Una nación dividida: el nuevo registro obligatorio para inmigrantes y la lucha por el TPS

La nueva política de registro obligatorio: ¿una ley olvidada que regresa?

El gobierno de Donald Trump, en su retorno a la presidencia, ha revivido una regla histórica de inmigración que ha estado latente desde hace más de siete décadas: el registro obligatorio para todas las personas no ciudadanas que residen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.

El 25 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que toda persona en Estados Unidos que no tenga estatus legal deberá registrarse con el gobierno federal. Esta medida entra en vigor el viernes siguiente al anuncio, y requerirá que los migrantes proporcionen datos biométricos como huellas dactilares, dirección residencial y otra información personal. Los padres o tutores de menores de 14 años también deberán realizar el registro en su nombre.

La norma había estado presente desde la promulgación del Alien Registration Act de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el temor a espías y saboteadores extranjeros encendió las alarmas del gobierno estadounidense. Sin embargo, su aplicación había sido irrelevante durante décadas, siendo usada solo con fuerza después del 11 de septiembre con el controvertido programa National Security Entry-Exit Registration System (NSEERS). Este último no logró condenas por terrorismo, pero sí inició procesos de deportación para más de 13,000 personas.

El argumento del gobierno: la ley nunca desapareció, solo fue ignorada

Según el juez Trevor Neil McFadden, quien avaló la entrada en vigor de esta política, el gobierno simplemente está “haciendo cumplir una ley que ya estaba en los libros”. Esa visión es respaldada por sectores de la administración Trump, que afirman que su objetivo principal es tener un censo más claro de los inmigrantes en el país para “mejorar la seguridad nacional”.

Sin embargo, para grupos de defensa de los inmigrantes, esto marca un paso más en la estrategia de deportación masiva de Trump. “Esto no es un registro, es una lista de blancos”, declaró Emilio López, abogado de una organización de derechos civiles basada en California. “Están forzando a las personas a decidir entre exponerse o vivir escondidas y bajo constante temor”.

¿Quiénes estarán afectados por esta medida?

Más de 11 millones de personas en EE.UU. están en situación irregular, según datos del Pew Research Center. Esta política de registro podría afectar a:

• Individuos con órdenes de deportación no ejecutadas
• Personas que llegaron legalmente pero se quedaron más allá del plazo de su visa
• Trabajadores indocumentados con décadas en el país
• Menores elegibles para DACA pero aún sin protección legal

Incluso ciudadanos canadienses que permanezcan más de 30 días deberán registrarse, bajo una cláusula que muchos analistas describen como excesiva.

El dilema legal: un registro sin debate público

Los demandantes que interpusieron una querella contra la implementación de esta política argumentan que el gobierno no cumplió con el proceso de comentario público necesario para un cambio administrativo de este calibre. Ese requisito suele tomar semanas o meses y permite el debate público sobre la medida.

“Actuar de esta manera rompe con procedimientos constitucionales”, advirtió la abogada Mónica Rodríguez, quien representa a una red de clínicas legales en Nueva York. “Estamos ante un gobierno que actúa como si las leyes administrativas le fueran irrelevantes”.

Cuando el estatus temporal se convierte en campo de batalla político

En paralelo, la jueza federal Indira Talwani declaró que emitirá un stay (suspensión temporal) contra la cancelación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta decisión detiene momentáneamente la medida de la administración Trump, que buscaba poner fin a su legalidad el 24 de abril.

Más de 500,000 personas dependen de este beneficio, que permite a ciudadanos de países en guerra o crisis humanitaria residir legalmente en EE.UU. sin ser deportados. La jueza argumentó que existía un daño irreparable e inminente si la suspensión no era concedida.

El TPS incluye además a personas provenientes de Ucrania y Afganistán, quienes enfrentan circunstancias postconflicto devastadoras, y cuya legalidad también está en juego.

La paradoja de la integración invertida

Los datos muestran que muchas de las personas bajo TPS llevan décadas en Estados Unidos. Un estudio de 2021 por el Center for American Progress reveló que los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Haití han residido en promedio más de 20 años en EE.UU. Muchos tienen hijos ciudadanos, trabajos formales, pagan impuestos y participan activamente en sus comunidades.

“¿Cómo puedes borrar la vida de alguien que ha estado aquí desde antes que sus hijos nacieran?”, se preguntó la senadora demócrata Catherine Cortez Masto.

El caso de una niña de 9 años, nacida en Venezuela pero criada en Florida, resume esta paradoja. Ella solo habla inglés, está en el programa para alumnos superdotados de su escuela y desconoce cómo sería una vida en Caracas. Sin el TPS de sus padres, su familia completa podría quedar deportada, forzándola a abandonar su hogar por una tierra que apenas reconoce como suya.

Un contexto económico que tensa la cuerda

En medio de esta nueva ola de medidas migratorias, los Estados Unidos enfrentan también una crisis presupuestaria sin precedentes. El déficit federal llegó a $1.307 billones en los primeros seis meses del año fiscal 2025, el segundo más alto registrado en la historia. A pesar del lanzamiento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Department of Government Efficiency, DOGE), liderado por Elon Musk, los ahorros estimados están lejos de la meta inicial de $1 billón.

Los recortes propuestos incluyen eliminar agencias enteras como el Departamento de Educación, y despedir a una gran parte del personal civil federal. Además, se busca implementar recortes en Medicare, Medicaid y servicios sociales, lo que afecta directamente a comunidades migrantes que dependen de estas redes.

Con un Congreso republicano dividido entre quienes quieren recortes agresivos y quienes exigen recortes selectivos, la tensión económica se une al drama migratorio, creando un cóctel político altamente explosivo rumbo a las elecciones.

El futuro inmediato: sombra de deportaciones masivas

A medida que se obliga a millones a identificarse ante el gobierno, activistas temen que esta base de datos se convierta en el principal recurso de ICE (la agencia de inmigración) para ejecutar deportaciones masivas. Una “caza digital” en tiempo real.

“No es solo un registro”, concluye López. “Es una advertencia silenciosa con consecuencias devastadoras”.

Con decisiones judiciales encontradas, reformas en marcha y una opinión pública polarizada, Estados Unidos se encuentra ante una encrucijada: ¿seguirá tratando a los inmigrantes como cifras o comenzará a reconocerlos como parte integral del tejido nacional?