Tecnología, política y poder: el tablero de ajedrez de la administración Trump

Por qué las decisiones comerciales, políticas y administrativas de Trump son piezas de una estrategia más compleja de poder interno y externo.

La excepción que busca proteger al titán tecnológico

La administración Trump, en uno de sus tantos giros estratégicos, decidió en 2024 excluir productos electrónicos como smartphones, laptops y chips de aranceles recíprocos, una medida que alivió momentáneamente el temor en el sector tecnológico. Con aranceles que ascendían al 145% para productos fabricados en China, y del 10% como base general, el impacto potencial sobre gigantes como Apple, Samsung o Nvidia era notable. De hecho, casi el 90% de los iPhones se producen en China, según datos de Wedbush Securities.

La política de Trump ha girado en torno al fomento de la producción nacional, pero la realidad de las cadenas de suministro globales ha limitado sus aspiraciones. "Esto elimina una nube negra que pesaba sobre el sector tecnológico", afirmó Dan Ives, analista de Wedbush. La capacidad de Estados Unidos para fabricar microchips, ensamblar teléfonos o diseñar computadoras es limitada a corto y mediano plazo. Por ende, el cambio representa una admisión tácita: no se puede domesticar el suministro tecnológico global de la noche a la mañana.

Y mientras la administración conciliaba con el sector tecnológico, evitaba tocar a sus campeones industriales con decisiones perjudiciales, protegiendo indirectamente la economía digital y los mercados de valores que dependen mucho del rendimiento de acciones como Apple, Nvidia o AMD.

Una tregua desigual: beneficios selectivos

Las excepciones incluyeron no solo dispositivos terminados como laptops y teléfonos, sino también componentes esenciales como discos duros, pantallas planas y chips. Incluso las máquinas utilizadas para fabricar semiconductores recibieron indemnidad de los aranceles. ¿El objetivo declarado? Fomentar la producción nacional, aunque en la práctica se trata de evitar un shock económico y de consumo inmediato que podría afectar a millones de estadounidenses y a las propias empresas estadounidenses que dependen de China.

¿Protección o populismo económico?

Estas decisiones revelan una tensión central en el "trumpismo económico": la intención de proteger al trabajador estadounidense frente a la globalización, sin dañar a las grandes empresas tecnológicas que dominan el mercado bursátil y el PIB nacional. Un falso equilibrio que se manifiesta con claridad en este tipo de exenciones. ¿Dónde queda el impulso al 'Made in USA'? Al parecer, es más un eslogan electoral que una medida concreta de reconversión productiva.

La batalla con Maine: más allá de la educación

Mientras se flexibilizan los aranceles por un lado, por el otro el gobierno de Trump endurece su postura respecto a políticas de género. El Departamento de Agricultura congeló ayudas a Maine, específicamente fondos destinados a funciones administrativas y tecnológicas en escuelas del estado. ¿La razón? Una disputa sobre la aplicación del Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en educación.

Todo comenzó cuando el presidente presionó públicamente a la gobernadora de Maine, Janet Mills, para que acatara una orden ejecutiva que prohibía a niñas trans competir en deportes femeninos. La negativa de Mills provocó la represalia federal: cortar fondos clave para programas de nutrición escolar.
“Deberías cumplir”, advirtió Trump. “Si no, no recibirás fondos federales”.
“Nos veremos en la corte”, respondió la gobernadora.

El juez federal John Woodcock emitió una orden de restricción temporal para obligar al gobierno federal a liberar los fondos, reconociendo que, si bien la disputa de fondo no se resolvía, la acción de congelación era una medida coercitiva improcedente sobre derechos ya adquiridos.

Transgénero y educación: el nuevo frente ideológico

En marzo, el Departamento de Educación determinó que el departamento de educación de Maine había violado la ley federal Title IX al permitir que niñas trans participaran en equipos femeninos. Esta interpretación, claramente alineada con los valores más conservadores del proyecto trumpista, ha generado múltiples conflictos entre estados demócratas y la Casa Blanca.

Lo que se juega aquí es más profundo que una cuestión logística o programática: es una guerra cultural sobre quién define el género, los derechos civiles y hasta qué punto el gobierno federal puede imponer una visión normativa al resto del país.

El brazo secreto: DOGE y la batalla por los datos

Como si las guerras comerciales y de género no fueran suficientes, el equipo de Trump también está inmerso en una cruzada silenciosa pero poderosa: el control de los datos financieros del gobierno federal. La Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido e impulsado por Elon Musk, ha generado polémica tras intentar acceder a información de la Tesorería sobre pagos y datos sensibles de millones de estadounidenses.

Un grupo de 19 fiscales generales estatales (todos demócratas) demandó para bloquear este acceso, alegando que el equipo de Musk estaba compuesto por designados políticos sin experiencia en el manejo de información confidencial. Ante esto, la jueza Jeannette Vargas dictó que uno de los empleados, Ryan Wunderly, podía acceder a sistemas sensibles si completaba el mismo proceso que un empleado civil federal, incluyendo entrenamiento y la entrega de declaraciones financieras.

¿Tecnocracia, control o vigilancia?

La creación de DOGE, promovida como una forma de eliminar el desperdicio presupuestario, es vista por algunos analistas como un intento de centralizar el poder informático en manos cercanas al ejecutivo. Para otros, especialmente aliados republicanos, es una cruzada necesaria contra el “Estado profundo”. Lo que es innegable es que esta medida fortalece aún más la narrativa de que los datos son poder. Controlar los flujos de pagos del gobierno implica también influir en políticas sociales y fiscales.

Una estrategia en capas: poder blando, presión dura

La aparente falta de coherencia en las decisiones —favorecer al Big Tech mientras se castigan estados progresistas por políticas transgénero— tiene una lógica interna: Trump no busca solo dirección política sino construcción de poder sistémico. Sus decisiones no responden necesariamente a ideologías puras, sino a oportunidades de consolidación política.

• Si proteger a Apple y Nvidia asegura estabilidad financiera, lo hará.
• Si castigar a Maine fortalece su base electoral, lo hará.
• Si controlar los sistemas de pago del Tesoro le da ventaja presupuestaria, lo tomará.

Al final, cada jugada parece responder a un principio rector: la construcción de un poder ejecutivo expansivo, centralizador, reactivo y transaccional.

Una tormenta perfecta: tecnología, género y control estatal

La administración Trump ha mezclado sin complejos tres áreas tradicionalmente separadas: economía digital, política de género y administración pública. El resultado es un escenario controvertido donde principios fundamentales como el libre comercio, la igualdad de derechos y la privacidad gubernamental están siendo reconfigurados como fichas de un juego mayor de reajuste institucional.

Para el ciudadano común, estos cambios tienen consecuencias intangibles pero reales: desde cuánto pagará por su próximo iPhone, hasta si su hija podrá competir en el equipo de atletismo de su escuela. Para los actores políticos, se trata de redefinir quién tiene derecho a decidir, a controlar y a ejecutar la visión de un país.