Libertad religiosa vs. derechos reproductivos: el nuevo frente legal en EE.UU.

Una batalla judicial en torno a los valores católicos y los derechos federales

Esta semana, un juez federal de Dakota del Norte dictaminó que más de 9,000 empleadores afiliados a la Catholic Benefits Association (CBA) y a la Diócesis de Bismarck no están obligados a seguir las regulaciones de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) en relación con la Ley de Equidad para Trabajadoras Embarazadas (Pregnant Workers Fairness Act o PWFA).

El fallo representa otro capítulo importante dentro del creciente conflicto legal y cultural en Estados Unidos entre las normas federales diseñadas para proteger los derechos de las mujeres en el lugar de trabajo y las objeciones basadas en principios religiosos, en este caso, de la Iglesia Católica.

¿Qué dice la Pregnant Workers Fairness Act?

Aprobada con apoyo bipartidista en diciembre de 2022, la PWFA exige a los empleadores realizar acomodaciones razonables para aquellas empleadas embarazadas o con necesidades médicas relacionadas al embarazo o al parto.

Sin embargo, la EEOC interpretó estas necesidades relacionadas de manera extensa para incluir también abortos, tratamientos de fertilidad como la fertilización in vitro (FIV) y métodos anticonceptivos.

Fue este punto el que generó alarma entre entidades religiosas como la Catholic Benefits Association. Según argumentaron, estas disposiciones van en contra de su doctrina religiosa y requieren que den beneficios a los que moralmente se oponen.

El contexto más amplio: regulación vs. libertad de religión

Esta disputa se une a una serie de casos que en los últimos años han colocado a la libertad religiosa frente a políticas públicas de inclusión y equidad. El juez Daniel Traynor, quien concedió primero una orden de alejamiento temporal y esta semana la hizo permanente, escribió en su fallo una frase reveladora:

"Es una época precaria para las personas de fe religiosa en Estados Unidos. Se ha descrito como una era poscristiana".

Traynor agregó que las acciones de la EEOC violaban la Constitución al imponer mandatos administrativos ilegales contrarios a la libertad de ejercicio religioso garantizada en la Primera Enmienda.

¿Qué implica el fallo judicial?

En términos prácticos, la decisión exime a más de 9,000 empleadores católicos con aproximadamente 164,000 empleados asegurados a través de los planes de salud afiliados con la CBA, de cumplir con los lineamientos de la EEOC relacionados con:

• La obligación de proporcionar beneficios por aborto o tratamientos de fertilidad.
• Evitar referirse a empleados trans con pronombres distintos al género biológico.
• Permitir el acceso a espacios privados por identidad de género.
• Restringirse al expresar doctrinas católicas sobre temas sexuales.

Además, el fallo también bloquea las nuevas directrices sobre acoso en el lugar de trabajo que prohibían agresiones verbales hacia trabajadores transgénero o aquellos que hayan contemplado un aborto.

Reacciones polarizadas

El abogado Martin Nussbaum, representante de los demandantes, celebró la victoria señalando que se ha protegido tanto la libertad religiosa como la de expresión:

“Estamos agradecidos con el tribunal por proteger el derecho a expresar la enseñanza católica, incluso cuando va en contra de los códigos de lenguaje que quiere imponer el gobierno”, comentó Nussbaum.

Por su parte, el obispo David D. Kagan dijo: “La Corte ha defendido nuestros derechos de libertad religiosa, y eso es todo lo que siempre quisimos”.

Sin embargo, grupos defensores de los derechos reproductivos condenaron la decisión. Inimai Chettiar, presidenta de la organización A Better Balance –uno de los colectivos que luchó por la aprobación de la PWFA– expresó su decepción:

“Este fallo es parte de una tendencia más amplia de ataques a los derechos de las mujeres y a la libertad reproductiva. Que se ataque a la fertilización in vitro –un procedimiento médico común y apoyado por muchas personas— demuestra lo extremista del caso”.

¿Cuál es la próxima etapa legal?

Aunque este fallo se circunscribe a empleadores católicos, podría marcar un precedente legal significativo. Chettiar señaló que la administración de Joe Biden o el Departamento de Justicia podrían apelar la decisión, lo que podría llevar el caso ante la Corte Suprema de EE.UU.

Parte del problema es la falta de uniformidad. Otros tribunales en diferentes jurisdicciones han fallado a favor o en contra de las disposiciones sobre trabajadores embarazadas, creando lo que los expertos llaman un “mosaico jurídico inconsistente”. Una revisión de la Corte Suprema podría ser la única vía para establecer un precedente nacional definitivo.

Un giro en la EEOC bajo Trump

La EEOC se ha visto alterada políticamente según la administración presidencial de turno. Bajo el gobierno de Trump ya se había limitado el poder de la agencia, y más recientemente, el expresidente despidió a dos comisionados demócratas de la EEOC en enero. Ahora, con la republicana Andrea Lucas al frente, se ha expresado la intención de revisar tanto la PWFA como las directrices de acoso.

Esto ha generado desconfianza en colectivos feministas y de salud pública que ven estas acciones como ataques directos a los avances obtenidos con lucha en temas de género y salud reproductiva.

Otras implicaciones: aborto, lenguaje y transición de género en juego

Este caso no solo pone en cuestión el acceso a tratamientos médicos, sino también el uso del lenguaje en el lugar de trabajo, la libertad de los empleadores para compartir creencias religiosas y la legalidad de normas inclusivas implementadas por el gobierno.

La batalla en curso recuerda a otros fallos recientes, como las decisiones en torno a la obligación de los colegios religiosos de reconocer matrimonios igualitarios, o el polémico caso de Masterpiece Cakeshop sobre la obligación a vender un pastel para una boda gay. Todos estos conflictos tienen un denominador común: la colisión entre derechos civiles y libertad religiosa.

¿Religión vs. derechos laborales o coexistencia posible?

Algunos analistas creen que hay espacio para el equilibrio. La propia PWFA incluye una cláusula de excepción religiosa, sin embargo, esta exige que las determinaciones se hagan caso por caso. Las organizaciones religiosas objetan esta especificidad, interpretándola como una vía para “forzarlas por la puerta trasera”.

Más allá de los tecnicismos legales, el debate pone en juego el tipo de sociedad que desea construir EE.UU.: una en la que todos los derechos civiles se aplican por igual, o una que permita reservas legales en función de creencias profundas.

Según datos del Pew Research Center, el 60% de los estadounidenses apoya el derecho al aborto en la mayoría de los casos, pero también, un 70% apoya la libertad religiosa como principio constitucional inviolable. Encontrar armonía entre estos dos compromisos se ha vuelto el gran dilema jurídico de la era actual.

Mientras tanto, trabajadoras como aquellas dentro de los sistemas de salud católicos o instituciones educativas religiosas podrían descubrir que, dependiendo de su empleador, sus derechos laborales no se aplican igual que al resto de los estadounidenses.

La decisión en Dakota del Norte no ha cerrado el asunto, lo ha amplificado. En los próximos meses, veremos si el tema escala al máximo tribunal del país o si, por el contrario, la lucha se traslada estado por estado, institución por institución.