El ataque de Trump a Harvard y la exención fiscal: un pulso peligroso entre política y educación

La batalla entre el expresidente Donald Trump y el mundo académico ha retomado fuerza, esta vez con un nuevo blanco: la Universidad de Harvard. Con acusaciones de adoctrinamiento y vínculos ideológicos sospechosos, Trump amenaza con atacar la piedra angular de muchas instituciones educativas: su estatus como organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos.

El origen del privilegio fiscal universitario

Desde hace más de un siglo —específicamente desde la Ley de Ingresos de 1909— el gobierno de Estados Unidos ha eximido de ciertos impuestos a organizaciones sin fines de lucro que operan “exclusivamente con fines religiosos, caritativos o educativos”. Esto incluye a la mayoría de las universidades y colegios del país.

La lógica de esta política ha sido simple: estas instituciones contribuyen al bienestar público por medio de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. A cambio, gozan de exenciones fiscales y sus donantes reciben beneficios similares al deducir sus aportes del impuesto sobre la renta.

El nuevo blanco: Harvard

En abril de 2025, Trump publicó en su red social un mensaje cargado de acusaciones contra la Universidad de Harvard, fundada en 1636 y considerada como uno de los pilares del sistema académico mundial. En su post, sugirió que la institución debería perder su estatus fiscal si continúa “promoviendo ideas extremistas, ideológicas o incluso de apoyo al terrorismo”.

La declaración generó alarma en las redes sociales y medios académicos. No solo por lo que implica para Harvard, sino por el precedente que podría sentar para cientos de universidades y ONGs que operan bajo el mismo marco legal.

¿Puede influir el presidente en la exención fiscal universitaria?

La respuesta corta es: no debería.

Según la Ley de Procedimientos Internos de Ingresos aprobada por el Congreso en 1998, se prohíbe que funcionarios federales —incluido el presidente— ordenen al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que persiga o investigue a determinados contribuyentes. Esta medida tuvo como objetivo restaurar la confianza en el sistema tributario tras escándalos como el del Tea Party en 2013, cuando se acusó al IRS de perseguir grupos conservadores.

Además, existe legislación que protege a las organizaciones contra investigaciones por motivos ideológicos. Trump no tiene la potestad legal de ordenar la revocación de la exención fiscal de una institución sin que medie un proceso debidamente regulado y justificado.

Lo que dice la ley: ¿qué puede revocar el IRS?

Para perder la exención fiscal, una organización debe estar operando fuera de su propósito caritativo. Esto puede incluir conductas como:

• Pagar indebidamente a sus directivos.
• Endosar candidatos políticos.
• Realizar actividades comerciales ajenas al fin benéfico declarado.

La educación —incluso si es crítica u orientada ideológicamente— entra plenamente dentro del espectro de las actividades protegidas por la Primera Enmienda, según múltiples sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Genevieve Lakier, profesora de Derecho en la Universidad de Chicago, afirma que “existen cuatro libertades esenciales para las universidades protegidas constitucionalmente: qué enseñar, cómo enseñarlo, a quién enseñar y a quién contratar para enseñar.”

¿Se ha revocado alguna vez la exención fiscal a universidades?

Sí, pero en circunstancias muy diferentes. El caso más destacado es Bob Jones University contra Estados Unidos (1983), cuando la Corte Suprema avaló la revocación del estatus benéfico de esa universidad cristiana privada, ya que prohibía los matrimonios e incluso las citas interraciales. La Corte determinó que aquellas políticas estaban en contra de la política pública establecida de derechos civiles.

Este es el precedente en el que algunos, como Edward McCaffery, profesor de Derecho en la Universidad del Sur de California, creen que una administración comprometida podría intentar apoyarse.

“Sería ingenuo pensar que esto no puede suceder. El IRS tiene discreción, pero necesitaría una política pública clara y sostenida para actuar, no preferencias políticas”, sostuvo McCaffery.

¿Qué tendría que hacer el IRS para avanzar contra Harvard?

Procedimientos administrativos normales implican una auditoría para reunir evidencia de malas prácticas. Si el gobierno, de alguna manera, determinase que operar una oficina de inclusión y diversidad va en contra de fines caritativos —como sugirió el gobierno anterior en borradores de normativas— podría intentar modificar el estatuto.

No obstante, cambiar la normativa implicaría años de tramitación, participación pública y resistencia judicial, sobre todo porque contradeciría décadas de jurisprudencia y práctica institucional.

Phil Hackney, especialista en derecho tributario y docente en la Universidad de Pittsburgh, expresó:

“Sería el cambio más radical en leyes de beneficencia que yo haya visto, y probablemente en toda la historia del derecho caritativo estadounidense.”

¿Cuál es la verdadera motivación de Trump?

Todo parece apuntar a una guerra cultural. El expresidente lleva años criticando lo que llama una “cancel culture progresista” que, según él, domina en universidades como Harvard, Yale o Berkeley. En más de una ocasión ha acusado a estas instituciones de “adoctrinar” a los jóvenes y “odiar a Estados Unidos”.

En momentos en que se perfila para una futura candidatura presidencial, Trump vuelve a los temas que movilizan su base: inmigración, ideología de género y educación. En este contexto, sacar a relucir a Harvard —símbolo del establishment académico— es una jugada de alto impacto político.

La amenaza más allá de Harvard

El temor de los expertos legales y académicos es que esto no acabe con Harvard. Si una administración política logra utilizar el estatus fiscal como mecanismo de presión, toda la autonomía académica corre peligro.

El sistema universitario estadounidense está entre los mejores del mundo justamente por su libertad. Clasificaciones como la del Times Higher Education o QS World University Rankings suelen ubicar a varias universidades estadounidenses en el top 10 global.

Modificar las reglas del juego por razones políticas podría no solo afectar los rankings, sino la atracción de estudiantes internacionales, inversiones en investigación y confianza institucional.

¿Doctrina o diversidad de pensamiento?

Finalmente, el debate de fondo parece girar en torno a una tensión que ha acompañado al sistema educativo desde sus inicios: la diferencia entre fomentar el pensamiento crítico y promover una ideología.

Para sus defensores, las universidades no deben ser neutrales ideológicas; deben ser espacios de cuestionamiento, debate y confrontación de ideas. Para otros, como Trump, esos espacios se han convertido en bastiones de intolerancia progresista bajo el disfraz de la inclusión.

Pero intervenir desde el gobierno para castigar puntos de vista distintos no sólo es peligroso, sino ilegal, como ha dejado claro la Primera Enmienda y la jurisprudencia existente.

La verdadera pregunta no es si Harvard enseña con un sesgo. La pregunta es: ¿queremos un sistema donde el gobierno decida qué es aceptable enseñar y qué no?

El futuro de la educación en Estados Unidos podría depender de cómo responda la sociedad a esta pregunta.