Cruzada ideológica: Trump contra Harvard y la libertad académica en EE. UU.

Por décadas, las universidades en Estados Unidos han dependido del financiamiento federal para investigación científica e innovación. Sin embargo, la reciente ofensiva de la administración Trump contra instituciones como Harvard está poniendo en juego una alianza fundamental para el desarrollo del país.

El inicio de una relación estratégica: la universidad como bastión de innovación

La colaboración entre el gobierno estadounidense y las universidades de élite se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, bajo la visión del ingeniero y científico Vannevar Bush, el gobierno federal comenzó a otorgar financiación significativa a centros como MIT, Stanford y la Universidad de California para fomentar la innovación tecnológica y científica. De esta colaboración surgieron avances trascendentales como el radar, tecnologías de comunicación y, eventualmente, el desarrollo de Silicon Valley.

Según explica Jason Owen-Smith, profesor de la Universidad de Michigan, esta red de interdependencia representa “una parte central de la historia de Estados Unidos contemporáneo”. En 2023, las universidades recibieron aproximadamente $59,6 mil millones del gobierno federal en fondos para investigación. Instituciones como Johns Hopkins, la Universidad de Washington y MIT lideran esta lista, siendo Harvard receptora de unos $640 millones en ese año.

El ataque a la tradición académica: nuevas condiciones políticas al financiamiento

El nuevo mandato de Donald Trump ha traído consigo una agenda ideológica firme. Declaraciones como “vamos a sacar la locura transgénero de nuestras escuelas” y “mantendremos a los hombres fuera de los deportes femeninos”, han sido el preludio de órdenes ejecutivas que afectan directamente la libertad educativa y la autonomía universitaria. Trump ha impuesto medidas estrictas sobre universidades que no restrinjan ciertas protestas o que promuevan políticas inclusivas hacia estudiantes transgénero.

El caso de Harvard es paradigmático. Tras negarse a acatar políticas restrictivas impuestas por el gobierno federal, la universidad vio congelados más de $2 mil millones en subvenciones. Esta medida llega en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno y otras instituciones emblemáticas como Columbia o Johns Hopkins, que también vieron recortes tras no adaptarse a las nuevas exigencias ideológicas del Ejecutivo.

El trasfondo político: intervenir la autonomía bajo la bandera del orden

Los portavoces de la administración Trump han justificado estas acciones alegando que las universidades promueven ideologías radicales y permiten actos ilegales. “Muchos estadounidenses se preguntan por qué sus impuestos pagan a instituciones que adoctrinan estudiantes y permiten conductas ilegales”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Sin embargo, analistas como el historiador Roger Geiger, de Penn State, lo ven diferente: “Nunca antes se había politizado así esta relación, porque siempre ha contado con apoyo bipartidista”.

La historia ha sido testigo de ciertas fricciones entre la política y la academia, pero estas siempre se manejaron dentro de cauces institucionales. Ahora, con recortes directos sin pasar por el Congreso ni seguir normativas establecidas, se marca un nuevo precedente que erosiona la “independencia vigilada” que caracterizaba al sistema desde hace décadas.

Una amenaza a la investigación y la educación: efectos a corto y largo plazo

Las consecuencias de estos recortes podrían impactar gravemente la investigación científica, médica y tecnológica en el país. Instituciones como Johns Hopkins, responsables de descubrimientos globalmente significativos en salud, han advertido que los recortes “deshacen un pacto duradero que benefició al mundo entero”.

Además, los analistas coinciden en que estos cortes pueden repercutir en áreas sensibles como las becas para estudiantes de bajos ingresos, así como en la contratación y retención de investigadores.

“Los fondos federales representan una piedra angular para universidades que, sin este apoyo, tendrían que reducir personal o cancelar proyectos enteros”, indicó Owen-Smith. Agregó que muchas instituciones podrían verse forzadas a reorientar su oferta educativa o cerrar programas científicos clave.

El nuevo campo de batalla: el deporte universitario y la identidad de género

Otro ámbito en el que la administración Trump ha actuado con firmeza es el deporte estudiantil. Una nueva orden ejecutiva firmada al comienzo de su segundo mandato define el sexo como una categoría biológica inmutable, eliminando el reconocimiento de la identidad de género en programas federales.

Bajo esta orden, universidades y asociaciones deportivas que permitan la participación de atletas transgénero en equipos femeninos podrían perder sus subvenciones. Ya hay investigaciones abiertas contra la Universidad de Pennsylvania, San José State y la Asociación Atlética Interestatal de Massachusetts. Además, el gobierno ha demandado al estado de Maine por no cumplir con estas disposiciones.

La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos grupos conservadores la aplauden, asociaciones deportivas como la NCAA y la National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) han sido presionadas para cambiar inmediatamente sus políticas. La NAIA, por ejemplo, votó de forma unánime para restringir la participación de atletas trans en deportes femeninos.

No obstante, los datos sugieren que la participación de atletas trans es mínima. Según una encuesta de 2019 del Grupo GLSEN, solo un 5% de estudiantes dijo participar en deportes que correspondían con su identidad de género. El presidente de la NCAA, Charlie Baker, reconoció recientemente que hay menos de 10 atletas trans entre los más de 500,000 estudiantes que representa la organización.

“Se está generando una política nacional basada en casos que son estadísticamente insignificantes”, subraya Cheryl Cooky, profesora de Purdue experta en género y cultura deportiva.

Impacto internacional: presión sobre organismos olímpicos

La agenda de Trump se extiende más allá de las fronteras estadounidenses. Su administración ha ordenado al Departamento de Estado hacer lobby ante el Comité Olímpico Internacional (COI) para establecer una política uniforme sobre atletas trans. La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ya mostró reservas sobre permitir la participación de mujeres trans en competiciones femeninas, y podría alinear la política del organismo con las demandas del ejecutivo estadounidense.

Resistencia desde algunos estados y el mundo académico

Varios estados, principalmente gobernadores demócratas como William Tong de Connecticut, han prometido desafiar por vía legal las órdenes del ejecutivo federal. “Este es un decreto malicioso e ilegal. Necesitamos unirnos y contraatacar”, dijo Tong en declaraciones recientes.

Mientras tanto, en el mundo académico cunde la preocupación. Muchos investigadores han comenzado a borrar referencias en sus perfiles institucionales para protegerse de represalias gubernamentales. “Eso es lo que ocurre en países autoritarios”, advierte Jonathan Zimmerman, historiador de la Universidad de Pennsylvania.

Un nuevo modelo de relación: más cerca del control ideológico que de la cooperación

Durante ocho décadas, el sistema de colaboración entre el gobierno federal y las universidades sirvió como ejemplo global de cómo una nación puede acelerar su progreso a través del conocimiento. Pero hoy, ese modelo corre peligro.

La ofensiva del equipo de Trump no solo pone en juego miles de millones de dólares, sino también los principios fundamentales de independencia académica, libre pensamiento e investigación sin censura. A medida que se redefinen las reglas del juego, el futuro de la ciencia, la innovación y la educación superior en Estados Unidos pende de un delicado hilo.

“Estamos viendo cómo se intenta rediseñar el corazón mismo de la universidad estadounidense”, concluye Owen-Smith.