El deporte universitario ante una revolución: ¿beneficio o caos con el acuerdo de $2.8 mil millones?

Por décadas, el deporte universitario en Estados Unidos ha funcionado sobre la premisa de que los estudiantes-atletas reciben becas educativas como compensación principal por representar a sus universidades. Sin embargo, el status quo está a punto de cambiar drásticamente.

El lunes por la noche, abogados involucrados en el acuerdo legal de $2.8 mil millones diseñado para reformar el modelo deportivo universitario estadounidense presentaron un escrito que reitera su disposición a proceder sin eliminar nuevos límites en las plantillas deportivas —una de las partes más controversiales del plan.

Esta medida, diseñada para facilitar la redistribución de ingresos hacia los atletas, promete un enorme vuelco en la manera en que se estructura la participación deportiva estudiantil, pero ha generado resistencia, particularmente por las posibles consecuencias para miles de jóvenes atletas.

¿Qué implica el acuerdo?

El llamado "acuerdo histórico" establece un marco legal para permitir que las escuelas compartan ingresos directamente con los atletas, en lugar de cumplir únicamente con el sistema actual basado en becas. Además, contempla $2.78 mil millones en pagos retroactivos a atletas que fueron limitados por las reglas anteriores, en cuanto a monetizar su nombre, imagen y semejanza (Name, Image and Likeness, NIL).

Este acuerdo surge tras años de litigios y presión pública, especialmente después de decisiones judiciales que reconocieron que los atletas universitarios tienen derecho a monetizar su presencia sin que ello afecte su elegibilidad. Recordemos que en 2021, la Corte Suprema de EE.UU. falló unánimemente en el caso Alston v. NCAA a favor de los atletas, al declarar que las restricciones económicas impuestas por la NCAA constituían una violación a las leyes antimonopolio.

Las consecuencias directas de este acuerdo son múltiples, entre ellas:

• Permitir pagos por rendimiento a atletas actuales y futuros.
• Un compromiso a largo plazo (10 años) que incluye becas más generosas y cobertura médica.
• El comienzo de una era en la que los deportes universitarios pueden parecerse cada vez más a una estructura semiprofesional de negocio y entretenimiento.

Lo bueno: más becas, más derechos

Uno de los aspectos destacados por los defensores del acuerdo es que su implementación podría ampliar el acceso financiero a muchos estudiantes. Bajo las nuevas normas, todos los atletas en una plantilla contarían con elegibilidad para recibir becas; anteriormente, los entrenadores distribuían becas completas o parciales, y muchos atletas participaban sin recibir ayuda económica alguna.

El documento presentado el lunes por los abogados destaca, por ejemplo, que equipos femeninos de natación, que actualmente reparten 14 becas entre 40 atletas, se verán limitados a 30 niñas en lista, pero ahora cada una de ellas podría recibir una beca completa. Desde esta óptica, el cambio representa una redistribución equitativa del apoyo financiero.

“Aunque es lamentable que una pequeña cantidad de atletas puedan perder sus puestos, el acuerdo les brinda una oportunidad de competir por becas y beneficios previamente inalcanzables”, señalan los abogados.

Lo malo: los límites de plantilla

Uno de los puntos más polémicos es la implementación de límites estrictos en las plantillas deportivas, que no existían antes. Hasta ahora, las universidades estaban limitadas en la cantidad de becas, pero no en la cantidad de jugadores inscritos en un equipo. Esto permitía la existencia de walk-ons (atletas no becados) que, con esfuerzo, podían ganar una beca o un lugar prominente en el equipo.

Con la nueva propuesta, estos límites buscan reflejar el número promedio de participantes por temporada, lo cual reduciría significativamente la cantidad de atletas por equipo. Esto generó preocupación, ya que miles de atletas podrían perder sus lugares, afectando sus trayectorias deportivas y oportunidades académicas.

La juez del caso, Claudia Wilken, sugirió una solución que muchas partes consideraban racional: permitir que quienes ya forman parte de planteles, con base en reglas anteriores, mantengan su lugar al menos durante un periodo de transición. Sin embargo, los abogados defensores argumentaron que implementar esa medida ahora sería “imposible”, ya que numerosas decisiones (transferencias, contratos, becas) se han tomado esperando la ejecución plena del acuerdo a partir del 1 de julio.

“Cada nueva ronda de cambios permitiría nuevas rondas de revisiones por parte de estudiantes-atletas que creerían estar en desventaja. Iniciaría un ciclo interminable”, advierten los abogados en su escrito.

El impacto humano del acuerdo

Durante las audiencias, más de una docena de atletas expresaron objeciones sobre cómo el acuerdo, si bien representa un gran paso adelante, no refleja completamente sus realidades. Uno de los casos más visibles fue el de Olivia Dunne, gimnasta e influencer de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), quien alegó que el acuerdo no toma en cuenta su valor individual en el mercado ni su capacidad como generadora de marca.

Los abogados respondieron que algunos de los reclamos podían enmendarse solicitando una extensión en el periodo para presentar reclamaciones de daños —ahora hasta el 16 de mayo— y con mejoras en el sistema de cálculo de pagos.

¿Es el acuerdo un arma de doble filo?

El optimismo ante la posibilidad de una remuneración justa para los atletas choca con una realidad ineludible: el deporte universitario tal como lo conocemos está desapareciendo. Mientras muchas universidades de élite han manifestado su respaldo al acuerdo, otras instituciones, especialmente las más pequeñas o con menos presupuesto, podrían verse obligadas a reducir deportes "no rentables" —por ejemplo, esgrima, natación o gimnasia— para destinar fondos a becas completas en deportes de mayor visibilidad como el fútbol americano.

Esto levanta otra preocupación: ¿acaso estamos profesionalizando solo a los deportes masculinos de alto rendimiento y dejando atrás a decenas de disciplinas que ofrecen diversidad y oportunidades a estudiantes de todo tipo?

Y aunque pueda sonar alarmante, la NCAA y las conferencias principales —Big Ten, SEC, ACC, Big 12 y Pac-12— han dejado claro que la única forma de evitar años de litigios es creando un acuerdo duradero y aplicable para todos los atletas actuales y futuros. Según los documentos del caso, permitir excepciones individuales abriría la puerta a solicitudes constantes de modificaciones anuales.

La presión del tiempo y la decisión final

Por ahora, la juez Wilken ya ha otorgado aprobación preliminar al acuerdo. Se espera su decisión definitiva en las próximas semanas, justo antes de que el trato entre en vigencia el 1 de julio. El reloj avanza, y con él, la cuenta regresiva para una posible nueva era en el deporte universitario.

Las decisiones tomadas en esta etapa sentarán las bases para una década marcada por un equilibrio delicado entre derechos individuales, justicia económica y sostenibilidad institucional. El acuerdo representa, sin duda, un gran paso, pero también exige que reconsideremos cómo y por qué valoramos a nuestros estudiantes-atletas.

¿Estamos listos para el deporte universitario del futuro? O, como muchos críticos señalan, ¿estamos creando una élite en nombre de la equidad? Las semanas siguientes podrían tener las respuestas.