Cruzada conservadora en Alabama: ¿derechos civiles o imposición religiosa?
El estado avanza con leyes que promueven la enseñanza cristiana y restringen la expresión LGBTQ+ en las escuelas públicas, mientras crece la preocupación por la erosión de la Primera Enmienda.
Montgomery, Alabama se encuentra en el centro de una disputa ideológica cada vez más intensa. Esta semana, la Cámara de Representantes del estado aprobó una serie de proyectos de ley que, más allá de su contenido legislativo técnico, revelan una lucha nacional entre visiones del mundo irreconciliables: una que busca reafirmar los valores cristianos tradicionales en la esfera pública, y otra que denuncia una violación de la libertad religiosa y los derechos civiles individuales.
La ofensiva legislativa: Biblia en el aula, pero no orgullo LGBTQ+
La batería de leyes aprobadas incluye:
- La exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas
- La prohibición de espectáculos de drag queens en entornos escolares y bibliotecas sin aprobación parental
- La prohibición para docentes de mostrar banderas del orgullo o facilitar discusiones formales sobre temas LGBTQ+
- La autorización para capellanes voluntarios como consejeros escolares
El presidente de la Cámara Estatal, Nathaniel Ledbetter, justificó las medidas como “de sentido común”, mientras que los demócratas denunciaron que son “una pérdida de dinero del contribuyente” y argumentaron que “no bajan el precio de los huevos”.
¿Neutralidad religiosa o populismo religioso?
Las autoridades republicanas han insistido en que el objetivo de exhibir los Diez Mandamientos no es promover una religión específica, sino destacar el “contexto histórico” de este documento bíblico. El representante Mark Gidley afirmó que los Diez Mandamientos son uno de los “documentos fundacionales de la civilización occidental”.
Sin embargo, líderes religiosos de distintas confesiones han expresado su rechazo. El rabino Steve Silberman, con 35 años en Mobile, Alabama, testificó ante el comité legislativo que estas normas pueden “aislar injustamente a los alabamianos con visiones religiosas diversas”.
Chuck Poole, un influyente pastor bautista durante más de cuatro décadas en Mississippi, Alabama y Georgia, explicó en una manifestación en las escalinatas del Capitolio estatal que esta legislación forma parte de un impulso más amplio hacia el nacionalismo cristiano en EE. UU.
“Creo que está basado en el miedo, en el temor a que Estados Unidos está cambiando y se está perdiendo el poder y el control tradicionales”, afirmó Poole.
La tradición estatal de conflicto iglesia-estado
El caso de Alabama no es nuevo. En 2003, el entonces presidente del Tribunal Supremo estatal, Roy Moore, fue destituido por negarse a retirar un monumento de los Diez Mandamientos del edificio judicial. Aquella cruzada judicial y política ya anunciaba la tensión permanente entre religión y vida pública en el estado sureño.
En 2024, Louisiana se convirtió en el primer estado en aprobar una ley parecida, pero un juez federal bloqueó su implementación por dictaminar que tenía un “propósito abiertamente religioso” y violaba la Primera Enmienda.
Actualmente, al menos 20 estados han propuesto leyes similares en 2025, según un análisis de Plural, un software de seguimiento legislativo al que tuvo acceso la prensa.
La extensión de la ley “Don’t Say Gay”
Además del paquete de leyes religiosas, Alabama extendió su ley de 2022 apodada “Don’t Say Gay”. Ahora, no solo se prohíbe la discusión sobre identidad de género y sexualidad en niveles inferiores al quinto grado, sino en todos los niveles del sistema escolar.
Esto coincide con el enfoque adoptado por Florida en años anteriores, aunque este último estado retrocedió en una parte de su legislación tras un acuerdo legal con grupos de derechos civiles.
El legislador Neil Rafferty, único representante estatal abiertamente gay, ofreció un testimonio conmovedor contra la nueva norma:
“Cuando prohibimos sus identidades del aula, les estamos diciendo que lo mejor que pueden esperar es el silencio. No voy a ayudarlos a silenciarse, porque yo ya he estado allí. Sé lo que se siente ese silencio.”
Capellanes en las aulas: ¿recurso de apoyo o injerencia confesional?
La autorización para que capellanes voluntarios puedan ofrecer consejería escolar genera también fuertes divisiones. Para algunos sectores cristianos, representa una oportunidad de apoyo emocional y valores morales en tiempos de crisis social juvenil. Pero organizaciones de derechos civiles y defensa de la separación entre iglesia y Estado alertan sobre la posibilidad de adoctrinamiento religioso en instituciones educativas públicas.
Reacciones nacionales: ¿efecto dominó o muro de contención?
El impulso de legislaciones como estas no se limita a Alabama. Arkansas, Indiana, Iowa, Kentucky y Carolina del Norte debaten variantes similares. La agenda está vinculada a los movimientos conservadores alineados al expresidente Donald Trump, que ha hecho de estos temas un eje movilizador de su campaña.
Paradójicamente, esta cruzada moral se da en un contexto político donde la falta de respuestas a problemas elementales (educación deficiente, salud pública precaria, inflación) genera cada vez más frustración ciudadana. Muchos votantes acusan a los legisladores de estar más preocupados por guerras culturales que por soluciones prácticas. Lo dijo gráficamente una representante demócrata durante el debate legislativo: “Esto no va a bajar el coste de los huevos.”
¿Hacia una redefinición del espacio público?
Las leyes aprobadas en Alabama marcan un punto de inflexión clave en el actual debate nacional: ¿qué lugar ocupa la religión en una democracia plural? ¿Y hasta qué punto puede un Estado promover ciertos valores sin imponer creencias particulares?
Para grupos como el ACLU o Freedom From Religion Foundation, la respuesta es clara: estas leyes violan la Constitución. Para otros, como los dirigentes evangélicos del sur estadounidense, se trata de un regreso a los “fundamentos que forjaron la nación”.
Pero quizá el dato más inquietante sea el más silencioso: el impacto real en los estudiantes. Una generación que crece en un entorno cada vez más polarizado, donde sus aulas se transforman en trincheras ideológicas y donde la expresión auténtica de su identidad puede ser motivo de castigo o censura.
