Polémica ambiental en los Grandes Lagos: el túnel petrolero que divide a Estados Unidos

Un túnel bajo los Grandes Lagos que enciende alarmas

En una decisión que ha encendido la controversia a nivel nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. ha decidido acelerar los permisos del polémico proyecto para construir un túnel protector en torno a un segmento del envejecido oleoducto Line 5 de Enbridge, que atraviesa las aguas del estrecho de Mackinac, un canal crucial que conecta los lagos Michigan y Hurón.

La medida se produce tras una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, emitida en enero, que decreta la necesidad de acelerar los permisos para proyectos energéticos considerados "de emergencia", en un intento por reducir la dependencia estadounidense del petróleo extranjero. Esta orden ha generado múltiples críticas de grupos ambientalistas, comunidades indígenas y una parte importante del público.

¿Qué es el oleoducto Line 5?

El oleoducto Line 5 fue puesto en funcionamiento por Enbridge en 1953. Atraviesa los estados de Wisconsin y Michigan, extendiéndose hasta Sarnia, Ontario (Canadá), transportando diariamente unos 87 millones de litros (23 millones de galones) de petróleo crudo y líquidos de gas natural, según cifras de la propia empresa.

Con el paso de los años, la infraestructura comenzó a mostrar señales de deterioro. Preocupaciones surgieron en 2017 cuando Enbridge admitió que sus ingenieros sabían desde hacía tres años sobre fallas en el recubrimiento del tramo sumergido del ducto bajo el estrecho de Mackinac. Los temores escalaron aún más con el incidente de 2018, cuando un ancla de barco impactó el oleoducto, dejando en evidencia su vulnerabilidad.

El plan del túnel

Para evitar un desastre ecológico mayor, Enbridge propuso la construcción de un túnel que rodee un tramo de 5,8 kilómetros (3,6 millas) del ducto bajo el fondo del estrecho. Este túnel serviría como una camisa protectora alrededor del oleoducto existente, diseñado supuestamente para prevenir derrames.

"Este proyecto busca hacer que un oleoducto seguro sea aún más seguro", expresó Ryan Duffy, portavoz de Enbridge, en una declaración reciente. La empresa ha estado gestionando permisos desde hace cinco años para este propósito.

¿Por qué se acelera el proceso ahora?

El impulso definitivo fue el decreto de Trump en enero de 2020, declarando como prioridad nacional la aceleración de ciertos proyectos energéticos. En este marco, el Cuerpo de Ingenieros designó el túnel como un proyecto de emergencia. Originalmente, la decisión sobre los permisos estaba proyectada para principios de 2021, pero ahora el proceso se acelerará significativamente.

Shane McCoy, jefe de regulación del distrito de Detroit del Cuerpo, se limitó a decir que la cronología será “reducida”, pero sin omitir pasos legales. Sin embargo, esta ambigüedad no ha ayudado a calmar las críticas.

Las voces opositoras

Diversos actores que priorizan la protección ambiental han denunciado esta decisión como un intento de burlarse del proceso democrático y científico. Entre ellos figura la organización Sierra Club, el bufete especializado Earthjustice y la Red de Negocios de los Grandes Lagos.

“La única emergencia energética que enfrenta el pueblo estadounidense es el esfuerzo de Trump por ignorar las salvaguardas del aire y el agua limpias en favor de proyectos fósiles sucios y peligrosos”, dijo Mahyar Sorour, directora de políticas de Sierra Club.

La oposición también viene de tribus originarias como la Banda de los Chippewa del Río Bad, quienes han luchado fervientemente en los tribunales para sacar el oleoducto de sus tierras, alegando riesgos persistentes de derrames y la falta de renovaciones legales en los derechos de paso desde 2013.

Enfrentamientos legales constantes

Los litigios en torno al proyecto se encuentran por doquier. Por un lado, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, ha iniciado una demanda para revocar la servidumbre que permite al oleoducto atravesar el estrecho. Por otro, la gobernadora Gretchen Whitmer continúa con su cruzada legal para eliminar la infraestructura.

En 2018, Enbridge alcanzó un acuerdo con la entonces gobernación de Rick Snyder para comenzar la construcción del túnel, lo que fue interpretado por detractores como un pacto apresurado para proteger intereses corporativos justo antes de dejar el cargo.

Un tribunal de apelaciones de Michigan validó en febrero de 2024 los permisos estatales para la construcción del túnel. No obstante, la batalla legal continúa en cortes federales y estatales.

Impacto ecológico potencial

Los Grandes Lagos albergan el 20% del agua dulce superficial del planeta. Un derrame en el estrecho de Mackinac, donde las corrientes son especialmente intensas, podría tener consecuencias alarmantes. Estimaciones independientes indican que un vertido afectaría más de 700 millas de costa y miles de especies acuáticas y terrestres.

Un estudio encargado por el estado de Michigan en 2018 estimó que un evento catastrófico en Line 5 podría suponer pérdidas económicas superiores a 1.800 millones de dólares.

¿Una solución o más del mismo problema?

Los defensores del túnel argumentan que no sólo aseguraría el suministro energético —vital para la región de los Grandes Lagos y Canadá— sino que también serviría como una solución transitoria mientras se desarrollan infraestructuras más limpias.

Sin embargo, grupos ecologistas y expertos climáticos afirman que este proyecto no hace más que extender la vida útil de una estructura basada en combustibles fósiles durante décadas adicionales, cuando el momento exige transiciones energéticas aceleradas hacia energías renovables.

Un patrón de desregulación bajo Trump

Este no es un caso aislado. Durante su periodo presidencial, Donald Trump implementó más de 100 rollbacks (retrocesos) en políticas ambientales, desde protecciones de especies en peligro hasta regulaciones sobre emisiones industriales. Entre los más criticados, estuvo su retiro del Acuerdo de París en 2017 (EE.UU. volvió a ingresar bajo la administración de Joe Biden).

Organizaciones como la Unión de Científicos Preocupados y la Natural Resources Defense Council documentaron cómo las decisiones administrativas afectaron negativamente la biodiversidad, la calidad del agua y el avance hacia economías bajas en carbono.

Una fisura generacional

La polémica sobre Line 5 también ha generado divisiones intergeneracionales y culturales: mientras sectores industriales y sindicatos han enfatizado la necesidad de empleos e infraestructura, muchos jóvenes se han sumado activamente a las protestas contra el oleoducto. Las redes sociales se han llenado de publicaciones denunciando complicidad gubernamental y exigiendo desinversiones en combustibles fósiles.

Campañas como #ShutDownLine5 y #ProtectTheGreatLakes han encontrado eco en estudiantes, activistas climáticos e indígenas, recordando con fuerza creciente que el cambio climático no se detiene ante fronteras ni ideologías.

Si bien la administración Biden ha mostrado señales de revisar este tipo de proyectos, el proceso legislativo y judicial es lento. Y mientras tanto, el oleoducto sigue operando.

¿Hacia dónde vamos?

El caso del túnel de Line 5 es paradigmático: simboliza el dilema entre seguir apostando por un modelo energético del pasado o trazar una ruta decisiva hacia un futuro sostenible. Más allá de votos o partidos, está en juego el agua que bebemos, el aire que respiramos y el mundo que heredaremos.

La pregunta clave es: ¿cuánto más estamos dispuestos a arriesgar por un poco más de petróleo?