Hungría endurece su cruzada anti-LGBTQ+: un golpe a la democracia en Europa

Por: Redacción Mundo

El 14 de abril de 2025, el parlamento húngaro aprobó una polémica enmienda constitucional que otorga al gobierno la facultad de prohibir eventos públicos organizados por comunidades LGBTQ+. Con 140 votos a favor y 21 en contra, la medida fue impulsada por la coalición gobernante Fidesz-KDNP, liderada por el primer ministro populista Viktor Orbán, y desató una oleada de críticas tanto dentro como fuera del país.

En este artículo (análisis político y social) exploramos el trasfondo de esta decisión, los argumentos utilizados por el gobierno, las reacciones de la oposición y organizaciones de derechos civiles, y el impacto más amplio que tiene esta medida sobre la democracia en Hungría y sobre los derechos humanos en Europa.

Una enmienda bajo el argumento de "protección infantil"

El nuevo texto constitucional establece que el derecho de los niños a su desarrollo físico, moral y espiritual prevalece sobre todos los demás derechos, incluyendo el de reunión pacífica. Esta redacción, simbólicamente ambigua pero jurídicamente poderosa, allana el camino para vetar eventos LGBTQ+, bajo la justificación de que estos podrían "dañar" el desarrollo infantil.

Por ley, Hungría ya prohíbe desde 2021 la "promoción de la homosexualidad entre menores de 18 años". La enmienda aprobada en abril de 2025 va más allá: prohíbe eventos públicos relacionados con la comunidad LGBTQ+, como desfiles del Orgullo (Pride) e iniciativas pedagógicas que promuevan la inclusión y diversidad.

Se trata de una formalización constitucional de una ley aprobada rápidamente en marzo, lo que para los críticos apunta a una tendencia consolidada del primer ministro Orbán de utilizar el aparato legislativo para imponer una visión conservadora radical sobre la sociedad húngara.

Orbán y la "protección de los valores tradicionales"

Orbán lleva más de una década usando una narrativa de defensa de los "valores tradicionales europeos" frente al avance del "globalismo" y las "ideologías progresistas". Este nuevo capítulo encaja perfectamente en la estrategia del mandatario, que ha encontrado en el colectivo LGBTQ+ un enemigo útil para movilizar a su base electoral más conservadora.

"Este proyecto no tiene nada que ver con la protección de los niños —afirmó Dánel Döbrentey, abogado de la Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU)—. Es propaganda pura y humillante contra una parte de la población."

La narrativa oficial, sin embargo, sostiene otra mirada. El portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, defendió la enmienda argumentando que no busca atacar la autoexpresión individual, sino "aclarar que las normas jurídicas están basadas en la realidad biológica".

La redefinición de género en la constitución

Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es la afirmación constitucional de que sólo existen dos sexos: masculino y femenino. Esta postura institucionaliza el rechazo a las identidades transgénero y niega la existencia de personas intersexuales.

Ya en años anteriores, la constitución fue modificada para prohibir la adopción por parejas del mismo sexo diciendo explícitamente que "la madre es una mujer y el padre es un hombre".

"Es un mensaje devastador para las personas trans e intersexuales —subrayó Döbrentey—. El objetivo es excluirlas no solo de la comunidad nacional, sino incluso de la comunidad de seres humanos".

Vigilancia masiva: reconocimiento facial como arma política

La enmienda también faculta al uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar a quienes asistan a eventos prohibidos, en particular las manifestaciones o celebraciones LGBTQ+. La multa por participar en actos considerados ilegales por esta ley puede alcanzar los 200.000 forintos húngaros (unos 546 dólares).

Ádám Remport, abogado de HCLU, advirtió que "el uso masivo e indiscriminado del reconocimiento facial tiene un efecto devastador sobre la libertad de reunión y la demostración política". Según Remport, este instrumento lleva a un efecto inhibidor: “Las personas sienten miedo de expresar sus creencias por temor a ser perseguidas”, explicó.

Protestas, resistencia y represión

Antes de la votación, políticos opositores y manifestantes intentaron bloquear el acceso al garaje del parlamento. Atados con precintos plásticos, resistieron hasta que fueron evacuados por la policía.

Durante la sesión parlamentaria, algunos diputados de la oposición utilizaron bocinas de aire para generar ruido y sabotear el desarrollo del voto. A pesar de lo simbólico de sus esfuerzos, la mayoría parlamentaria de Orbán garantiza que todas las iniciativas de su partido sean aprobadas sin dificultad.

Desde 2011, la constitución húngara ha sido enmendada 15 veces; todas ellas respondiendo al proyecto ideológico de Fidesz. En términos jurídicos, se trata de una norma de origen exclusivo del partido de gobierno, sin participación real de las demás fuerzas políticas ni de la ciudadanía.

Ciudadanía como arma de control

La nueva disposición constitucional también permite al gobierno suspender por 10 años la ciudadanía de personas con doble nacionalidad que sean calificadas como una amenaza para el orden, la seguridad pública o la seguridad nacional.

Esta herramienta puede ser utilizada, según críticos, para atacar a opositores políticos o miembros de la diáspora húngara en otros países, especialmente fuera del Espacio Económico Europeo.

La estrategia electoral: ¿miedo y división como plataforma?

Analistas señalan que la radicalización del discurso de Orbán y la aprobación de estas leyes coinciden con la proximidad de las elecciones de 2026 y con la caída del partido gobernante en las encuestas.

Dávid Bedő, legislador del partido opositor Momentum, declaró: “Orbán y Fidesz llevan 15 años desmantelando la democracia y el estado de derecho. En los últimos meses se ha acelerado ese proceso. Si sienten que pueden perder, harán todo lo posible por mantenerse en el poder”.

En marzo pasado, Orbán pronunció un discurso cargado de retórica conspirativa, calificando a ONGs, jueces, periodistas y activistas sociales como una “armada en las sombras financiada desde el extranjero”, y prometió “eliminarla”. Incluso, comparó a sus integrantes con insectos, usando un lenguaje que recuerda peligrosas estrategias deshumanizadoras del pasado.

Reacciones internacionales y consecuencias en la UE

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han condenado las medidas, calificándolas de "discriminatorias" y de violar las normativas europeas sobre derechos humanos.

El Parlamento Europeo ya ha iniciado en otras ocasiones procedimientos contra Hungría por violaciones al Estado de derecho. En 2022, la UE congeló fondos comunitarios que debían ser destinados al país hasta que implementara reformas que garantizaran la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales.

No obstante, el gobierno húngaro ha redefinido su política exterior y sus alianzas. Orbán ha estrechado lazos con gobiernos como el de Rusia y Turquía, buscando consolidar su estatus de líder “iliberal” en Europa.

Un efecto dominó en Europa Central

Hungría no es un caso aislado. En Polonia y Rumanía, también se están impulsando políticas o discursos abiertamente anti-LGBTQ+. La evolución del caso húngaro podría marcar un precedente para otros regímenes populistas en Europa, donde las libertades conquistas por las minorías sexuales en las últimas décadas pueden retroceder rápidamente.

El presidente de ILGA-Europe, Evelyne Paradis, lo dijo con claridad: “Estamos viendo cómo los valores fundamentales europeos están siendo atacados desde dentro. El silencio no puede ser una opción”.