente hostil para estudiantes judíos" y podrían estar relacionadas con organizaciones terroristas —aunque no se han presentado pruebas concretas de ello.

Ozturk ha sufrido cinco ataques de asma en detención y sus abogados denuncian violaciones al debido proceso y sus derechos constitucionales: fue detenida sin acceso a abogado por más de 24 horas y transportada rápidamente sin notificación adecuada.

“El caso contra Rumeysa se basa en un memo de un párrafo del Departamento de Estado”, dijo el abogado Marty Rosenbluth. Este ha sido, denuncia, utilizado para justificar su detención indefinida.

Las universidades como campos de batalla política

Estos eventos son solo la cara más visible de una amplia ofensiva conservadora sobre las instituciones de educación superior en EE.UU. La administración Trump busca desmantelar lo que considera una hegemonía liberal en campus universitarios, y Harvard es el objetivo simbólico más potente.

El estratega Christopher Rufo, ideólogo de muchas batallas culturales conservadoras, ha sido claro: “Es hora de desmantelar Harvard,” advirtió en redes sociales, invitando al gobierno a eliminar financiamiento federal y status sin fines de lucro no solo a Harvard, sino a todas las universidades de la Ivy League que no cumplan con los nuevos estándares ideológicos.

Este discurso, envuelto en la lucha contra el ‘wokeismo’ universitario, resuena con una base republicana cada vez más crítica del poder de las élites educativas. En este contexto, cuando instituciones como Columbia o Harvard se resisten, la respuesta ha sido castigo económico y amenazas legales.

Texas y los ‘vouchers’: el otro frente de la batalla educativa

En Texas, la escena educativa ha estado cargada con otra polémica: el avance legislativo hacia un programa de vouchers escolares, el cual redirigiría fondos públicos para que las familias cubran educación privada.

El proyecto, aprobado preliminarmente por la Cámara de Representantes del estado con 85 votos a favor y 63 en contra, canalizaría $1.000 millones a lo que llaman ‘cuentas de ahorro educativas’. Estas podrán ser usadas para pagar matrícula, transporte, materiales y terapias escolares.

Los beneficiarios prioritarios serían familias de bajos ingresos y estudiantes con discapacidades. Sin embargo, las escuelas privadas no estarían obligadas a aceptar a todos los solicitantes, ni a cumplir con los mismos estándares educativos del sistema público. El control estatal sobre el uso de estos fondos sería mínimo.

Discriminación y exclusión: las aristas más controversiales del plan

Una de las cláusulas más polémicas del proyecto es la que excluye a estudiantes indocumentados del programa. Esto contradice el principio establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982 (caso Plyler v. Doe), que señala que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a educación pública.

¿Qué sucedería si un estudiante vulnerable no puede enviar documentación migratoria de sus padres? No podría acceder al voucher. La ley no estipula con claridad qué documentos serán válidos ni cómo se garantizará la protección de datos.

Organizaciones pro-derechos civiles advierten que esta política podría sentar un precedente regresivo y discriminatorio, criminalizando aún más la condición migratoria en el acceso a servicios públicos.

Educación pública: más inversión, pero ¿suficiente?

En paralelo al proyecto de vouchers, la Cámara también aprobó un paquete de financiamiento escolar por $7.700 millones. Este aumentaría el subsidio básico por estudiante y garantizaría incrementos salariales para maestros con más de 10 años de experiencia.

Sin embargo, muchos consideran que la medida es insuficiente. El demócrata James Talarico resumió la frustración en una frase lapidaria: “Si estás en un hoyo de 12 pies y alguien te lanza una cuerda de 10 pies, eso no es una verdadera opción.”

La inflación y los déficits acumulados, sumados a una crisis de escasez de docentes, hacen que esta inversión —aunque histórica en términos absolutos— apenas logre mantener a flote al sistema.

¿Cuál es el rumbo de la educación en Estados Unidos?

• La lucha por Harvard y otros campus emblemáticos es un campo de disputa ideológica sobre el rol de las universidades y la libertad de expresión.
• El caso de Rumeysa Ozturk expone cómo algunas acciones estatales pueden perturbar gravemente los derechos individuales, especialmente de estudiantes internacionales e inmigrantes.
• En Texas, el debate en torno a los vouchers es una faceta más de la creciente desigualdad educativa. Si bien favorecen elección parental, los riesgos de segregación y exclusión vulnerable son altos.

En medio de todo esto, quienes más pierden son los estudiantes, arrastrados por debates políticos que poco tienen que ver con el bienestar y la equidad que debería promover cualquier sistema educativo.