El pulso por el poder electoral en Carolina del Norte: una batalla constitucional que define el futuro político del estado

RALEIGH, Carolina del Norte. La política nunca ha dejado de ser un campo de batalla por el poder, y en Carolina del Norte esta premisa se multiplica cuando hablamos del control sobre uno de los órganos más cruciales para cualquier democracia: la Junta Estatal de Elecciones.

En un nuevo capítulo de esta saga, legisladores republicanos buscan transferir nuevamente el poder para designar a los miembros de esta junta fuera del alcance del gobernador demócrata Josh Stein. Su estrategia más reciente es delegar dicha autoridad en el auditor estatal, un puesto que tradicionalmente no tiene ninguna vinculación con la administración electoral. ¿Qué hay detrás de esta maniobra? ¿Qué implicaciones tiene para la gobernabilidad y, sobre todo, para la equidad en las elecciones?

Una década de intentos

Desde 2016, los republicanos han intentado múltiples veces limitar la influencia del gobernador (generalmente demócrata en las últimas administraciones) sobre el Consejo Estatal de Elecciones. Esa entidad está compuesta por cinco miembros: tres del partido del gobernador y dos del partido opositor, un balance que históricamente ha favorecido al ejecutivo.

Los republicanos, que habitualmente han dominado la legislatura estatal, han calificado esta conformación como desequilibrada y propensa a decisiones unilaterales. Afirman que una Junta Estatal de Elecciones moldeada por la voluntad del gobernador favorece a su partido en momentos clave, como el conteo de votos, la respuesta a litigios y la implementación de reglas electorales.

El nuevo plan: de gobernador a auditor

El más reciente intento consiste en entregar el control de las designaciones al auditor estatal, actualmente el republicano Dave Boliek. Aunque Boliek en su momento aseguró que no buscaba asumir este papel, se sumó a la defensa de la ley en los tribunales.

La figura del auditor no tiene tradición alguna en administración electoral; sus competencias hasta ahora se habían centrado en auditar el buen uso de fondos públicos. David Boliek ganó las elecciones en noviembre de 2024 tras vencer a un demócrata, lo que, bajo estas nuevas reglas, podría introducir una inclinación partidista en un espacio históricamente técnico.

¿Una maniobra constitucionalmente dudosa?

Los abogados del gobernador Stein argumentan que esta ley interfiere directamente con el deber constitucional del ejecutivo de “velar por la fiel ejecución de las leyes”. Ceder esta responsabilidad a otra autoridad ejecutiva, como el auditor, conduce a una redefinición peligrosa de las divisiones de poder.

“Si no se detiene, la Asamblea General podría sencillamente mover cualquier función ejecutiva que no le guste a otro funcionario que controle”, advirtió la jueza Lori Hamilton durante la audiencia.

Esta preocupación no es menor. Como ex fiscal general del estado, Stein entiende el valor de la división de poderes y del control constitucional. En su demanda, argumenta que esta no es la primera vez que la legislatura intenta lo mismo, pues otras cuatro leyes similares fueron previamente anuladas por los tribunales.

El antecedente cooperativo y el intento fallido de reforma constitucional

Roy Cooper, predecesor de Stein, también batalló legalmente contra versiones anteriores de la misma iniciativa. Incluso hubo un intento en 2018 de modificar la constitución estatal mediante un referéndum, el cual fue rechazado por los votantes.

Ese referéndum habría obligado al gobernador a seleccionar su equipo electoral a partir de una lista proporcionada por líderes legislativos; en otras palabras, se le habría impuesto una fórmula bipartidista no alineada. Fue un claro ejemplo de cómo una propuesta aparentemente neutral puede ser políticamente manipulada.

El impacto en las juntas electorales de los condados

Otro componente del nuevo paquete legal implica también una reestructura de las juntas electorales de los 100 condados de Carolina del Norte. Bajo la nueva ley, se espera que la mayoría de ellas también queden bajo dominio republicano y con la participación directa del auditor estatal.

Esto podría traducirse en decisiones locales favorables para los republicanos en numerosos condados, lo que replantea los conceptos básicos de neutralidad y balance institucional en las elecciones locales.

¿Quién gana y quién pierde?

Los republicanos argumentan que esta revisión puede "producir elecciones más justas" al eliminar la tendencia partidista que, según ellos, ha marcado el accionar del actual sistema. Desde su óptica, el gobernador tenía demasiado poder, mientras que esta ley "equilibra la balanza".

No obstante, los demócratas interpretan esta legislación como una clara toma de poder (“power grab”), un procedimiento que permite al partido en control manipular instituciones justo antes de elecciones clave, como las presidenciales de 2024 y elecciones locales decisivas.

“El pueblo votó para rechazar este tipo de cambios en 2018. ¿Por qué insistir ahora?”, cuestionó el abogado de Stein, Jim Phillips.

El origen del sistema actual: más de un siglo de tradición

En Carolina del Norte, está consagrado en ley desde hace más de 100 años que el gobernador controla una mayoría en la Junta Estatal de Elecciones, en línea con un principio de responsabilidad ejecutiva. Esta práctica asegura que el gobernador pueda responder políticamente si hay problemas en las elecciones.

Modificar esta estructura sin una reforma constitucional auténtica no solo desafía un siglo de jurisprudencia, sino que podría sentar un precedente de inestabilidad institucional preocupante.

Un caso que se elevará

Está claro que el resultado del juicio en curso no será el final de la disputa. Independientemente del veredicto que dicten los jueces superiores Edwin Wilson, Andrew Womble y Lori Hamilton, las partes ya han declarado que el caso será apelado.

Esto deja en claro que la batalla por el control electoral en Carolina del Norte va más allá de una simple discusión legal: se trata del futuro político de un estado bisagra en la política estadounidense. Las elecciones de 2024 y 2026 se acercan con rapidez, y el ganador de esta pugna podría tener una ventaja decisiva.

Confianza pública y polarización

En una era donde la confianza del electorado está en mínimos históricos —solo el 29% de los estadounidenses cree que las elecciones están “muy bien administradas”, según un sondeo de Pew Research de 2023—, cualquier modificación al sistema debe ser estudiado con rigurosidad y consenso.

Los cambios unilaterales, incluso si son legales, siembran más dudas que certezas. La percepción de imparcialidad es esencial para que los ciudadanos acepten los resultados, incluso si pierden.

¿Posibles desenlaces?

De prosperar esta ley, podríamos asistir a una reconfiguración del mapa político estatal, dada la influencia que tienen las juntas electorales tanto estatales como de condado en materias como apertura de centros de votación, manejo de votos por correo y resolución de disputas.

En cambio, si la corte invalida una vez más el intento republicano, se habrá reforzado la autoridad actual del gobernador y, con ello, se mantendrá la tradición de control institucional sobre las elecciones, aunque el debate constitucional y político seguirá ardiendo.

Sea cual sea el desenlace, la lucha entre legisladores republicanos y gobernadores demócratas ya ha dejado huella: ha convertido el sistema electoral de Carolina del Norte en un campo minado político cuyo impacto será observado por otros estados con conflictos similares. Y en un año clave en el calendario electoral, esas batallas importan más que nunca.