¿El fin de la diversidad corporativa? La ofensiva política y empresarial contra la inclusión en EE. UU.

Una renuncia polémica en el Pentágono sacude el debate

John Ullyot, exvocero del Pentágono y pionero en la estrategia de comunicación del nuevo Secretario de Defensa Pete Hegseth, fue obligado a renunciar esta semana. Su salida marca un nuevo capítulo en la ofensiva contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) que inundó recientemente las estructuras militares y empresariales en Estados Unidos.

Ullyot tuvo un papel clave en decisiones controversiales, como la directiva dirigida a eliminar imágenes consideradas como “promoción de DEI” de plataformas militares, lo cual condujo a hechos ampliamente criticados como la remoción de imágenes de íconos históricos, entre ellos Jackie Robinson.

Según fuentes del Pentágono citadas por medios nacionales, la versión que afirma que Ullyot renunció por voluntad propia es falsa. Fue una salida forzada, consecuencia directa de los cambios internos liderados por Hegseth y de la tormenta política que rodea la implementación o eliminación de políticas de inclusión.

Auge y caída de las políticas DEI

Tras la irrupción de movimientos como Black Lives Matter en 2020 y un contexto general de presión social hacia la equidad racial y de género, cientos de compañías estadounidenses implementaron programas DEI destinados a crear lugares de trabajo más diversos. Empresas como Target, PepsiCo, Amazon o Walmart destinaron millones en recursos y políticas enfocadas en las minorías.

Sin embargo, un giro político —liderado por la actual administración de Donald Trump en su segundo mandato— dio pie a una contrarreforma agresiva. Trump ha tildado estas políticas de "ideología woke" e incentivo a la ideología progresista, promoviendo órdenes ejecutivas para que entidades federales abandonen programas de DEI o enfrenten consecuencias presupuestarias.

“No vamos a dejar que nuestras escuelas militaricen a nuestros hijos ni que las oficinas gubernamentales promuevan estas agendas divisorias”, ha dicho el presidente Trump en su cuenta oficial en Truth Social.

Empresas bajo presión: boicots y reuniones incómodas

La revisión de las políticas DEI se ha trasladado al sector privado donde gigantes como Target y PepsiCo se han convertido en foco de controversia. Las empresas, que inicialmente adoptaron programas ambiciosos de diversidad, están retrocediendo frente a las críticas del sector conservador y ante desafíos económicos postpandemia.

El caso más simbólico es el de Target. En enero de 2024, la empresa anunció que no continuaría con sus metas públicas sobre representación afroamericana y dejaría de participar en encuestas externas sobre diversidad. La decisión provocó una reacción inmediata.

El reverendo Al Sharpton, reconocido líder de derechos civiles, convocó una reunión con el CEO de Target Brian Cornell para exigir explicaciones. Aunque los detalles del encuentro no se han divulgado públicamente, su organización, National Action Network, advirtió sobre un posible boicot similar al que ya iniciaron contra PepsiCo.

“Si las marcas no están dispuestas a comprometerse en firme por la equidad, el consumidor deberá hablar con su bolsillo”, dijo Sharpton en declaraciones recientes a MSNBC.

Desde los púlpitos: una respuesta religiosa y estratégica

Más allá del activismo político, algunos sectores religiosos han tomado cartas en el asunto. El pastor Jamal Bryant lanzó una campaña llamada targetfast.org, donde convoca a cristianos de todo el país a sumarse a un boicot de 40 días contra Target, coincidiendo con la Cuaresma.

“En un momento donde se nos exhorta a reflexionar, el retiro de compromisos con comunidades marginadas no puede pasar inadvertido”, expresó Bryant.

La campaña, que terminó con la llegada del Domingo de Resurrección, fue avalada por otras figuras religiosas influyentes. Su impacto económico aún está por determinarse, pero su valor simbólico es fuerte, al inscribir la lucha por la inclusión en el ámbito espiritual.

El caso de Louisiana: una guerra legal por las ciudades santuario

Paralelo a la embestida federal y corporativa, varios estados republicanos han lanzado su propia ofensiva. En Louisiana, la fiscal general Liz Murrill intenta invalidar desde los tribunales una política del Departamento del Sheriff del distrito de Orleans que limita la cooperación con autoridades migratorias federales, en línea con las llamadas ciudades santuario.

La batalla legal se remonta a un caso de 2013 donde dos trabajadores migrantes, Mario Cacho y Antonio Ocampo, fueron retenidos ilegalmente en prisión después de cumplir sus condenas, solo por solicitudes de detención emitidas por ICE.

“El consentimiento legal que rige desde entonces está en conflicto irreconciliable con la nueva ley estatal —Act 314— que prohíbe políticas que impidan colaborar con ICE”, sostiene la fiscal Murrill.

No obstante, la portavoz del Sheriff Susan Hutson argumenta que el departamento “está en pleno cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes y de la ley estatal”.

¿Reforma o regresión?

La pregunta subyacente en todos estos eventos es si vivimos un proceso de reajuste natural frente a políticas fallidas, o si estamos observando un retroceso sistémico que pretende borrar décadas de avances sociales.

De un lado, opositores a las políticas DEI alegan que su implementación suele ser forzada, con objetivos confusos y efectos contraproducentes. Por otro, promotores de estos programas aseguran que sin metas claras, reportes públicos y compromisos coherentes, no se puede avanzar hacia un sistema justo y equitativo.

“Eliminar informes de diversidad sin comunicar nuevas estrategias es un mensaje claro: la equidad ya no es una prioridad”, escribió recientemente la activista académica Kimberlé Crenshaw, madre del concepto de interseccionalidad.

El camino a seguir

Este nuevo ciclo político y empresarial en EE. UU. es reflejo de una nación profundamente dividida. Las políticas de DEI, antes vistas como necesarias incluso desde el punto de vista del capital humano y el desempeño financiero, han pasado a convertirse en símbolo de batalla ideológica.

De aquí en adelante, lo que ocurra en salas de reuniones, tribunales y urnas determinará si la diversidad tendrá futuro institucional. Lo cierto es que el discurso ha cambiado, el terreno es más hostil y la batalla, oficialmente, ha comenzado.