La libertad de prensa bajo fuego: el caso AP vs. Trump y la batalla por el acceso a la Casa Blanca

Un veto polémico en la Oficina Oval

El 22 de abril de 2024, la Casa Blanca bloqueó el acceso a un reportero y un fotógrafo de Associated Press (AP) a una conferencia de prensa en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Este acto, considerado por muchos como represalia directa contra la agencia de noticias, reaviva uno de los debates más complejos del siglo XXI sobre los límites de la libertad de prensa y el papel del Estado en la regulación de los medios de comunicación.

Origen del conflicto: ¿Golfo de México o Golfo de América?

El detonante del enfrentamiento entre la administración Trump y AP se resume en una solicitud: que los medios de comunicación renombren el Golfo de México como “Golfo de América”, según una orden ejecutiva firmada poco después de su regreso a la presidencia a inicios de 2024. AP se negó a ceder a tal exigencia, alegando estándares editoriales independientes y respeto a la geografía consensuada internacionalmente.

No obstante, esta negativa tuvo consecuencias inmediatas. Desde mediados de febrero, los reporteros y fotógrafos de AP tienen el acceso restringido a eventos clave como conferencias en la Oficina Oval y vuelos presidenciales en el avión Air Force One.

El veredicto judicial: una victoria a medias

La controversia escaló hasta el sistema judicial federal. El juez Trevor N. McFadden, del Tribunal del Distrito de Columbia, falló a favor de AP el 19 de abril de 2024, dictaminando que el gobierno de Trump no podía penalizar a la agencia por ejercer su derecho a la libre expresión. Esta decisión marcó un hito, pues invocó el principio de “discriminación por punto de vista”, una doctrina legal que sostiene que el gobierno no puede castigar a una entidad por sostener opiniones con las que no está de acuerdo.

Pero la victoria fue parcial. McFadden aclaró que su mandato no obliga al gobierno a restituir a la AP en su cobertura habitual, sino que únicamente prohíbe la represalia directa por contenido editorial.

La administración Trump respondió de inmediato con una apelación ante el Circuito del D.C., solicitando una suspensión del fallo hasta que el caso sea revisado por una instancia superior. La audiencia fue programada para el jueves 25 de abril.

¿Privilegio o derecho?

Más allá del incidente, la propia administración ha esbozado uno de los argumentos más controversiales en los documentos judiciales, afirmando que:

“No hay ninguna organización informativa en Estados Unidos que tenga garantizado el nivel de acceso que AP ha tenido históricamente. La Constitución no exige que ese estatus privilegiado sea permanente”.

La declaración destapa otra dimensión del conflicto: ¿ha gozado AP de un favoritismo histórico en la cobertura presidencial o simplemente ha cumplido su rol como uno de los principales actores del periodismo nacional?

Según datos del Centro Pew para Periodismo y Políticas Públicas, AP ha sido parte constante del pool de prensa desde la administración de Roosevelt, siendo uno de los medios más consultados e influyentes en el país y el mundo. Su exclusión acentúa el riesgo del autoritarismo disfrazado bajo tecnicismos legales.

La historia se repite: presidentes vs. prensa

Este no es el primer conflicto de esta naturaleza en la historia contemporánea de Estados Unidos. Durante la presidencia de Richard Nixon, las relaciones con los medios fueron notablemente tensas, especialmente tras el escándalo de Watergate. Nixon intentó bloquear la publicación de los Papeles del Pentágono, lo cual motivó una dura batalla legal que desembocó en el fallo histórico New York Times Co. v. United States (1971), donde la Corte Suprema sentenció que el gobierno no podía imponer restricciones previas a la publicación.

Otro caso destacado ocurrió con la cadena CNN durante la administración Trump en su primer mandato, cuando el periodista Jim Acosta fue temporalmente despojado de su acreditación. Un juez federal determinó entonces que se le debía restituir el acceso, invocando los mismos principios en juego hoy con AP.

El precedente legal: más allá de AP

Aunque el caso involucra directamente a la agencia Associated Press, sus implicaciones afectan a todas las organizaciones informativas. Si el fallo de McFadden se mantiene tras la apelación, podría consolidarse un nuevo precedente judicial contra el bloqueo selectivo de medios por motivos editoriales, algo que incluso medios conservadores como Fox News y Newsmax observan con atención.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) ha presentado un amicus brief (informe amigo) enfatizando que:

“La decisión final afectará el equilibrio de poder entre gobierno y medios, y determinará si el Ejecutivo puede usar privilegios de acceso como herramienta de castigo.”

El peligro de la censura indirecta

La exclusión de AP representa una forma insidiosa de censura. No se prohíbe escribir, ni se decreta el cierre del medio, pero se le impide hacer su trabajo con normalidad. En tiempos de desinformación masiva y polarización comunicativa, obstaculizar a los medios mayoritarios consolida el ecosistema de la posverdad, donde hechos alternativos desdibujan la realidad.

La Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) advirtió en su último informe anual que 2023 fue el año con mayor número de restricciones a periodistas acreditados en la historia reciente del país, muchas de esas acciones catalogables como “hostilidad institucionalizada”.

¿Qué está en juego realmente?

Más allá de si el Golfo se llama de México o de América, el punto neurálgico es si un presidente tiene la potestad de castigar decisiones editoriales. Y eso abre una brecha preocupante. Porque, si mañana otro medio no acepta un término oficial, ¿será también excluido? ¿Será el gobierno el editor en jefe de cada línea escrita?

Es útil recordar la famosa frase de Thomas Jefferson:

“Prefiero una prensa sin gobierno que un gobierno sin prensa.”

Hoy, esa declaración cobra vigencia renovada, cuando una administración intenta sustituir la crítica por la adulación, la información por propaganda.

Una batalla más grande: democracia vs. control informativo

El conflicto entre AP y la administración Trump encarna un episodio más en la larga contienda por preservar la independencia de los medios y los principios fundacionales de la democracia estadounidense. El derecho a informar y ser informado no debería depender del humor del mandatario de turno.

Y aunque la justicia en este caso ha dado una señal de esperanza, aún falta el dictamen definitivo de la Corte de Apelaciones. Lo que está en juego no es el acceso a una sala de conferencias, sino el alma misma del periodismo libre.