Mississippi contra la diversidad: el nuevo frente cultural que sacude a Estados Unidos

En un movimiento que ha provocado indignación, preocupación y una nueva oleada de debates a nivel nacional, el estado de Mississippi ha aprobado una ley para prohibir los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en todo su sistema de educación pública. Este cambio legislativo, que sigue una tendencia impulsada por varios estados controlados por el Partido Republicano, reabre debates cruciales sobre el sentido y el propósito de las políticas de inclusión en las instituciones públicas de un país cuya historia y presente aún están marcados por tensiones raciales y sociales.

¿Qué es DEI y por qué es importante?

Los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión nacieron como intentos institucionales de corregir inequidades persistentes y garantizar que personas de diferentes orígenes, razas, géneros, orientaciones sexuales y situaciones socioeconómicas tengan acceso justo a oportunidades educativas, laborales y sociales.

En contextos universitarios, estos esfuerzos pueden tomar la forma de:

• Becas para estudiantes de grupos marginados
• Centros de investigación enfocados en justicia social
• Entrenamientos de sensibilidad cultural para empleados
• Oficinas de asesoramiento para temas de identidad de género o discriminación racial

Sin embargo, estos programas han sido blanco de críticas por parte de sectores conservadores que los tildan de doctrina ideológica de izquierda y acusan una supuesta división social a través de la categorización de víctimas y opresores.

Mississippi y su controvertida decisión

El 26 de marzo de 2024, tras dos días de tensos debates en el Congreso estatal dominado por republicanos, ambas cámaras votaron a favor de una legislación que prohíbe el uso de fondos públicos para programas de DEI, y que impone sanciones a las instituciones educativas que no cumplan con esta directriz.

La ley gozó de apoyo mayoritario entre los republicanos. Uno de los patrocinadores, el senador estatal Tyler McCaughn, argumentó que el objetivo es “elevar el mérito en la educación y eliminar ideas divisivas”. Sin embargo, estos conceptos son vagamente definidos en el texto legislativo, lo que ha generado alarma entre académicos y abogados defensores de derechos civiles.

Un retroceso simbólico con fuerte carga histórica

Mississippi no es cualquier estado en esta discusión. Es un territorio cuyo pasado está profundamente marcado por la segregación, la esclavitud, el racismo estructural y una resistencia feroz a los derechos civiles. Fue aquí donde Medgar Evers fue asesinado y donde se libraron algunas de las más intensas batallas por la escolarización de niños afroamericanos.

“Sabemos de dónde venimos. No podemos dar estos pasos hacia atrás”, manifestó el representante demócrata Bryant Clark, hijo del primer legislador afroamericano elegido tras la Reconstrucción. Su discurso resonó con fuerza en la cámara baja: “Mississippi necesita ser parte de la solución, no perpetuar el problema”.

El DEI como campo de batalla político

Desde la administración Trump, los programas DEI se han convertido en blanco preferido del ala más conservadora del Partido Republicano. Trump, en su actual carrera presidencial para 2024, ha prometido erradicar todo rastro de esta política del aparato federal.

Mississippi forma parte de un grupo de estados republicanos que en 2024 han empujado leyes similares. Florida, bajo la administración de Ron DeSantis, fue pionera en recortar el financiamiento a programas universitarios que promueven diversidad étnica o sexual. Texas, Oklahoma y Tennessee han seguido ese camino.

En algunas instancias, funcionarios como el Auditor del Estado, Shad White, han convertido su oposición al DEI en una estrategia de campaña. White ha utilizado frases como “DEI Delbert” para atacar al vicegobernador Delbert Hosemann, sugiriendo que ha sido blando en el tema.

Una ley con dientes legales

La nueva legislación no se limita a una mera declaración simbólica; establece mecanismos de acción concretos. Estudiantes, padres, docentes y contratistas podrán demandar a instituciones educativas que consideren que han violado la ley.

Antes de recurrir a los tribunales, deberán agotar un proceso de revisión administrativa interna, con un plazo de 25 días para que la escuela o universidad resuelva el supuesto incumplimiento. Sólo entonces podrán presentar una demanda en una corte de jurisdicción civil (chancery court). En paralelo, se contempla que la oficina del fiscal general pueda intervenir en nombre del denunciante.

Si una institución es hallada culpable de infringir la ley, el estado podrá retenerle fondos públicos, poniendo en riesgo la estabilidad económica de muchas universidades públicas ya golpeadas por recortes presupuestarios.

El debate universitario: libertad académica vs. imposición ideológica

Uno de los argumentos centrales de los críticos de la ley es que esta medida representa un ataque a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. Al definir como “divisivo” el concepto de identidad de género como una construcción ajena al sexo biológico, la ley restringe el alcance de disciplinas científicas como la sociología, la psicología, e incluso la medicina.

El presidente de la Universidad Estatal de Mississippi expresó en una carta a los legisladores su preocupación de que esta ley pondría en peligro la acreditación de algunas carreras, al imponer límites curriculares basados en intereses políticos.

“No podemos ser una universidad de primer nivel si nos prohíben formar a nuestros estudiantes en temas de equidad e inclusión, que además son exigencias del mundo laboral global”, escribió.

Peligros constitucionales y posibles demandas

Desde organizaciones de derechos civiles ya se anticipan demandas legales contra la ley. Grupos como la NAACP Legal Defense Fund han señalado que la prohibición podría violar la Primera Enmienda (libertad de expresión e ideas) y la Decimocuarta Enmienda (igualdad ante la ley).

Otros expertos en educación advierten que aplicar esta ley podría generar costos millonarios en juicios, ralentizar los procesos administrativos universitarios y generar un ambiente de autocensura entre los docentes.

¿El principio de una ola más amplia?

De manera preocupante, la ley de Mississippi puede ser solo el inicio de una ola legislativa coordinada en todo Estados Unidos. En lo que va de 2024, al menos 21 estados han introducido proyectos similares para limitar o eliminar departamentos o asignaturas relacionadas con diversidad e inclusión, según recopiló el Chronicle of Higher Education.

Esta escalada amenaza con redefinir el ecosistema educativo estadounidense, convirtiendo universidades en espacios menos seguros para estudiantes racializados, LGBTQ+, con discapacidades o refugiados.

Un espejo para la sociedad estadounidense

El avance de la ley anti-DEI en Mississippi no es una simple disputa legislativa. Es un reflejo doloroso pero necesario de los dilemas no resueltos de Estados Unidos: ¿qué significa la igualdad real en un país donde persisten desequilibrios históricos? ¿Puede lograrse mérito sin equidad? ¿Hasta dónde llega la defensa de la libertad de ideas si limitamos ciertos discursos para “proteger” sensibilidades?

Estados como Mississippi deben lidiar no solo con sus cifras educativas precarias (el estado se encuentra consistentemente en los últimos lugares de rendimiento académico a nivel nacional), sino también con un legado doloroso que no puede sanarse a través del silencio o el retroceso.

Como dijo el senador Rod Hickman durante la sesión final: “Si Mississippi pusiera tanto esfuerzo en solucionar sus verdaderos problemas como en perseguir fantasmas ideológicos, otro sería nuestro destino”.

Este paso puede ser simbólico, pero también puede lastimar realidades tangibles. La eliminación de DEI no borra las desigualdades, solo las invisibiliza. Y si la educación ya no puede ser un lugar para el debate y la inclusión, ¿qué nos queda?