Apagón total en Puerto Rico: una crisis energética que exige rendición de cuentas
El último apagón en la isla deja a 1.4 millones sin electricidad y revive el debate sobre el futuro energético de Puerto Rico
Puerto Rico volvió a oscurecerse el miércoles con un apagón total que dejó sin electricidad a sus 1.4 millones de clientes y sin agua a más de 78,000. El caos volvió a invadir la isla justo antes del fin de semana de Semana Santa, afectando infraestructuras críticas, comercios, transporte y eventos deportivos.
¿Qué ocurrió esta vez?
Un portavoz de Luma Energy, la empresa encargada de la transmisión y distribución eléctrica, aseguró que "la isla entera está sin generación". Por su parte, Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones de Genera PR —entidad que se encarga de la generación— afirmó que una "perturbación" en el sistema de transmisión poco después del mediodía provocó el colapso.
Este tipo de apagones no son nuevos en la isla. Desde el paso del huracán María en 2017, que arrasó el sistema eléctrico, los residentes han soportado una infraestructura eléctrica frágil y sujeta a frecuentes fallos.
Impacto inmediato: caos y frustración
El colapso energético tuvo un efecto dominó inmediato. El tren urbano de San Juan quedó detenido, lo que obligó a cientos de personas a caminar por las vías. El centro comercial más grande del Caribe, Plaza Las Américas, cerró sus puertas. Juegos de béisbol y baloncesto fueron cancelados. El ambiente se llenó del zumbido de generadores y el olor del humo diésel.
Verónica Ferraiuoli, gobernadora interina, confirmó que la Casa Blanca ya fue notificada y ofreció su asistencia, mientras se estima que la restauración completa del servicio tardará entre 48 y 72 horas.
El contrato de la discordia: ¿Debemos seguir confiando en Luma y Genera PR?
Los apagones recurrentes han intensificado la ira pública. Cada apagón aumenta el clamor popular para cancelar los contratos de Luma Energy y Genera PR. "Esto es inaceptable", sentenció Josué Colón, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y actual "zar energético" de la isla.
Desde que Luma asumió el control de la transmisión y distribución en junio de 2021 como parte de la privatización del sistema eléctrico, las fallas han sido numerosas. En menos de dos años han ocurrido múltiples grandes apagones, y la promesa de mejorar el sistema se percibe cada vez más lejana.
Numerosos ciudadanos acusan a Luma de incompetencia, subcontrataciones poco transparentes y falta de inversión real en infraestructura. Las tarifas eléctricas, sin embargo, no han dejado de subir.
La dura historia eléctrica de Puerto Rico
Para entender el estado actual del sistema eléctrico puertorriqueño, hay que retroceder décadas. La AEE fue durante años símbolo de mala administración, falta de mantenimiento y politización. Aunque el huracán María en 2017 dejó a la vista toda su debilidad, problemas como líneas de transmisión oxidadas, plantas obsoletas y sobredimensionadas ya eran emblemáticos.
El 20 de septiembre de 2017, el huracán barrió con el sistema de punta a punta, dejando a casi toda la isla sin luz por meses. Según el estudio de Harvard, cerca de 2,975 personas murieron indirectamente como resultado de la terrible respuesta a la emergencia.
Luma y la promesa de un nuevo comienzo
Tras la bancarrota de la AEE, el gobierno firmó en 2020 un contrato de 15 años con Luma Energy —una empresa conjunta entre Quanta Services y ATCO Canadian Utilities— con la promesa de modernizar la red eléctrica. Pero esta transición ha sido ampliamente criticada por la falta de transparencia, errores en facturación, caídas masivas del sistema y falta de comunicación durante emergencias.
El contrato le cuesta al gobierno cerca de $136 millones anuales. Mientras tanto, las tarifas suben: entre 2020 y 2023, el precio por kilovatio hora pasó de 21 centavos a más de 29, según estadísticas de la Junta de Supervisión Fiscal.
¿Y la energía renovable?
A pesar de que Puerto Rico aprobó una ley en 2019 comprometiéndose a generar el 100% de su electricidad con fuentes renovables para el 2050, a día de hoy apenas el 4% proviene de fuentes limpias.
Los ciudadanos han empezado a instalar paneles solares en sus hogares, buscando huir de la inestabilidad del sistema. Pero esto genera el riesgo de una "generación elitista", donde solo quienes pueden pagar el costo inicial pueden asegurarse un servicio eléctrico minimamente estable.
La política energética en disputa
La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (APP) en Puerto Rico, defensora de los contratos con Luma y Genera, insiste en que estos actores privados son necesarios para romper el ciclo de corrupción y desidia estatal. Sin embargo, muchos ven la privatización como una continuidad del saqueo —solo que con nombres diferentes.
Organizaciones como el Instituto de Energía y Ambiente de la UPR han advertido que sin una reforma profunda y una fiscalización transparente, cambiar de operador no resolverá nada.
Más allá del apagón: impactos reales en la vida cotidiana
- Educación: Las universidades cerraron y clases fueron suspendidas en plena recta final del semestre.
- Salud: Clínicas y hospitales recurrieron a plantas eléctricas, pero muchos no tienen la capacidad de sostener todos los equipos en funcionamiento.
- Transporte: La Autoridad Metropolitana de Autobuses paralizó servicios por horas, atrapando a trabajadores y estudiantes.
- Economía: Se estima que un solo día de inactividad general puede costarle a la economía puertorriqueña más de $45 millones en pérdidas, según la Cámara de Comercio local.
¿Hacia dónde debemos ir?
El apagón de abril de 2025 representa mucho más que un fallo técnico: es un síntoma de una falla sistémica. Puerto Rico necesita una reforma energética de fondo que incluya:
- Una auditoría independiente de los contratos con Luma y Genera.
- Una transición acelerada y accesible hacia fuentes renovables descentralizadas, como la energía solar comunitaria.
- La participación ciudadana en los planes energéticos. El pueblo no puede seguir siendo ignorado.
- Inversiones responsables y guiadas por la justicia energética, no por el lucro privado.
El gobierno debe rendir cuentas. Mientras los funcionarios aseguran que están “trabajando diligentemente”, la población sufre —muchas veces en la oscuridad, literal y metafóricamente.
“Esto no es solo sobre luz. Es sobre dignidad, sobre el derecho básico a vivir con estabilidad y seguridad energética.”
Y mientras tanto, los generadores rugen, el humo se espesa… y Puerto Rico sigue esperando respuestas.
