Aguas turbulentas entre Colombia y EE.UU.: el nuevo frente de batalla del comercio automotriz y agrícola

Un conflicto que prende motores

Colombia y Estados Unidos, socios comerciales desde la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012, se encuentran una vez más en el centro de una disputa comercial que podría escalar a una guerra económica. Esta vez, el foco está en la industria automotriz y las represalias arancelarias que afectan a sectores clave de la economía colombiana como el café, las flores, el aguacate y el petróleo.

La chispa la encendió una carta del Representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, enviada al Ministerio de Comercio de Colombia el 11 de abril, en la que se advirtió que los nuevos requerimientos técnicos establecidos por Colombia para automóviles y autopartes podrían llevar a la "cesación total" de las exportaciones automotrices estadounidenses, valoradas en casi 700 millones de dólares en 2023.

Nuevas regulaciones: ¿una amenaza o una oportunidad?

Desde 2021, Colombia ha trabajado en implementar una actualización de las normativas técnicas que rige la seguridad en vehículos, incluyendo frenos, ventanas automotrices, llantas y cinturones de seguridad. Estas nuevas reglas buscan alinearse con los estándares de la Organización de las Naciones Unidas para vehículos, y exigen certificaciones de terceros independientes para verificar el cumplimiento.

Aunque dichas normas pretenden mejorar la seguridad vial y proteger al consumidor colombiano, han sido tildadas por EE.UU. como una barrera comercial injusta. Según Washington, los vehículos fabricados en Estados Unidos ya cumplen con los estándares federales, y Colombia no ha demostrado que estos sean insuficientes. Greer advierte que, de continuar el proceso, podría haber medidas de represalia inmediatas.

Impacto potencial sobre el comercio bilateral

El conflicto amenaza con afectar uno de los sectores más lucrativos de la alianza comercial entre ambos países. EE.UU. mantiene un superávit comercial con Colombia de 1.300 millones de dólares, siendo este uno de los principales socios económicos del país sudamericano. El 30 % de las exportaciones colombianas tienen como destino Estados Unidos, evaluadas en billones de dólares anualmente.

En contraste, Colombia importa grandes cantidades de maquinaria, productos alimenticios procesados, químicos y productos agrícolas estadounidenses. Alterar esta relación implicaría no solo una sacudida para la economía colombiana, sino también implicaciones logísticas para sectores productores de EE.UU. que dependen del mercado colombiano.

Amenazas arancelarias: el otro golpe

El conflicto automotriz se da en un contexto ya tenso tras las presiones ejercidas por la administración Trump en enero, cuando Colombia se rehusó a aceptar vuelos de deportación de inmigrantes. Como respuesta, se amenazó con imponer aranceles del 25 % sobre productos clave colombianos. Aunque la situación se resolvió en menos de 24 horas, reveló la fragilidad del vínculo comercial frente a factores políticos.

El golpe más reciente vino a inicios de abril con la imposición de aranceles del 10 % a mercancías colombianas. La ministra de Comercio, Cielo Rusinque, ha señalado que el tema será prioritario en las reuniones bilaterales que se celebrarán este mes.

Colombia, entre la espada del desarrollo y la pared del proteccionismo

La postura del gobierno colombiano puede ser vista como una apuesta por mejorar la seguridad y estandarizar el acceso al país de vehículos con normativas internacionales. Sin embargo, en el plano diplomático representa una decisión arriesgada, pues puede alterar el acceso preferencial obtenido a través del TLC.

La implementación de regulaciones técnicas no es exclusiva de Colombia. Muchos países han integrado normas internacionales a sus códigos para evitar la entrada de vehículos inseguros. No obstante, el Departamento de Comercio de EE.UU. argumenta que exigir procesos de certificación redundantes encarece los costos para fabricantes estadounidenses, quienes ya enfrentan normativas internas rigurosas.

TLC en la mira: ¿una herramienta o una trampa?

Firmado en 2012, el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. ha sido tanto celebrado como cuestionado en Colombia. Si bien ha contribuido al aumento de las exportaciones no tradicionales y ha facilitado el acceso a bienes de capital en condiciones preferenciales, ha generado también críticas por su impacto en la industria nacional y los productores rurales.

En el actual panorama, el TLC se convierte en un campo de batalla legal y moral. EE.UU. sostiene que las nuevas barreras técnicas están violando los principios del acuerdo; Colombia, por su parte, argumenta que las normas son necesarias para cumplir estándares globales y que no se orientan a proteger productores locales de competencia externa.

Una historia de turbulencias y amenazas

No es la primera vez que la relación comercial se sacude. En años recientes:

• EE.UU. amenazó con retirar beneficios arancelarios si Colombia no cumplía compromisos en materia laboral.
• Hubo fricciones por la importación de arroz subsidiado, lo que afectó a productores colombianos.
• El ingreso de derivados farmacéuticos de EE.UU. motivó protestas por temor a la desaparición de laboratorios locales.

Ahora, el enfoque está en los frenos de disco y cinturones de seguridad, pero el trasfondo es mucho más profundo: se trata de definir hasta dónde llega la soberanía nacional en políticas comerciales y técnicas dentro de un régimen multilateral de tratados.

Mirando a largo plazo: ¿es tiempo de revisar el TLC?

Expertos como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, han sugerido que Colombia debería considerar la posibilidad de renegociar ciertos aspectos del acuerdo, no para salirse, sino para adecuarlo a un nuevo contexto económico y geopolítico. El mundo post-pandemia y ante el reto del cambio climático exige cadenas de suministro más resilientes y comercio más justo.

En ese sentido, las exigencias de EE.UU. también podrían leerse como mecanismos de presión más allá de lo técnico, y enmarcarse dentro de una doctrina neoproteccionista que Washington ha adoptado bajo diferentes colores políticos desde 2016.

El factor Trump y la política exterior como arma comercial

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2016, ha utilizado las relaciones comerciales como una herramienta de presión externa. Ya lo vimos con NAFTA, con China, y ahora con países relativamente pequeños como Colombia. La amenaza constante de aranceles y la imposición efectiva de medidas punitivas son parte de su estrategia para imponer condiciones sin pasar por congresos ni organismos multilaterales.

La volatilidad política interna y externa que rodea a ambos países también contribuye a esta inestabilidad. Trump, nuevamente candidato para 2024, ha convertido el nacionalismo económico en eje central de su narrativa, mientras que el gobierno de Gustavo Petro intenta equilibrar reformas estructurales internas con los compromisos internacionales suscritos.

¿Y los consumidores?

Tanto en EE.UU. como en Colombia, el consumidor es el gran rehén en esta guerra de regulaciones. En Colombia, una posible restricción comercial podría encarecer los autos estadounidenses, limitar la oferta de partes y afectar tanto al mercado nuevo como al de segunda mano. En Estados Unidos, una guerra arancelaria sobre productos agrícolas colombianos podría disminuir la oferta de productos como flores, aguacates y café, incrementando costos para minoristas y consumidores.

¿Hacia una nueva diplomacia comercial?

Lo que está sucediendo ahora entre Colombia y EE.UU. es un ejemplo perfecto de cómo el comercio ya no discurre únicamente por canales económicos. Las decisiones técnicas, ambientales y hasta migratorias terminan configurando una nueva diplomacia que utiliza el comercio como forma de presión y acomodación.

Frente a este escenario, el reto de Colombia será hacer valer su derecho a regular de forma soberana, sin poner en jaque una relación comercial estratégica. Para EE.UU., será clave no imponer su peso de forma desproporcionada o ejercer un neocolonialismo denunciado por varios analistas regionales.

Mientras tanto, sectores como el automotriz y el agrícola esperan con incertidumbre las decisiones que tomen los diplomáticos a fin de mes. No hay dudas de que el desenlace tendrá efectos sobre empleos, precios, producción y sobre todo, sobre la confianza entre dos países que comparten mucho más que tratados y flujos comerciales.