Tiempos de temor y resistencia: la lucha en EE.UU. contra la ofensiva migratoria de Trump

En un país que ha sido descrito históricamente como una tierra de oportunidades y refugio para los perseguidos, las recientes políticas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump parecen estar trastocando profundamente no solo la vida de millones de inmigrantes, sino también los cimientos legales y éticos que sustentan esos ideales.

Un fallo judicial que deja las puertas abiertas a los agentes migratorios

Un juez federal en Washington, Dabney Friedrich, se negó el pasado viernes a emitir una orden judicial que impida a los agentes de inmigración realizar operaciones en lugares de culto. La demanda había sido presentada por más de dos docenas de organizaciones religiosas judías y cristianas, preocupadas por el aumento de acciones dentro de iglesias y sinagogas desde que Trump revertiera una política de 30 años que protegía estos espacios, considerados “zonas sensibles”.

“Los demandantes no han demostrado una amenaza creíble de aplicación de la medida”, escribió Friedrich, designado por el propio Trump durante su primer mandato. Sin embargo, este tipo de tecnicismos legales obvia el mensaje simbólico que envía el gobierno: ningún lugar es sagrado cuando se trata de hacer cumplir la ley migratoria.

Rompiendo una tradición humanitaria con décadas de historia

Hasta 2021, una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) establecía que escuelas, hospitales e instituciones religiosas eran lugares protegidos de operativos migratorios. Esta práctica estaba intrínsecamente ligada al principio de humanidad, que evitaba generar miedo o traumas innecesarios entre poblaciones vulnerables, especialmente niños.

El nuevo enfoque, vigente desde enero de 2025, permite a los agentes tomar decisiones basadas en su “sentido común y discreción”, incluso sin aprobación de un supervisor. Detractores sostienen que esta ambigüedad habilita un uso desproporcionado del poder estatal y pone en peligro la libertad religiosa y de reunión.

“Esto no tiene que ver solo con inmigración, tiene que ver con la manera en que tratamos a nuestros prójimos”, expresó el pastor David Jones, cuya iglesia en Nueva York ha servido como refugio para familias indocumentadas durante años.

La historia de Kilmar Abrego: un error devastador

Uno de los casos que más indignación ha generado es el de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño residenciado en Maryland, con una orden judicial explícita que impedía su deportación debido al riesgo de persecución a manos de pandillas. No obstante, fue deportado erróneamente y encerrado en una prisión en El Salvador, famosa por su brutalidad.

La Corte Suprema intervino, dictaminando que la administración de Trump debe facilitar su regreso a Estados Unidos de inmediato. La jueza Paula Xinis ya había exigido su repatriación antes de la medianoche del lunes anterior.

“Cada minuto que pasa en esa prisión representa una violación de sus derechos humanos”, afirmaron sus abogados, calificando la solicitud de demora del Gobierno como “otra muestra impactante de arrogancia y crueldad”.

Creencias como fundamento para la expulsión: el caso de Mahmoud Khalil

Mahmoud Khalil es un estudiante palestino de 30 años, nacido en Siria y residente legal en Estados Unidos. Fue arrestado en marzo tras participar en protestas en la Universidad de Columbia, relacionadas con el conflicto en Gaza. Aunque el gobierno no ha presentado evidencia alguna de su vinculación con Hamas, una nota firmada por el Secretario de Estado Marco Rubio justifica su posible deportación por ser “perjudicial” para la política exterior estadounidense y por “minar la lucha contra el antisemitismo”.

“No soy antisemita. Estoy siendo castigado por mis ideas políticas. Esto es una cacería ideológica”, escribió Khalil en una carta desde prisión.

Grupos de derechos civiles denuncian que esta medida marca un inquietante precedente: las creencias —no las acciones— serían ahora motivo de expulsión.

El registro obligatorio: ¿una base para la deportación masiva?

Otro eje de la política migratoria de Trump es un registro obligatorio para todas las personas indocumentadas en el país, anunciado por el DHS el 25 de febrero. Aquellos que no se registren enfrentan multas, prisión o deportación inmediata. La medida, que oficialmente “revitaliza una ley ya existente”, es vista por críticos como un intento de crear un censo de deportación inmediata.

Según estimaciones del propio gobierno, podría afectar entre 2,2 y 3,2 millones de personas. Y su alcance es tal, que incluso incluye a canadienses conocidos como “snowbirds”, quienes pasan más de 30 días en Florida cada invierno.

Una demanda que intentó detener la medida fue desestimada por un juez federal, quien sostuvo que “la ley existe desde hace décadas, solo que ahora se aplicará completamente”. Sin embargo, quedan abiertas dudas fundamentales: ¿cómo se protegerá la confidencialidad de aquellos que se registren? ¿qué grado de discrecionalidad tendrán los agentes para determinar quién debe ser procesado o no?

Miles de inmigrantes vivos, pero clasificados como muertos

En un giro casi distópico, funcionarios revelaron que más de 6.000 inmigrantes han sido clasificados oficialmente como muertos —aunque siguen vivos— como parte de una campaña para incentivar la autodeportación. Les fueron cancelados sus números de seguridad social, negándoles acceso a bancos, servicios básicos y empleo legal.

“La idea es simple: si no puedes comer ni trabajar, te irás”, explicó un alto funcionario bajo condición de anonimato.

La estrategia apunta especialmente a aquellos bajo programas humanitarios creados durante la administración de Joe Biden. La colaboración entre el Departamento del Tesoro y el DHS incluso permite compartir datos fiscales para identificar sujetos aptos para deportación. Activistas denuncian que estas acciones podrían violar la Ley de Privacidad de 1974.

Temporada de incertidumbre para cientos de miles con parole humanitario

Más de 500.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos estaban en riesgo de ser deportados este mes, luego de que Trump intentara desmantelar un programa instaurado por Joe Biden que otorgaba permisos temporales de permanencia laboral. Una jueza federal, Indira Talwani, bloqueó temporalmente la medida el pasado jueves.

“La única opción que se les está dando es huir del país o quedarse y arriesgarlo todo”, advirtió la jueza durante la audiencia.

La administración de Trump probablemente apelará el fallo. Si bien muchos agradecieron la decisión, el alivio puede ser breve: se trata de un simple respiro legal, no de una solución definitiva.

Un patrón claro: represión, miedo y castigo

Los múltiples frentes abiertos por el gobierno muestran una estrategia coherente: una campaña de disuasión basada en el miedo, la represión legal e incluso el aislamiento social.

• Permitir operativos en iglesias, restringiendo hasta la fe misma como refugio.
• Deportaciones erróneas que ponen vidas en riesgo.
• Expulsiones por creencias políticas o religiosas.
• Creación de registros masivos, en una línea cercana al control totalitario.
• Clasificaciones fraudulentas como “muertos” para forzar la salida voluntaria.

Frente a esto, la sociedad civil responde con demandas, actos de desobediencia pacífica y visibilización sobre las consecuencias humanas de estas medidas. La alianza de diversas religiones en defensa de los inmigrantes, las protestas de familias afectadas y los fallos judiciales temporales muestran que aún hay fuerza dentro del sistema para resistir.

Pero la batalla está en marcha, y su resultado marcará la forma en que Estados Unidos definirá la idea de quién puede llamarse estadounidense en el futuro.