¿Juicio justo o persecución? La polémica detrás de la reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros en EE.UU.

Una ley del siglo XVIII que vuelve del pasado

La reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración Trump ha vuelto a poner en el centro del debate político y judicial estadounidense el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos civiles. Esta legislación, apenas utilizada desde su promulgación, autoriza al presidente a deportar o encarcelar a ciudadanos extranjeros de países considerados hostiles en tiempos de guerra.

En el pasado, solo ha sido invocada en tres ocasiones clave: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, esta última siendo tristemente recordada por el internamiento masivo de ciudadanos japoneses en campos de concentración dentro de EE.UU., generando uno de los episodios más vergonzosos de las libertades civiles del país.

¿Un país en guerra con Venezuela?

El argumento actual de la administración Trump se basa en que EE.UU. está enfrentando lo que considera una "invasión" de migrantes venezolanos supuestamente vinculados al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con origen en Venezuela. Sin embargo, jurídicamente, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, lo que pone en entredicho la legalidad del uso de esta ley en el contexto actual.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su filial en Texas presentaron una demanda colectiva en nombre de tres venezolanos detenidos bajo esta medida, alegando detenciones injustificadas, estigmatización racial y falta de debido proceso. Uno de los demandantes es VIH positivo y teme por su salud si es deportado sin acceso adecuado a tratamientos médicos.

Una guía cuestionada

Según la demanda, los tres venezolanos fueron identificados como miembros del Tren de Aragua a través del llamado "Alien Enemy Validation Guide", una guía en la que los agentes migratorios de ICE asignan puntos basándose en características físicas, tatuajes, gestos, símbolos, logos o incluso el estilo de vestir. Este método ha sido calificado por expertos como altamente arbitrario e impreciso, y con fuertes indicios de discriminación racial y cultural.

"Esta herramienta no es una validación, es un prejuicio institucionalizado", afirmó el abogado Ari Savitzky, representante de los demandantes. Añadió además que "se crean mayorías raciales ilusorias que en la práctica no permiten la elección de representantes afines a esas comunidades".

El precedente de los internamientos japoneses

Para muchos defensores de los derechos civiles, el uso de esta ley remite inevitablemente a los abusos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 120,000 ciudadanos de ascendencia japonesa, muchos nacidos en suelo estadounidense, fueron encerrados en campos. Esa medida fue posteriormente reconocida como inconstitucional y racista mediante una disculpa oficial del presidente Ronald Reagan en 1988 y la aprobación de una compensación económica para los sobrevivientes.

Sin embargo, ese oscuro legado no parece suficiente freno para la administración. "No estamos hablando de ciudadanos, sino de extranjeros peligrosos vinculados a bandas transnacionales", argumentó el director interino de ICE, Todd Lyons, durante la Border Security Expo celebrada en Phoenix.

¿Prueba o estigmatización?

El gran dilema jurídico es si basta con una sospecha o si se requieren pruebas fundadas para etiquetar a alguien como enemigo extranjero. La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo matizado: permitió el uso de la ley, pero exigió que se garantice el derecho a un debido proceso legal antes de efectuar la deportación.

Muchos temen que esta decisión abra la puerta a políticas más agresivas y menos transparentes. "La ley está siendo usada como un ariete ideológico bajo el pretexto de seguridad", opinó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.

Casos en Nueva York y otros estados

Paralelamente, en Nueva York se celebró una audiencia sobre otros dos venezolanos en condiciones similares, detenidos desde hace semanas en una cárcel a 70 kilómetros de la ciudad. Los abogados insisten en que las deportaciones se planean hacia países donde los detenidos podrían enfrentar violaciones extremas a sus derechos humanos o incluso la muerte.

Con más de 100 personas ya deportadas bajo esta ley, muchos de ellos enviados a cárceles en El Salvador sin opción de apelar y sin asistencia jurídica, la preocupación crece. “Estamos hablando de vidas enteras, no estadísticas”, afirma el activista migratorio Javier Hernández. “El exilio forzado, en nombre de una ley del siglo XVIII, es simplemente inaceptable.”

Plazos que presionan

La presión temporal también se cierne sobre el proceso judicial. Las autoridades electorales han solicitado que haya una decisión definitiva antes de fin de mes, ya que deben preparar elecciones y procesar votos ausentes para militares en el extranjero. De lo contrario, se corre el riesgo de violar leyes federales electorales.

Las fechas tentativas para una elección especial, si los jueces validan los nuevos distritos legislativos propuestos por el Congreso estatal, serían las siguientes:

• 19-30 de mayo: periodo de inscripciones electorales
• 5 de agosto: primarias
• 2 de septiembre: segunda vuelta de primarias, si es necesaria
• 4 de noviembre: elección general

Esto añade una capa más de urgencia política y legal a un escenario ya convulso.

Discriminación estructural o estrategia legítima

Lo que está en juego en este debate no es solo la situación de tres venezolanos, sino la definición misma de justicia, equidad e inclusión dentro del sistema legal estadounidense. ¿Puede una ley de hace más de 225 años seguir usándose hoy sin revisión constitucional? ¿Es válido su uso fuera de conflictos bélicos formales? ¿Hasta qué punto sirve la seguridad nacional como carta blanca para restringir derechos fundamentales?

“Estamos viendo una forma de ingeniería legal para legitimar la xenofobia”, afirma Michelle Brané, directora de derechos migratorios de la Comisión de Mujeres Refugiadas. “Si hoy es contra venezolanos, mañana puede ser contra cualquier grupo impopular.”

Mientras tanto, organizaciones, juristas y activistas continúan haciendo lobby para que el Congreso reforme o derogue de una vez por todas la Ley de Enemigos Extranjeros, que muchos consideran un anacronismo peligroso.

"La democracia verdaderamente se mide por cómo trata a los más vulnerables, especialmente cuando nadie los ve", concluye Romero. En un año electoral y con la frontera convertida nuevamente en escenario de lucha partidista, la frase cobra aún más relevancia.