La ofensiva del gobierno de EE.UU. contra las ONG: ¿un ataque a la sociedad civil?

La relación entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Estados Unidos lleva décadas de evolución, generalmente caracterizada por colaboración e independencia. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, múltiples incidentes recientes apuntan a una peligrosa tendencia: la intromisión del poder ejecutivo en el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil.

¿Qué está haciendo DOGE con las organizaciones sin fines de lucro?

El Instituto Vera de Justicia, una influyente ONG con sede en Nueva York dedicada a la reforma del sistema penal, reveló recientemente que personal del Department of Government Efficiency (DOGE), una polémica entidad gubernamental creada durante la administración Trump, intentó asignar un equipo de vigilancia dentro de su organización. Según dijo Nick Turner, presidente del instituto, la intervención fue retirada luego de que los abogados de Vera cuestionaran su legalidad.

Este no es un hecho aislado. El DOGE ha sido acusado de intentar instalar equipos en otras organizaciones que reciben fondos del Congreso, incluso aquellas con autonomía legal como el Instituto de la Paz de EE.UU., desafiando la estructura de independencia de dichas entidades.

Benjamin Soskis, investigador del Urban Institute, afirmó que "la supervisión regulatoria es una cosa, pero esto parece ingresar en un terreno mucho más oscuro, donde el gobierno amenaza el funcionamiento de las organizaciones a las que no respalda ideológicamente".

El papel de Vera y por qué es un blanco

El instituto Vera fue fundado en 1961 y en la actualidad tiene un presupuesto anual cercano a los 45 millones de dólares, principalmente provistos por entidades privadas como fundaciones filantrópicas. Ha sido uno de los defensores más visibles de la justicia racial y la inmigración humanitaria, dos temas que han sido blanco constante de las políticas de Donald Trump.

Turner no duda en afirmar que esta ofensiva tiene motivaciones ideológicas: "El gobierno de Trump está haciendo todo lo posible por obstaculizar la sociedad civil, sea en el mundo académico, en las firmas legales o, ahora, en las ONG. Esto es un intento más de amedrentar a quienes defienden políticas de justicia y derechos humanos".

La pérdida de fondos y el cambio en prioridades de justicia

Parte del deterioro en la relación entre Vera y el gobierno federal se hizo evidente tras la cancelación de subvenciones del Departamento de Justicia que estaban destinadas a programas clave, como asistencia legal para personas sordas víctimas de delitos o iniciativas contra la trata de personas. La razón oficial: redirigir fondos hacia operaciones policiales más "directas".

En total, se trataba de aproximadamente 5 millones de dólares en subvenciones repartidas en tres años. La cifra puede parecer menor, pero el mensaje es rotundo: las prioridades federales ya no pasan por enfoques alternativos ni por proteger a grupos vulnerables.

El temor de otras organizaciones sin fines de lucro

La comunidad de ONGs ha reaccionado con inquietud. Diane Yentel, presidenta del National Council of Nonprofits, denunció públicamente la acción de DOGE: "Es un abuso de poder que debe alarmar a todos los estadounidenses". La organización que dirige incluso presentó una demanda para frenar la congelación de fondos federales a ONGs.

El trasfondo estadístico no es menor: en 2021, más de 103,000 organizaciones recibieron 267 mil millones de dólares del gobierno federal, de acuerdo con el Urban Institute. Cuestionar ahora la autonomía de quienes manejan esta ingente porción de políticas sociales implica romper con décadas de colaboración entre estado y sociedad civil.

Operativos agresivos de ICE: Juan Francisco Méndez y otros casos

No solo DOGE está siendo acusado de violar los principios de la sociedad civil. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) también ha enfrentado duras críticas por sus métodos recientes de detención. Un caso reciente ha generado especial indignación: la detención de Juan Francisco Méndez en Massachusetts.

El video del operativo, grabado por su esposa Marilu Domingo Ortiz, muestra cómo varios agentes rompen la ventana de su coche con un martillo y los arrastran fuera del vehículo, todo esto mientras se dirigían a una consulta odontológica. Méndez estaba en proceso de solicitud de asilo y no tenía antecedentes penales.

"En mis 27 años trabajando en inmigración, nunca había visto algo tan violento e innecesario", dijo Ondine Galvez-Sniffin, abogada de la familia. Hoy, Méndez se encuentra detenido en New Hampshire sin acceso inmediato a su familia.

La indignación ha llegado a las autoridades locales: el alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, pidió explicaciones a ICE, cuestionando si realmente están dirigiendo sus esfuerzos a delincuentes como prometieron o simplemente están deteniendo a personas al azar.

Una táctica sistemática de represión

El caso de Méndez no está solo. Hace pocas semanas, otra intervención de ICE llevó a la detención de Wilson Martell-Lebron justo después de salir de un juicio en Boston. El juez lo consideró como una violación del debido proceso y expresó su preocupación por las tácticas de los agentes federales. En paralelo, la estudiante turca Rumeysa Ozturk fue detenida violentamente mientras caminaba por la calle en las afueras de Boston.

La Fiscalía de Suffolk calificó las tácticas de ICE como "extremadamente imprudentes y preocupantes". Este patrón de detenciones apunta a un recrudecimiento de la política migratoria y al uso de métodos que han sido ampliamente criticados por defensores de derechos humanos.

Nate Paul, Paxton y el fantasma de la politización judicial

Por si fuera poco, el panorama se enrarece aún más con casos como el del promotor inmobiliario Nate Paul, sentenciado recientemente por mentir a una entidad financiera y protagonista del caso que llevó al impeachment del fiscal general de Texas, Ken Paxton, aunque este fue absuelto. Paul cumplirá cinco años bajo libertad vigilada y deberá pagar una multa de un millón de dólares.

Este caso, si bien es diferente, resuena con el resto de los acontecimientos mencionados. Refleja cómo ciertas figuras cercanas al poder pueden salir favorecidas, mientras organizaciones o ciudadanos sin poder político enfrentan represalias severas.

¿Independencia en riesgo?

Los defensores de la sociedad civil advierten que los últimos acontecimientos conforman una narrativa preocupante: el gobierno no solo está repasando antiguas reglas, sino que busca una expansión del ejecutivo sobre el funcionamiento interno de organizaciones que fueron diseñadas para contrabalancearlo.

El hecho de que DOGE haya utilizado como ejemplo al Instituto de la Paz —una organización establecida por el Congreso con un mandato explícito de independencia— para justificar intervenciones, revela que se está intentando normalizar una intervención cuasi-autoritara sobre cuerpos independientes.

Para muchas ONGs, lo ocurrido es más que una advertencia: es un parte aguas en la relación entre el Estado y la sociedad organizada. "Es necesario que el resto de organizaciones se preparen. Esto puede ser una confusión. O puede ser el preludio de una estrategia sistemática para cooptar a las ONG" dijo Turner con énfasis.

En medio de estas amenazas, muchas organizaciones de base ya están ajustando sus protocolos de seguridad, redefiniendo su relación con fondos federales y buscando apoyo internacional. La independencia de la sociedad civil en los Estados Unidos podría estar enfrentando una de sus pruebas más duras en décadas.