El experimento Musk en el gobierno de EE.UU.: ¿eficiencia o caos disfrazado de innovación?

¿Qué sucede cuando la filosofía de Elon Musk entra por la puerta principal del gobierno estadounidense? Lo que está ocurriendo actualmente en la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) —una agencia normalmente poco mediática— parece sacado de un episodio de ciencia ficción distópico. Sin embargo, es la realidad del segundo mandato de Donald Trump, cuyo aparente afán por la eficiencia rediseña las estructuras gubernamentales más allá del reconocimiento.

Un hallazgo inquietante en la azotea

Todo comenzó con el descubrimiento que un especialista en tecnología de la GSA hizo en una azotea: un dispositivo rectangular conectado por cable directamente a la oficina del administrador general. La investigación interna reveló que se trataba de un transceptor vinculado a Starlink, la red de satélites de Elon Musk.

La sorpresa no quedó ahí. Los empleados informáticos estaban profundamente preocupados por lo que podría representar una violación de la seguridad federal. Informaron a superiores y al inspector general de la agencia.

Si bien luego se aseguró que los dispositivos no estaban conectados a la red interna, la simple presencia no autorizada de tecnología privada no autorizada desencadenó un debate crucial: ¿Está Elon Musk infiltrando el aparato federal con su infraestructura tecnológica?

La GSA, el órgano de control del Estado

Para entender lo delicado del asunto, hay que comprender el peso de la GSA. Esta agencia supervisa los bienes inmuebles del gobierno federal, otorga contratos por decenas de miles de millones de dólares, construye herramientas digitales y administra el alquiler y venta de propiedades del gobierno.

“Es un punto de estrangulamiento para todas las agencias civiles”, afirmó Steven Schooner, profesor de derecho en la Universidad George Washington. “Pueden impedir que cualquier agencia compre lo que sea”.

Silicon Valley en Washington: la avanzada de los muskistas

Hoy, gran parte de la cúpula de la GSA tiene fuertes vínculos con Musk o sus empresas. El administrador interino, Stephen Ehikian, es un ejecutivo tecnológico de Silicon Valley cuya esposa trabajó en X (anteriormente Twitter) bajo el mando de Musk. El director de tecnología proviene de Tesla, y una asesora clave, Nicole Hollander, también colaboró en la reestructuración de Twitter que derivó en despidos masivos y demandas judiciales.

Ehikian lo dejó claro en una reunión interna: “Esta agencia es la columna vertebral del gobierno federal”. Su objetivo es claro: automatizar al máximo nivel mediante inteligencia artificial, reducir contratos en desuso y vender activos no esenciales.

Inteligencia artificial al servicio del recorte

Uno de los pilares de la estrategia promovida por Ehikian y ejecutada por su equipo es la implementación de un chatbot interno basado en IA, orientado a identificar contratos y propiedades prescindibles con una eficiencia supuesta superior a la humana.

Este sistema fue presentado en marzo, pero provocó preocupaciones graves relacionadas con la seguridad de los datos. ¿Puede el Estado confiar en que una IA privada determine qué contratos deben mantenerse?

Es una pregunta cadente, especialmente cuando el propio Departamento de Gobierno para la Eficiencia (DOGE), creado por la gestión Trump para centralizar los recortes de gasto público, está bajo sospecha de utilizar la red privada Starlink para transmitir datos del gobierno.

El DOGE y el desmantelamiento de funciones clave

DOGE tiene a su cargo tareas tan sensibles como la venta masiva de propiedades gubernamentales. En marzo, liberaron una lista que incluía nada menos que la sede del Departamento de Justicia y una posible instalación de la CIA, generando críticas ferozmente negativas de demócratas y organizaciones civiles. La lista fue rápidamente retirada, pero ya había causado estragos.

Nicole Hollander, actriz clave de esta movida, rara vez aparece en eventos públicos. Sin embargo, documentos revelan que su rol en los contactos con agentes inmobiliarios y firmas tecnológicas ha sido crucial para avanzar el plan de “optimización” gubernamental. Y, según testimonios, incluso habría instalado literales catres en el sexto piso de la GSA para “vivir en el trabajo”, repitiendo el modelo corporativo de Musk.

¿Eficiencia o caos?

La ironía, según muchos funcionarios de carrera, es que el estilo disruptivo promovido por los muskistas está socavando la eficacia gubernamental en nombre de la eficiencia.

Por ejemplo, antes de esta intervención, la GSA contaba con un equipo de consultoría interna que había ayudado a crear plataformas para la declaración de impuestos online y acelerar la renovación de pasaportes. DOGE eliminó ese equipo por “no ser costeable”.

El exfuncionario Thomas Shedd, ahora responsable de tecnología, también se ha centrado en centralizar todos los contratos públicos en una sola base de datos para eliminarlos más fácilmente. Renuncias dentro del cuerpo técnico confirman que hay temor institucional respecto al manejo de datos sensibles bajo esta nueva lógica empresarial.

Los peligros de una privatización disfrazada

La introducción de herramientas como Starlink dentro de las instalaciones gubernamentales, sin autorización, contraviene normas básicas de ciberseguridad. Y mientras los voceros minimizan sus implicancias, fuentes internas afirman que la investigación aún no se ha cerrado del todo.

Las analogías con Twitter/X no parecen descabelladas. Nicole Hollander y Steve Davis —coordinadores informales de este proceso— están cuestionados por haber dirigido la brutal “optimización” de X, ignorando códigos de construcción en San Francisco, impagos a proveedores y la instalación no regulada de nuevas metodologías laborales.

Hoy, aplican ese mismo modelo a una agencia que maneja más de 50 mil millones de dólares en contratos federales. ¿Dónde queda la supervisión? ¿Cuál es el riesgo real de permitir que estructuras privadas interfieran con procesos estatales fundamentales?

¿Una visión de gobierno futurista o una distopía en construcción?

La visión de eficiencia que Musk y sus representantes promueven en la GSA plantea un dilema existencial sobre la función del Estado: ¿Debemos adoptar la agilidad empresarial a sabiendas de los riesgos que implica? ¿Quién audita a los auditores cuando éstos responden a intereses privados?

Como bien lo expresó Amira Boland, experta en comportamiento organizacional que trabajó en la GSA durante el primer mandato de Trump: “Hay burocracia que merece ser eliminada, sin duda. Pero hay que saber con qué estás jugando”.

Quizá ésta sea la pregunta crucial del futuro inmediato estadounidense.