La cruzada de Trump contra las agencias federales: despidos masivos y recortes con impacto internacional

Por años, la lucha por redefinir el tamaño y el alcance del gobierno federal ha sido una batalla ideológica en el corazón de la política estadounidense. Pero bajo la administración del expresidente Donald Trump, esta lucha ha tomado un nuevo matiz: uno marcado por despidos masivos, reestructuraciones drásticas y una preocupación creciente por el impacto nacional e internacional. Este análisis se adentra en las preocupaciones, consecuencias y contextos de la ofensiva de Trump contra instituciones clave como la Fundación Interamericana (IAF), el Departamento de Energía y, por extensión, el tejido de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

Un golpe a América Latina: el desmantelamiento de la Fundación Interamericana

Pocos conocían la Fundación Interamericana (IAF) cuando, en febrero, su sitio web fue desconectado, su personal despedido y sus subvenciones canceladas. Y sin embargo, la IAF estuvo más de medio siglo trabajando silenciosamente en América Latina y el Caribe, canalizando más de $945 millones en subvenciones a comunidades necesitadas.

Desde su creación por el Congreso en 1969, la IAF ha operado como una entidad independiente con un consejo directivo bipartidista. Su enfoque ha sido claro: apoyar a pequeños grupos de desarrollo comunitario que promueven la seguridad alimentaria, los derechos de la mujer, las economías locales sostenibles y la participación ciudadana.

Pero el 19 de febrero de 2024, Trump firmó una orden ejecutiva ordenando reducir drásticamente el tamaño del gobierno federal; la IAF era una de las agencias objetivo. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por asesores del multimillonario Elon Musk según reportes oficiales, apareció en las oficinas de la fundación al día siguiente. Poco después, el consejo directivo fue destituido, Sara Aviel fue removida de su cargo como presidenta de la IAF y reemplazada por Pete Marocco, quien se nombró a sí mismo como director interino.

Ante esta serie de acciones, la jueza federal Loren AliKhan intervino, dictaminando que ni Trump ni Marocco tenían autoridad para despedir legalmente a Aviel. La decisión fue aplaudida por las más de 400 organizaciones afectadas, nueve de las cuales también demandaron al gobierno estadounidense por la pérdida de sus proyectos financiados por la IAF.

“Si estos despidos entran en vigor, la IAF quedará desmantelada por completo. Lo mismo ocurrirá con sus relaciones estratégicas y la confianza simbólica que ha construido a lo largo de décadas en América Latina”. — abogados de Aviel

Impacto sobre el terreno: mujeres, escuelas e innovación agrícola

Las consecuencias en América Latina ya se sienten. Entre los proyectos cancelados se encuentran:

• Proyectos contra la violencia de género en Perú.
• Cajas de crédito para mujeres rurales en México.
• Programas de agricultura sostenible para pequeños productores.

Varias de estas organizaciones ya han tenido que despedir empleados, y algunas consideran cerrar definitivamente. La pérdida de fondos amenaza con revertir años de avances sociales y económicos a nivel comunitario.

Despidos en el Departamento de Energía: más allá del simbolismo

La ola de recortes no se limitó al ámbito internacional. El Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, una institución responsable de la seguridad nuclear, la infraestructura energética y la investigación científica, también fue gravemente afectado. Se identificaron más de 8,500 puestos como “no esenciales”, sometidos a posibles despidos.

De los 17,500 empleados federales en el DOE, solo 9,004 fueron considerados esenciales. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), que mantiene las ojivas nucleares del país, también sufrió recortes. De sus aproximadamente 3,000 empleados, 500 fueron clasificados como prescindibles, decisión que luego fue revertida parcialmente al reconocer que muchos apoyaban operaciones críticas.

El Secretario de Energía Chris Wright —designado por Trump— reconoció que la decisión de despedir trabajadores del área nuclear fue "un error público". Aun así, la hoja de ruta de la administración sigue en pie: “reducir el tamaño del gobierno para adecuarlo al siglo XXI”.

¿Quién decide qué es esencial?

Buena parte de la controversia se centra en la categorización de los empleados "esenciales" versus "no esenciales". Según documentos internos, muchas responsabilidades críticas como la modernización de la red eléctrica estadounidense, la limpieza de sitios radioactivos, el funcionamiento de represas hidroeléctricas y el manejo climático fueron asignadas a áreas con personal considerado prescindible.

Esto preocupó profundamente a legisladores como la senadora Patty Murray y la representante Marcy Kaptur, quienes advirtieron:

“Recortar al personal responsable de mantener un arsenal nuclear seguro y confiable pone en riesgo no solo la seguridad nacional, sino también la estabilidad global.”

Una batalla judicial en expansión

El desmantelamiento de otras entidades similares a la IAF, como la Fundación Africana de Desarrollo (USADF), también llevó a demandas judiciales. Su director, Ward Brehm, intentó revertir legalmente su despido. No tuvo la misma suerte que Aviel; un juez federal se negó a reinstalarlo mientras el caso prosigue.

El patrón parece claro: una estrategia sistemática para reducir instituciones independientes, reemplazando liderazgos con funcionarios alineados al ejecutivo. El argumento: lograr una administración más eficiente. Pero ¿a costa de qué?

Un precedente peligroso para la diplomacia y la cooperación

La cancelación abrupta de la IAF y otras agencias independientes de cooperación también envía un mensaje desconcertante a los aliados de EE. UU. en Latinoamérica y el Caribe. Durante más de cinco décadas, estas agencias representaron una herramienta de "poder blando" (soft power) que buscaba contrarrestar influencias hostiles en la región, particularmente de países como China y Rusia.

Expertos advierten que la desaparición de la IAF debilita el liderazgo moral y estratégico de Estados Unidos en la región. Cede terreno a potencias que han incrementado su inversión en proyectos de infraestructura y redes de comercio digital.

Como señaló la exasesora del Departamento de Estado, Karen Finney:

“El precio de abandonar compromisos sociales y comunitarios a nivel internacional será más alto que cualquier ahorro fiscal que genere.”

La paradoja de la eficiencia gubernamental

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, promovido como brazo operativo de esta cruzada conservadora, ha sido objeto de múltiples críticas, incluso desde círculos republicanos. Al frente de su misión de reducir burocracia, sus intervenciones mal coordinadas —como el despido erróneo de técnicos de seguridad nuclear— han creado caos y preocupación dentro de la misma administración.

Además, el énfasis en recortes rápidos, sin considerar impactos estratégicos, terminó contradiciendo la promesa de mejorar la gestión pública. Numerosos analistas advierten que, sin planes alternativos, la eliminación masiva de personal calificado generará costos a largo plazo más altos que los ahorros inmediatos.

En términos políticos, se evidencia un intento por centralizar poderes de decisión y eliminar contrapesos institucionales independientes. Así, el debate sobre administración eficiente deriva en un conflicto constitucional sobre los límites del poder ejecutivo.

¿Hacia dónde vamos?

Las decisiones tomadas durante la presidencia de Trump, revividas en medidas recientes, reflejan una visión profundamente transformadora de la maquinaria estatal. Sin embargo, los fallos judiciales como el de la jueza AliKhan marcan límites: el Congreso sigue siendo el órgano rector de las agencias creadas mediante leyes federales. Dicho de otra forma: ni siquiera el presidente tiene carta blanca para demoler instituciones establecidas sin pasar por los canales constitucionales.

En medio de estos conflictos legales, los despidos acelerados y el desmantelamiento de programas sociales crean un clima de gran incertidumbre. El proceso continúa, pero las consecuencias ya se sienten dentro y fuera del país.

Lo que está en juego va más allá de los presupuestos: es el papel de Estados Unidos en el mundo, su credibilidad, sus compromisos con valores democráticos y su propia seguridad interna.