Trump, deportaciones y poder militar: ¿una ofensiva contra la disidencia institucional?

Por mucho que Donald Trump haya regresado a la presidencia, su estilo no ha cambiado en lo más mínimo: ofensivo, autoritario y con una clara tendencia a purgar a quienes se interponen en su agenda. El nuevo episodio involucra una base militar en Groenlandia, una deportación ilegal que ha provocado tensiones diplomáticas y una investigación federal con claros tintes ideológicos.

Una comandante apartada por apoyar a aliados estratégicos

Todo comenzó cuando la coronel Susan Meyers, comandante de la base espacial Pituffik en Groenlandia, decidió enviar un correo interno a todo el personal de la base reafirmando las relaciones de cooperación con Dinamarca y Groenlandia. Este acto, aparentemente inofensivo y diplomático, chocó frontalmente con la postura del presidente Trump y el vicepresidente JD Vance, quienes semanas antes habían visitado la isla como parte de una audaz pero controversial estrategia de anexión territorial.

En palabras del Pentágono, el motivo de su destitución fue una “pérdida de confianza en su capacidad de liderazgo” y el hecho de no mantenerse “no partidista” en sus comunicados. Pero, ¿qué hay detrás de esta narrativa oficial?

Vance, siguiendo la línea discursiva de Trump, defendió la anexión de Groenlandia bajo argumentos de seguridad nacional. **Trump incluso se negó a descartar el uso de fuerza militar** para lograrlo, una idea que provocó indignación tanto en Dinamarca como en sectores diplomáticos estadounidenses.

El hecho de que una líder militar haya sido removida por defender relaciones bilaterales con aliados históricos como Dinamarca **envía un mensaje alarmante sobre el grado de control político que la administración pretende imponer en las Fuerzas Armadas**.

Purgas en puestos clave: el patrón se repite

La destitución de Meyers no es un caso aislado. Durante los últimos meses, la administración Trump ha relevado de sus cargos a varias figuras militares de alto rango, muchas de ellas mujeres. Entre las más destacadas se encuentran:

• Lisa Franchetti – Jefa de Operaciones Navales.
• Linda Fagan – Comandante de la Guardia Costera.
• Shoshana Chatfield – Vicealmirante y única mujer en el Comité Militar de la OTAN.
• CQ Brown Jr. – Presidente del Estado Mayor Conjunto.
• Tim Haugh – Jefe del Comando Cibernético y director de la NSA.

Esto marca **una tendencia inquietante de purgas ideológicas en los niveles más altos del aparato militar y de inteligencia**, con el argumento velado de no alinearse con la agenda presidencial.

Como señaló el portavoz del Pentágono, Sean Parnell: “No se tolerarán acciones que socaven la cadena de mando o que intenten subvertir la agenda del presidente Trump”.

Deportación “ilegal” y presión judicial: el caso de Kilmar Abrego García

Mientras se desarrollaban estas tensiones militares-políticas, otro frente de batalla se abría en Maryland: la deportación de un ciudadano salvadoreño, Kilmar Abrego García, quien fue enviado erróneamente a una cárcel en El Salvador, pese a contar con protección judicial en EE. UU. frente a una deportación.

Abrego, de 29 años, tenía un permiso de trabajo válido del Departamento de Seguridad Nacional y estaba tramitando una licencia de oficial en metalurgia. Además, su esposa es ciudadana estadounidense y tiene hijos menores en Estados Unidos.

La jueza federal Paula Xinis calificó la deportación como “absolutamente ilegal” y ordenó al gobierno tomar todas las medidas necesarias para garantizar su retorno inmediato. La Corte Suprema estadounidense reafirmó la validez de esta orden, rechazando el recurso de emergencia de la administración Trump.

Cabe señalar que el gobierno ha insinuado, sin pruebas ni cargos oficiales, que Abrego estaría afiliado a pandillas como MS-13. Sin embargo, ni el Departamento de Justicia ni las autoridades migratorias han presentado evidencias concretas para apoyar esta afirmación.

Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, estalló públicamente durante una rueda de prensa organizada por el Centro Multicultural CASA en Maryland: “Quiero tener a Kilmar de vuelta en casa con nuestros hijos. Esta ha sido una pesadilla interminable”.

Choque institucional y disputa de poderes

El caso de Abrego representa algo más profundo: un posible punto de ruptura entre el poder judicial y la rama ejecutiva. La Corte Suprema dejó en claro que la orden de la jueza Xinis no invade los poderes del ejecutivo en política exterior, pero sí exige reparaciones cuando se cometen errores constitucionales flagrantes.

Mientras tanto, la administración Trump evade la responsabilidad directa, alegando que, una vez deportado, ya no hay mecanismos legales para traerlo de vuelta. Pero los jueces liberales de la Corte han sido tajantes: el gobierno tiene la obligación de corregir sus propias faltas.

Investigaciones con aroma a venganza política en Nueva Jersey

La tercera línea de confrontación institucional se da en Nueva Jersey, donde la nueva fiscal federal interina, Alina Habba —figura cercana a Trump y exasesora legal de su campaña— anunció que ha iniciado una investigación contra el gobernador Phil Murphy y el fiscal general del estado.

¿El motivo? La directiva estatal que limita la cooperación de las fuerzas locales de seguridad con las agencias federales de inmigración. Dicha política, inspirada en los “Estados Santuario”, ha sido ampliada durante el mandato de Murphy y ahora busca consagrarse como ley permanente.

Trump ha utilizado esta política como blanco habitual de sus discursos antiinmigrantes, y la investigación contra Murphy se percibe como un movimiento político, más que jurídico.

La noticia ha generado alarma en círculos legalistas. Según analistas del Brookings Institution, esta acción podría representar un intento de criminalizar la autonomía estatal en materia de políticas migratorias.

El dilema del poder ejecutivo absoluto

La combinación de la purga de líderes disidentes, la resistencia a acatar órdenes judiciales, las deportaciones sin debido proceso y las investigaciones políticas genera una única e inquietante pregunta: ¿estamos presenciando un giro autoritario en el sistema estadounidense?

En los últimos años, EE. UU. ha luchado por mantener intacto el balance de poderes. Sin embargo, con Trump nuevamente en la presidencia, **su desprecio por las reglas institucionales, su control absoluto del aparato militar y su voluntad de confrontar abiertamente al poder judicial marcan un nuevo paradigma** debilitado del Estado de Derecho.

¿Será este un preludio alarmante o el despertar de una nueva etapa de resistencia democrática en EE.UU? El tiempo lo dirá, pero las señales de alarma ya suenan fuerte y claro.

Imagen: Jennifer Vasquez Sura, esposa de Kilmar Abrego García, durante una conferencia de prensa sobre su deportación ilegal (Foto: Jose Luis Magana)