Corea del Sur al borde del caos político: El juicio de Yoon Suk-yeol sacude la democracia

Una democracia bajo presión

El juicio político contra el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha sumido al país en una crisis institucional sin precedentes. Desde su controvertida declaración de ley marcial en diciembre de 2024, el gobierno se ha visto envuelto en tensiones políticas que escalan a diario. Este viernes, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidirá si confirma su destitución o lo restituye en el poder, una resolución que podría desencadenar consecuencias profundas en la política surcoreana.

Yoon, un exfiscal convertido en presidente conservador en mayo de 2022, tomó una decisión drástica cuando, el 3 de diciembre de 2024, decretó la ley marcial por seis horas. Su justificación fue la "necesidad de mantener el orden", pero envió tropas y fuerzas policiales a instituciones clave como la Asamblea Nacional. Esta acción fue percibida por muchos como un intento de golpe institucional, y el Congreso, de mayoría liberal, no tardó en responder con su impeachment, suspendiendo sus poderes y enviando el caso al Tribunal Constitucional.

Las raíces del conflicto

La tensión entre la presidencia y la oposición se enraizó desde los primeros meses del mandato de Yoon. Con un Congreso adverso y una oposición decidida a bloquear su agenda, el presidente encontró pocas vías para implementar sus reformas. Su estilo de confrontación directa y sus decisiones unilaterales solo alimentaron esa división. La destitución de varios altos cargos de su gabinete por parte del Congreso y críticas persistentes a su gestión en temas económicos y de seguridad nacional cimentaron una relación conflictiva.

Sin embargo, el intento de imponer la ley marcial marcó un punto de quiebre. Diversos funcionarios de alto rango, incluyendo miembros militares y de seguridad enviados a la Asamblea Nacional, testificaron que Yoon ordenó personalmente la detención de legisladores opositores y clausura del recinto parlamentario para evitar el voto de censura en su contra. Estos testimonios han sido clave en el juicio político en su contra.

El juicio político: lo que está en juego

Para que el Tribunal Constitucional confirme la destitución de Yoon, se necesitan los votos favorables de al menos seis de los ocho jueces. Si la corte falla en contra de Yoon, el país deberá convocar a elecciones presidenciales en un plazo de dos meses. Si, en cambio, la corte decide devolverle su investidura, Yoon retomará inmediatamente sus funciones.

La sentencia no solo decidirá el futuro del presidente; también puede profundizar la polarización entre conservadores y liberales en Corea del Sur. Ya durante los últimos cuatro meses, millones de ciudadanos han salido a las calles, exigiendo justicia o expresando lealtad al presidente suspendido.

Una sociedad dividida en las calles

Desde diciembre, Seúl ha presenciado uno de los ciclos más largos y enconados de protestas en años recientes. Las imágenes de miles de manifestantes ondeando banderas surcoreanas y estadounidenses, invocando la defensa del presidente, contrastan con las pancartas de "¡Dimisión ya!" y discursos furibundos pidiendo su procesamiento penal.

"Hemos estado exhaustos durante estos meses, pero nuestra rabia contra Yoon Suk-yeol permanece intacta", proclamó la manifestante Kim Mi-ok durante una marcha en abril. Por su parte, simpatizantes de Yoon acusan al Parlamento de haber cometido un "golpe legislativo" contra un presidente legítimamente electo.

El gobierno provisional del Primer Ministro Han Duck-soo, quien actúa como jefe de Estado desde la suspensión de Yoon, ha instado a la serenidad y aceptar el veredicto judicial. No obstante, existen temores fuertes de que la resolución —sea cual sea— pueda provocar violencia civil. Las autoridades desplegaron esta semana miles de policías en torno al Tribunal Constitucional y sellaron las calles con barricadas metálicas.

El papel de las fuerzas armadas y la legalidad del decreto

Pese a la corta duración del estado de ley marcial (apenas seis horas), sus implicaciones legales son inmensas. En muchos sentidos, se trata del primer uso del cuerpo militar en tiempos democráticos para una causa interior y política. Esta decisión hizo recordar los oscuros capítulos de la dictadura militar que gobernó Corea del Sur hasta la década de 1980.

Varios analistas, como la profesora Lee Kyung-mi de la Universidad Nacional de Seúl, consideran que "esta crisis es una prueba histórica de hasta dónde la democracia surcoreana puede tolerar el autoritarismo institucional". La figura de Yoon ha aglutinado críticas tanto internas como externas. Una encuesta realizada en febrero por Gallup Korea indica que el 58% de los ciudadanos apoyaban su destitución, mientras solo un 32% se oponía.

Yoon Suk-yeol: mártir o villano

Yoon ha defendido su decisión con firmeza: afirma que el Congreso, dominado por la oposición liberal, ilegalmente bloqueó su programa de gobierno, y que su intención no fue otra que restablecer el funcionamiento del Estado. Lejos de retractarse, asegura que su acción fue un intento para denunciar la “maldad profundamente arraigada” de los partidos opositores.

Para sus críticos, ese discurso resulta peligroso. Diversos periodistas coreanos han comparado su estilo de liderazgo con el de líderes autoritarios de otras naciones. El editorial de Hankyoreh, uno de los principales diarios de tendencia progresista, tituló recientemente: “Un líder que deseó la fuerza sobre la ley”.

Un veredicto con efecto dominó

Independientemente del fallo del Tribunal, el daño a la estabilidad institucional de Corea del Sur es evidente. La confianza ciudadana en las instituciones ha sido erosionada, y el tejido democrático enfrenta un desafío sin parangón en décadas. Los sectores empresariales y diplomáticos también se encuentran alerta: la Bolsa de Seúl ha mostrado alta volatilidad desde diciembre, y varios informes de embajadas alertan de posibles interrupciones diplomáticas si la violencia llega a niveles insostenibles.

El futuro inmediato podría incluir un nuevo proceso electoral, una coalición parlamentaria sin precedentes o incluso reformas constitucionales impulsadas por la crisis. Todo está sobre la mesa.

¿Hacia dónde se dirige Corea del Sur?

Sea por confirmación o absolución, el caso de Yoon dejará cicatrices profundas. Incluso si Yoon es restituido, su poder quedará muy debilitado, y la sombra de la legalidad rondará el resto de su mandato. Si es removido, el país enfrentará un proceso de elecciones anticipadas en un ambiente de fractura social sin parangón.

La lección más clara, hasta ahora, es que Corea del Sur no es inmune a las crisis democráticas. Más de tres décadas después de su retorno al gobierno civil, la joven democracia asiática debe ahora decidir si su entramado institucional está preparado para resistir un choque de poderes de esta amplitud sin derrumbarse en el autoritarismo o el caos.

Mientras tanto, todo el país contendrá el aliento a las 11 a.m. del viernes, hora en que se conocerá el veredicto que podría definir no solo a un presidente, sino a toda una nación.